Por qué los usuarios de redes sociales que compartieron imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla son cómplices de un delito

Cuando comenzó a circular la información acerca del feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, los usuarios, mientras deslizaban el dedo por la pantalla de sus dispositivos móviles, se encontraron con las brutales fotografías del caso en las que aparecía el cuerpo desollado de la joven. Aunque muchos se quejaron por su presencia en el entorno digital, éstas continuaron difundiéndose y quienes las compartieron se convirtieron en cómplices de un delito.

En algunos casos, los usuarios denunciaron las imágenes, pero la respuesta de estas plataformas fue laxa: “Gracias por tu reporte. Limitamos la visibilidad de este contenido para que sólo puedan verlo las personas mayores de 18 años. Es posible que se muestre una pantalla de advertencia para informar sobre el contenido de la foto antes de verla”, contestó Facebook.

No obstante, al regresar a esa fotografía, quien la buscaba se encontraba con una cortinilla para evitar acceder al contenido gráfico, pero ésta era fácilmente eludible aun cuando el usuario fuese menor de edad, por lo que incluso niños pudieron quedar expuestos a esta escena.

Aunque en sus políticas, las redes sociales argumentan que permitir la visualización de este tipo de publicaciones se hace con el fin de generar conciencia en los usuarios, el colectivo de expertas en materia legal, Abogadas con Glitter, asegura en entrevista con Infobae México que esto no se cumple y, al contrario, “conlleva una afectación a la dignidad de la víctima y de sus seres queridos”.

Además, esta estrategia también resulta poco efectiva para el objetivo que se plantea, pues en lugar de generar reflexiones en torno a la violencia extrema contra las mujeres, “propicia su normalización y el lucro a través de imágenes poco escrupulosas”.

El sistema de reacción de las redes sociales para bloquear el contenido se basa en las denuncias por parte de las personas, es por ello que el colectivo lo considera “muy básico”. Si bien cuentan con normas comunitarias que permiten evaluar publicaciones y perfiles, cuando se trata de casos virales como el de Ingrid Escamilla, el equipo de las redes “se ve rebasado en sus intentos por detener la difusión, faltando así a sus propias normas”.

Luis Roberto Castrillón, periodista y especialista en el análisis de contenido falso y engañoso en los medios, considera que las empresas detrás de las redes sociales no han respetado el principio de rendición de cuentas, el cual consiste en explicar por qué cierto contenido gráfico sobrevive en las plataformas digitales y por qué otro no. “La red debe asumir esa responsabilidad”, apunta en una charla telefónica con Infobae México.

En este sentido, Abogadas con Glitter proponen la creación de mecánicas basadas en los lineamientos de tratados internacionales y leyes nacionales, con las cuales se permita fincar responsabilidades civiles o penales a las plataformas por la falta de observancia a los principios de una adecuada gestión y administración de los contenidos en los espacios digitales.

En México, reproducir estas imágenes incluso a través de internet, representa una violación a diversas leyes como la Ley General de Víctimas, la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o la de Transparencia y Protección de Datos Personales, pues afecta los derechos de la persona, aun cuando haya fallecido, así como el de las víctimas indirectas, es decir, su familia.

Desde la perspectiva del colectivo de especialistas legales, las empresas que ponen en funcionamiento a las redes sociales tienen la obligación de observar las leyes del país en el que se establecen para mejorar sus marcos regulatorios en relación al contenido gráfico y así permitir su pronta detección y erradicación.

Sin embargo, también son conscientes de la dificultad que esta tarea plantea ante el universo de información que se transmite en la red: “Hay que reconocer que observar y regular la totalidad del flujo del contenido que se vierte en las diversas redes sociales es imposible, pues el volumen de los datos compartidos en internet sobrepasa por mucho los mecanismos hasta ahora implementados para el control de su contenido”.

Responsabilidad compartida

La responsabilidad respecto a este tema no sólo compete a quienes se encargan de administrar las redes sociales, sino también a sus usuarios, quienes deben “aprender que este tipo de imágenes agreden a los allegados de la víctima y reducen su existencia e importancia como ser humano a un mero objeto de morbo”.

El papel de las personas es relevante, porque, explica Castrillón, “en la medida en que compartimos un contenido, le estamos diciendo al algoritmo (con el cual funcionan las redes) que eso es interesante y entonces le da mucho más presencia y posibilidades de que otros usuarios lo puedan ver”.

Las autoridades capitalinas declararon que los primeros responsables son los elementos de la corporaciones policíacas y peritos que tuvieron acceso a la escena del crimen, tomaron las fotografías y se las filtraron a los medios de comunicación. Sin embargo, al compartirlas a través del mundo digital, "cada uno de los usuarios se está volviendo cómplice de ese delito y esa vulneración a una víctima”.

Ante esto, la empatía debe convertirse en un elemento fundamental para evitar compartir fotografías de esta naturaleza. Algunas recomendaciones que el colectivo propone en torno a este tema son simples, pero al mismo tiempo contundentes: no hacer chistes o burlas; no insultar o agredir a los involucrados; y evitar realizar comentarios con los que se intente justificar al presunto feminicida.

Si bien existe gente que podría argumentar que ese tipo de disposiciones atentarían en contra de la libertad de expresión, Luis Roberto Castrillón, expuso por medio de su cuenta de Twitter que esto no puede ser así, pues expresarse de manera libre es un derecho humano limitado, no uno absoluto y, por lo tanto, no puede estar por encima de otros.

“El Artículo 6 de la Constitución Mexicana hay que leerlo completo, ya que sí señala que nadie puede vulnerar las ideas y derecho a informar de otra persona, pero también tiene otro párrafo en donde se especifica que esto no aplica cuando se vulnera otro derecho o los derechos de terceros”, aclara vía telefónica.

En el caso de las redes sociales como Facebook, explicó que éstas pueden eliminar cierto contenido sin importar las posturas de los usuarios, pues lo hacen bajo sus propios criterios, pero estos no son claros para los usuarios, lo cual es un elemento criticable. Ejemplo de ello es que fotografías de mujeres con los senos descubiertos son borradas, mientras las imágenes en torno a este caso se mantuvieron en la red.

Otro señalamiento que refiere el especialista es que las plataformas digitales operan dentro de países con marcos jurídicos específicos. Se trata de un espacio digital en donde convergen sociedad y legislaciones, por lo tanto, su naturaleza virtual no lo exime de respetar las leyes de cada territorio.

Las alternativas que propusieron los usuarios

A raíz de que se dieran a conocer las imágenes en donde se mostraba el cuerpo de Ingrid Escamilla Vargas, las reacciones por parte de la gente no se hicieron esperar. “Ninguna mujer, ni ninguna persona, se merece que además de ser asesinada, la exhiban de una manera tan detestable en las portadas de los periódicos”, dijo Sandra García, amiga de Ingrid en una entrevista para el portal Animal Político.

Por esta molestia, en la mismas redes sociales en donde se publicaron las primeras imágenes, los usuarios han comenzado a postear fotografías que consideran bellas acompañadas por el nombre de Ingrid con el fin de que quien busque las escenas sobre el feminicidio se encuentre con todo, menos con eso.

“Ingrid Escamilla Vargas. Te regalo estas fotos de un lugar súper tranquilo y lleno de paz, porque es lo que todas las personas merecemos, un mundo así, tranquilo y lleno de paz”, señaló una persona en Twitter con el hashtag #IngridEscamillaChallenge. Otros usuarios hicieron sus contribuciones “por respeto a su alma, su cuerpo y su esencia” y para “que el respeto y la sororidad le ganen la morbo”.

La periodista y activista Lydia Cacho también se sumó a esta iniciativa con un mensaje de solidaridad: “Querida Ingrid Escamilla. ‘Quisiera tener los brazos del tamaño del universo para proteger a mis hermanas, tus hijas, mis compañeras. Para que nadie muera en nombre de la rabia del patriarcado que viste de amante, de poeta, de gobernante que nos niega y expulsa de la vida’”.

Esta iniciativa está orientada hacia provocar que Ingrid no fuera recordada de la manera en que se mostraba en las fotos, las cuales también revictimizan a su familia, pues “se le produce un sufrimiento añadido al revivir la experiencia traumática sufrida ya sea por parte de instituciones, medios o redes sociales”, señala el grupo Abogadas con Glitter.

Otro punto que clarifica el porqué no se deben reproducir estas escenas, así como los videos de detenciones es que, al ser parte de una carpeta de investigación abierta, podría invalidarlas como pruebas, lo cual facilitaría, según el colectivo de expertas jurídicas, que la persona detenida por el presunto feminicidio "obtenga su libertad gracias a tecnicismos legales”.

Esto sucedió en el caso del erróneamente llamado “Monstruo de Ecatepec”, quien promovió una impugnación en contra de la evidencia usada para ser vinculado a proceso por el delito de feminicidio, pues ésta había sido difundida en redes sociales, lo cual violentaba su derecho a la presunción de inocencia.

Además de que compartir estas imágenes implica un asunto ético, Roberto Castrillón también considera que se trata de un tema de alfabetización mediática, en el cual se debe trabajar para mejorar las habilidades de los usuarios leyendo y consumiendo los contenidos sean informativos o de entretenimiento, esto con el fin de no dañar a otras personas a partir de lo que se comparte y así poder construir una ciudadanía digital.

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