Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, entregó este lunes al presidente López Obrador un cheque por 2,000 millones de pesos para el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (IDPR).
"Los bienes de la nación han sido saqueados. Por eso se debe combatir. Por eso hemos iniciado una serie de acciones penales para recuperar los bienes de la nación. Y hoy podemos anunciar que estamos entregando un cheque de 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”, aseguró el fiscal el día de la entrega.
López Obrador expresó que los recursos entregados por la Fiscalía General de la República (FGR), serán destinados a pagar los premios de la rifa del avión presidencial, y afirmó que la recuperación del dinero no solo fue de la delincuencia común, sino también de la “delincuencia de cuello blanco”.
Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que aquel cheque no fue en realidad producto de algún decomiso o aseguramiento judicial, como lo había anuncia el titular de la FGR. Según diversas fuentes, se trata de un dinero recuperado a través de un expediente de corrupción que data desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El caso tiene que ver con una investigación abierta en el Infonavit: en los tiempos del director Alejandro Murat se otorgó a el grupo Telra Realty -de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil- un contrato millonario para administrar las marcas registradas de Infonavit/Hogares, La Casa Infonavit, Tuya Infonavit y también para desarrollar proyectos para la remodelación y rehabilitación de desarrollos urbanos e inmobiliarios abandonados del Infonavit en diferentes estados del país y construidos por grupos inmobiliarios como Urbi, Geo, Homex, etc.
Durante la firma del contrato el 2 de marzo de 2015, estuvieron presentes Luis Videgaray, secretario de Hacienda; Alejandro Murat, director del Infonavit; y Jorge Carlos Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Territorial. Los
Fuentes del primer nivel en el Infonavit aseguraron los hermanos Zaga Tawil eran en realidad los prestanombre de aquel contrato millonario, y que en realidad el principal beneficiario era era el empresario judío Moisés El-Mann, director de Fibra Uno.
Los beneficios del contrato, tanto en la promoción como en la explotación de las marcas registradas del Infonavit, se calculó en más de 10,000 millones de pesos, sin contar las ganancias del contrato previo que habían recibido los hermanos Zaga Tawil para operar el programa de “Movilidad Hipotecaria”, y a través del cual recuperarías 10% del valor de cada vivienda que ayudaran a recuperar.
En mayo de 2015, Alejandro Murat renunció al Infonavit para postularse como gobernador de Oaxaca por el PRI. Su lugar fue tomado por David Penchyna, quien al llegar fue informado de varias irregularidades en los contratos otorgados a los hermanos Zaga Tawil.
Para evitar castigos graves y hasta presuntas violaciones de derechos humanos, David Penchyna le pidió al Consejo de Administración del Infonavit su autorización para dar por terminados los contratos con Telra Realty, lo que le fue concedido el 25 de mayo de 2016.
Asimismo, para compensar a los hermanos Zaga Tawil y a Moisés El-Mann por la terminación anticipada de sus contratos, se les otorgaron 5,000 millones pesos.
Sin embargo, cuando López Obrador asumió la presidencia, en diciembre de 2018, el expediente del pago millonario brincó de inmediato en el Infonavit, cuyo director Carlos Martínez Velázquez avisó de inmediato al mandatario, quien a su vez solicitó a la FGR abrir un expediente sobre el pago de los 5,000 millones.
Todo parece indicar que al enterarse de esto, el grupo de El-Mann pidió de inmediato a sus socios israelíes -los hermanos Zaga Tawil- que se acercaran al fiscal Gertz Manero para negociar algún tipo de acuerdo que los eximiese de la investigación judicial que irremediablemente iba terminar afectando a sus empresas.
Su propuesta fue regresar íntegros los 5,000 millones de pesos que les había pagado el Infonavit.
Los 2,000 millones que fueron entregados al presidente el pasado lunes, al parecer, forman parte de ese acuerdo.
Según AMLO, ese dinero será destinado a hospitales y clínicas que no cuentan con suficientes insumos, sin embargo, aún faltan los 3,000 millones que los empresarios del sector inmobiliario prometieron entregar al fiscal Gertz Manero en los próximos meses.
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