El gobierno de México firmó este viernes un convenio entre dos de sus principales dependencias, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para comenzar a rastrear el dinero pagado en rescates durante secuestros.
La SSPC, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron el convenio de colaboración “con la finalidad de identificar e inhibir los flujos financieros ilícitos que intervienen en los delitos relacionados a la privación ilegal de la libertad”.
“Sabemos que las organizaciones dependen de su sustentabilidad económica. En la medida que se desmantelen, se les debilitará”, señaló Alfonso Durazo, el titular de la Secretaría de Seguridad, durante la firma, donde fungió como testigo. Para el funcionario, la colaboración estrecha entre ambas instituciones posibilitará un combate directo y eficaz a la base económica de estos grupos.
“Nosotros vemos precisamente a estas organizaciones como entes económicos, por lo que estamos combatiéndolas donde más les duele: en sus finanzas, lo que les da capacidad para operar y para corromper”, añadió, por lo que el gobierno mexicano “está determinado a emplear todas sus capacidades para desarticular” sus estructuras económicas.
Por su parte, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que todos los bienes recuperados de los secuestradores serán devueltos a las víctimas y que la información que reciba su dependencia será utilizada para el cumplimiento de órdenes de aprehensión.
Para Nieto, la estrategia de seguridad en el país ha evolucionado precisamente para poder combatir a los grupos delincuenciales por medio del ataque a sus estructuras financieras y el combate a la corrupción, “política, judicial y ministerial”.
Es obligación de todas las instancias del estado coordinarse para combatir el crimen, con independencia de si son del (poder) Ejecutivo, del Judicial u órganos constitucionales autónomos
La Conase, a través de Víctor Hugo Enríquez García, precisó que, para el combate a los delitos relacionados con la privación de la libertad de las personas, una de las herramientas más eficaces es aquella que marca la tradición: seguir la ruta del dinero.
Hemos podido identificar cuentas bancarias y extracciones de dinero de las víctimas gracias al trabajo conjunto con la UIF y la firma de este convenio nos permitirá potenciar los resultados en esta materia
Añadió que a través del trabajo coordinado “se ha logrado establecer un mecanismo efectivo para la obtención de información relacionada con los flujos financieros ilícitos que permiten a las organizaciones criminales seguir con sus actividades”, ya que aunque sus integrantes sean procesados o sentenciados pueden seguir delinquiendo porque no pierden su poder económico.
Y es que, de acuerdo con la información de la asociación civil “Alto al Secuestro”, el delito de secuestro se incrementó en México un 36.5% durante la primera mitad del 2019. Siete de cada 10 raptos, informó, ocurren en Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Morelos y Guerrero. Sólo en la capital mexicana, el delito repuntó un 103.4% en ese período, en comparación con las cifras del 2018.
Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, ocurrieron 2,066 secuestros reportados, que protagonizaron 2,577 víctimas. El promedio de este tipo de delitos durante ese periodo fue de cinco al día.
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