A pesar de su reapertura, el Caso Ayotzinapa sigue “sin muchos avances”: abogado de los padres de los desaparecidos

Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México, aseguró este jueves que, a pesar de la reapertura del caso bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay muchos avances.

“Avances no hay muchos, se puso sobre la mesa lo que tiene que ver con la investigación y la búsqueda (de los restos). Fue una reunión como la anterior, se presentaron algunos avances, nos estaremos reuniendo cada mes, son reuniones más amplias, la próxima será el 5 del marzo”, expresó Rosales.

Este jueves, el letrado y los padres y familiares de los normalistas desaparecidos se reunieron precisamente con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional, donde vive y despacha el mandatario, en el centro de la Ciudad de México. También participó la Comisión de Búsqueda de Presidencia para el caso Ayotzinapa.

Además, Rosales señaló que los restos que se encontraron en una cueva en Cocula, cercano a Iguala y a donde varios indicios apuntan a que al menos una parte de los desaparecidos pasaron por la zona, están contaminados y necesitan seguir un proceso más largo para determinar si efectivamente están relacionados con el caso de los normalistas.

“Todavía no se mandan, están en un proceso, sufrieron una infectación por estar en las cuevas y todo eso y están en eso, no se puede avanzar, primero se tiene que descontaminar”, añadió.

Y es que el gobierno mexicano tenía previsto enviar los restos en enero pasado a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para ver si están relacionados o no con el caso de los 43 estudiantes. Felix Santana, secretario técnico de la Comisión para la Verdad creada a principios de año para acompañar la investigación, había confirmado que eran “restos humanos”, pero no su origen.

Rosales también confirmó que López Obrador reafirmó el compromiso de mantener la investigación y encontrar por fin el paradero de los normalistas. El mandatario mexicano, desde su campaña, había adelantado que iba a reabrir el caso para descubrir que fue lo que realmente pasó en septiembre de 2014.

El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, a manos de fuerzas del Estado que los habrían entregado a un grupo criminal, luego de haber tomado de la terminal de Iguala cinco autobuses para trasladarse a un mitin.

Oficialmente, según la investigación del Gobierno de Peña Nieto, autondenominada “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías del municipio de Iguala que los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.

Sin embargo, el caso no se ha resuelto a pesar de que han pasado más de cinco años del hecho (63 meses hasta diciembre de 2019). La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener declaraciones de los supuestos involucrados.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que echó abajo la versión oficial, denunció el uso de tortura en las investigaciones de este caso.

Apenas en junio pasado, un video con torturas a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa confirmó que efectivamente se violaron derechos humanos en la investigación.

Tras la llegada de López Obrador a la presidencia del país, el gobierno federal se comprometió a reiniciar las indagatorias para dar con el paradero de los jóvenes, además de investigar a los funcionarios que incumplieron en sus responsabilidades en el caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a la nueva investigación, en un acuerdo en el que López Obrador fungió como testigo, para avanzar sobre todo en las líneas que el gobierno anterior dejó pendientes.

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