El principal abogado de la defensa de Rosario Robles, ex titular de dos secretarías de Estado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que se encuentra en prisión preventiva acusada de ejercicio indebido del servicio público, dejó de representarla este miércoles a horas de una nueva audiencia.
Julio Hernández Barros, abogado litigante especialista en Derecho Penal y Derecho Víctimal, había representado a la ex funcionaria desde el inicio del proceso, a mediados de 2019, pero dejó de hacerlo por mutuo acuerdo y por así convenir a sus intereses, le confirmaron a Infobae México fuentes allegadas al caso.
Desde el equipo del litigante creen que se cumplió al 100% con las responsabilidades de un abogado defensor y, a pesar de la separación, aseguraron que había una gran satisfacción por el trabajo realizado, ya que, argumentaron, se cumplieron todas las responsabilidades de su encargo, así como el derecho a la adecuada defensa de Robles.
Y es que, en septiembre pasado, los abogados de la ex presidenta del Partido de la Rvolución Democrática (PRD) anunciaron que dejarían de representarla debido a la falta del pago de sus honorarios, citando la “precaria” situación económica que atraviesa Robles en los últimos meses.
En un comunicado, realizado de manera conjunta entre el Bufete Hernández Barros Abogados y Oléa & Oléa Abogados, adelantaron en aquel momento que la renuncia se haría efectiva “en tanto designe a nuevos defensores particulares”, cumpliendo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley de Amparo.
Allegados al caso le confirmaron a Infobae México que, en cuanto entró un nuevo abogado al equipo de la defensa de la ex política de 63 años, comenzó el proceso de ponerlo al día en el asunto, conseguir todas las pruebas indispensables y terminar con los procesos pendientes, algo que culminó este miércoles y que permitió la salida del letrado, efectiva desde este miércoles.
Será el abogado Epigmenio Mendieta Valdés quien se quede al frente de todas las responsabilidades inherentes al cargo que ahora ostentará en el equipo de la defensa.
La salida de Hernández Barros ocurrió en un día complicado y crucial para Robles Berlanga. Este miércoles, la mujer encara una nueva audiencia en el Reclusorio Sur para analizar nuevas medidas cautelares que la mantiene en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla desde agosto del año pasado.
La resolución a la medida no será revisada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, pues ya no está en el caso debido a la rotación que existe en el sistema judicial. La defensa de la ex funcionaria había argumentado que los conflictos de intereses del anterior juez habían provocado que su cliente se quedara “injustamente” en prisión preventiva.
Esta sería la segunda ocasión que la ex funcionaria solicita la revisión de las medidas cautelares. En diciembre pasado la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola ratificó la decisión de su colega anterior. anterior. Sin embargo, la magistrada del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito, admitió que Delgadillo Padierna se excedió en imponer prisión preventiva.
Antes de la audiencia de este miércoles, Mariana Moguel Robles, hija de la ex funcionaria, dijo a los medios de comunicación que es optimista a que su madre salga de prisión pronto. Además, convocó a una manifestación a la que acudieron un puñado de personas para pedir “justicia” y “libertad” para Robles Berlanga.
La decisión se conocerá más tarde este miércoles, después de que el nuevo juez del caso, Ganther Alejandro Villar Ceballos, escuche los argumentos de la nueva defensa y decida si son lo suficientemente convincentes para permitir que la ex secretaria de Desarrollo Social siga su proceso en libertad. Vale recordar que el argumento principal ocupado por Degadillo Padierna para dictar la prisión preventiva en su momento fue el “riesgo de fuga” de Robles Berlanga.
En caso de ser vinculada a proceso, Robles podría enfrentarlo en libertad, ya que el delito del que se le acusa no es grave. Según una investigación derivada de la publicación periodística “La Estafa Maestra”, la ex funcionaria habría dado contratos irregulares por 7,670,000 de pesos a 186 empresas fantasmas entre el año 2013 y 2014.
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