Generación de empleo, producción de riqueza en el país, mayor recaudación de impuestos, además de más disponibilidad de opciones de fármacos y tratamientos en el sector médico, son algunos de los beneficios que el Consejo Mexicano del Cannabis y Cáñamo cree que llegarían al país si se aprobara la legalización de la marihuana.
Los expertos que conforman el nuevo organismo multidisciplinario consideran necesario impulsar una ley que permita explotar la planta con objetivos económicos, médicos y recreativos.
“Nuestra intención es dejar atrás todos estos mitos, toda esta política prohibicionista y colaborar con las autoridades y los sectores de la economía para incorporar al mercado y al cuadro de salud el cannabis. Debemos de dejar atrás el contexto ilegal y así como otros países en el mundo están reconociendo los beneficios de esta planta y están encontrando nuevas y mejores formas de aprovechamiento México no puede ser la excepción”, dijo Darío Mercado Esquivel, secretario del Consejo.
La organización planea fungir como un enlace entre la sociedad, la ciencia y el gobierno. Consideran necesario asesorar a la administración para dejar de politizar el tema y construir material en los lineamientos de control de calidad, licencias y estudios de diseños, entre otros.
Aunque no han dado una postura oficial pues aún no hay un planteamiento concreto acerca de la legalización de la marihuana, los expertos han logrado identificar algunos puntos que les preocupan y para los que tienen propuestas distintas.
Uno de ellos es la verticalidad. “Las licencias que están en proyecto para otorgarse significaría que quien siembra, cultiva y cosecha, no puede transformar. Y quien transforma no puede comercializar. ¿Qué significa ello? Que en lugar de tener una entidad identificable para que haya toda la evidencia documentada en la trazabilidad y la calidad de un producto final, se debe designar mucho más recurso porque tendrían las autoridades una supervisión dispersa”, dijo Edna Mirna Martínez, presidenta del Consejo.
Y es que para ella el presupuesto del gobierno federal es un inconveniente para llevar a cabo otras acciones necesarias como de vigilancia.
“Estamos viendo fenómenos impresionantemente dolorosos, no se tienen suficientes fármacos para cubrir necesidades oncológicas. Se busca algún producto precalificado por la OMS para que no pasen el proceso tradicional de registro porque hay una amplísima urgencia de ello. Imaginemos todo lo que está pasando a través de la propuesta es que así como se tienen sólidas normas de fármaco vigilancia se tienen que tener una fármaco vigilancia de consumo de auto preescripción”, explicó Edna Mirna Martínez️.
Por lo que la apuesta del Consejo es la educación. Consideran que educar a los consumidores ya sea por vía médica o recreativa, podría ayudar a que se realice un consumo responsable sin más inversión del gobierno.
La legalización del cannabis
Distintas instituciones de la actual administración, como la Cámara Alta y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han impulsado propuestas sobre la legalización de la marihuana en México. El proyecto se discutirá cuando inicie el nuevo periodo de sesiones del senado. Debido a esta proximidad, expertos decidieron conformar el Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, y participar de manera activa en la elaboración y aprobación de la iniciativa.
Uno de los puntos más interesantes del anteproyecto de dictamen modificado para continuar con su análisis y discusión, obtenido por Infobae México, es que uno de los puntos más interesantes del anteproyecto de dictamen modificado para continuar con su análisis y discusión, es la séptima sección en el tercer apartado, dedicado a las “Consideraciones” sobre la ley, donde se abordan los “Aspectos que debe contener la regulación del cannabis”.
Además de "cualquier otra actividad relativa al derecho a la salud relacionado con la regulación del cannabis y sus derivados”, se deberán acatar los siguientes principios, sin perjuicio de otras disposiciones aplicables: trato digno y respetuoso de los derechos humanos, accesibilidad, gratuidad, no discriminación, acceso a la información y protección de datos personales.
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