Salarios, datos biométricos, independencia: los encontronazos del INE con el gobierno de AMLO

La historia de desencuentros entre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) tiene más de 14 años. Y ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el político tabasqueño, los roces siguen subiendo de nivel.

El último de ellos ocurrió este jueves 30 de enero, cuando durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado por una reportera quien le recordó que hace unos días, el consejero electoral Ciro Murayama dijo que gracias a “triquiñuelas”, Morena tiene una sobrerrepresentación en el Congreso (obtuvo alrededor del 40% de la votación) debido a que ha sumado a integrantes de otras bancadas.

Con un semblante de enfado, López Obrador aseguró que “están muy molestos los del INE, están desquiciados”, ya que aseguró, “durante años se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales y ya no es así, ya no les funciona eso. Ya no se va a tolerar el fraude “va a haber democracia entonces ese es todo su enojo”, dijo.

Aseveró que Ciro Murayama, entre otros personajes, firmaron un desplegado “porque yo no odio pero no olvido y estoy esperando a que ofrezcan disculpas en un acto de honestidad en donde (decía que) la elección del 2006 había sido limpia… Ahí están todos firmando”, recordó.

Fue entonces que, dijo, los “intelectuales orgánicos” fueron recompensados al convertirlos en consejeros del IFE (ahora INE).

Ante el hecho de que Morena tiene una mayoría artificial en la Cámara de Diputados sumando legisladores de otros partidos por lo que no es reflejo de lo que los ciudadanos determinaron en las urnas, López Obrador sentenció:

“Yo le recomendaría que se serene, que también que no nos confundan, porque eso es lo que calienta... todo esto puede hacer pensar de que yo estuve ahí, maniobrando para tener una mayoría en el Congreso”.

Rumbo al 2021 y 2024

La creciente disputa entre Murayama y López Obrador tiene como marco la actual renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en consecuencia, las elecciones intermedias de 2021 y la presidencial de 2024.

Y es que la Cámara de Diputados deberá nombrar a los nuevos consejeros que sustituirán a Benito Nacif, Pamela San Martín, Marco Antonio Baños y Enrique Andrade, quienes concluyen sus cargos. Los nuevos integrantes del INE estarán en sus cargos hasta 2029.

En días pasados, Ciro Murayama advirtió ante diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que en el proceso de renovación del INE, el instituto está en riesgo de perder su autonomía, debido a las políticas del actual gobierno y a que los partidos políticos nombren consejeros afines.

Afirmó que colocar personajes afines al partido en el poder sería un contrasentido, pues un gobierno democrático requiere certeza, credibilidad y legitimidad en las elecciones.

“Las reglas que permitieron que a Morena llegar al poder, son las mismas reglas que deberían estar operando ahora que es gobierno, lo que se le exigió a gobiernos del PAN y del PRI es lo que se les debe pedir a los gobiernos de Morena, no injerencia, permitir que siga existiendo en México una autoridad electoral imparcial, autónoma”, aseguró Murayama.

El 2021 será determinante para el actual gobierno ya que habrá elecciones en once estados del país. En nueve se elegirán gubernaturas (Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas), además de la integración de la Cámara de Diputados y se definirán las piezas que definirán la sucesión presidencial en el 2024.

Es por eso que para López Obrador y para Morena (que actualmente se encuentra en una lucha intestina por definir a su nuevo presidente nacional) colocar a sus piezas dentro de los órganos electorales será determinante con miras a los próximos comicios.

Sin embargo, esto coloca al Instituto en un riesgo de perder su autonomía, debido a que quedaría totalmente partirizado.

La pelea por los datos biométricos de los mexicanos

La semana pasada, la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó al INE la información de los datos biométricos de los mexicanos (la huella dactilar, el rostro, el iris, la retina y la geometría de la mano inscritos en el padrón electoral), con la finalidad de crear una cédula de identidad.

Se planea que este registro sea digital y la Segob requeriría del trabajo del INE, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Pero el Instituto Nacional Electoral rechazó la entrega de la información. El consejero electoral, Ciro Murayama, explicó que no pueden proporcionar los datos biométricos de los mexicanos porque se necesitaría la autorización expresa de cada uno de los que están registrados en el padrón electoral.

Sin embargo, la Segob no dejó de insistir en su petición (la cual hizo de manera formal), por lo que el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que no podían entregar los datos personales de los ciudadanos, pues están imposibilitados por leyes como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El conflicto escaló al punto de que el presidente López Obrador pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no insistir con el tema.

Aunque la titular de la Segob dijo que acataría la orden, pero advirtió que buscará a otras instituciones que sí se la quieran entregar, pues la Segob tiene la facultad constitucional de otorgar este documento de identificación; algo para lo que el INE está imposibilitado.

Pese a que el gobierno federal asegura que requiere la información para crear una nueva cédula de identificación, no ha dado más especificaciones, lo que da lugar a muchas dudas de qué podría hacerse con esa información.

La intención de obtener los datos biométricos de más de 90 millones de mexicanos y mexicanas prendió las alertas de especialistas en el tema.

De acuerdo con Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), le aseguró a Reporte Índigo que la construcción de una base de datos centralizada con la información biométrica de toda la población mexicana, conlleva una serie de riesgos que no son aceptables y preocupan.

“Desde nuestro punto de vista, Segob está omitiendo ciertos riesgos y los altos costos que implicaría el mantenimiento de una base de datos de dicha naturaleza, además, no está observando la posible vulneración que puede sufrir esa base de datos, no es tan fácil decidir que haya una nueva forma de identificación, es decir, cuando quieres cambiar la contraseña de tu correo lo haces, pero no puedes renovar datos como tu huella digital si el sistema llega a tener algún problema” explica.

El intento de recabar los datos no es nuevo. A finales del gobierno de Felipe Calderón, se recabaron las 10 huellas dactilares, imagen del iris y fotografías del rostro de 6.8 millones de niños para elaborar 3.5 millones de cédulas (credenciales con fotografía, nombre y CURP del menor); pero ahora, el gobierno quiere los datos de todos los mexicanos.

La lucha para evitar ganar menos que el presidente y contra el recorte al presupuesto del INE

Desde su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador advirtió que una vez que llegara al gobierno, ningún servidor público podría ganar más que el mandatario.

Después de que López Obrador ganara la presidencia de la República, llovieron los amparos de los servidores públicos para evitar que sus sueldos fueran recortados. Uno de ellos fue el del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

En el 2018, Lorenzo Córdova ganó —incluyendo sueldo, compensaciones, fin de año, prima vacacional— 3.7 millones de pesos brutos. En 2019, recibió alrededor de 3 millones. Esta reducción fue lo que motivó al presidente consejero a interponer un amparo, el cual ganó.

Pero además, el INE no quiere que a ningún funcionario de su instituto se le disminuya el sueldo, ni mucho menos su presupuesto.

Es por eso que el pasado 23 de enero, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año, que asciende a 1,071 millones de pesos, al argumentar que debe preparar las elecciones intermedias del 2021 .

El INE es el cuarto órgano autónomo que ha pedido que no aplique para sus funcionarios el tope salarial los 1.7 millones de pesos anuales que percibe el presidente López Obrador.

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