El complejo panorama para la prensa en México: asesinatos, sanciones legales y el asedio de López Obrador

Desde hace años, la prensa mexicana vive tiempos difíciles: acoso, amenazas contra la libertad de expresión y asesinatos. Pero en tiempos recientes, a estos amagos se ha sumado la embestida del gobierno federal e incluso, de ex funcionarios y ex gobernadores que argumentan “haber sido difamados” por la pluma de un periodista.

El caso más reciente es el del politólogo, académico y columnista mexicano, Sergio Aguayo, quien desde 2016 fue demandado por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por escribir en su espacio en el periódico Reforma, que el político priista era corrupto.

“Moreira es un político que desprende (un) hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, se leía en la columna “Hay que esperar”, escribió en el diario el 20 de enero de 2016.

De acuerdo con Aguayo, la demanda fue realizada para intimidarlo y desgastarlo, debido a que el periodista dirigía una investigación sobre la masacre de Allende, una localidad de Coahuila, ocurrida en 2011, durante el gobierno de Moreira, donde el cártel de Los Zetas desapareció a un número indeterminado de personas.

Luego de casi cuatro años de mantener una feroz disputa en los tribunales, el pasado 28 de enero, el Juez 16 de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Francisco Castillo González, autorizó embargar los bienes de Aguayo, mientras que la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx), Delia Rosey Puebla, fijó el monto de de 450,000 pesos como garantía para suspender una condena por la suma de 10 millones de pesos, es decir, el nueve por ciento, para que no se le embargaran sus bienes.

El politólogo tuvo que depositar la cantidad para que la amenaza de embargo quedara conjurada. El hecho causó un sinnúmero de reacciones de periodistas quienes se solidarizaron con Aguayo.

El caso llegó hasta la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del miércoles 29 de enero cuando la también politóloga y periodista Denisse Dresser cuestionó al mandatario por el caso de Aguayo y si se comprometía a no aceptar leyes que criminalicen a los periodistas, luego de que en los días anteriores se filtraran documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), que entre otras cosas, castiga con cárcel a quien “difame” a otra persona, la comunicadora declaró que ese tipo de acciones vulneran la libertad de expresión.

Después de varios minutos de discusión entre Dresser y López Obrador, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Fue tanta la presión que se hizo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso, ante la declaración de una posible red de protección a Moreira en los tribunales de la Ciudad de México.

Fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena quien solicitó a la Primera Sala de la Corte someter a análisis la posibilidad de atraer el caso, sesión que se llevaría a puerta cerrada el miércoles 29 de enero y en el que Ortiz Mena deberá presentar un proyecto donde exponga las razones de importancia y trascendencia que motivarían que la SCJN resolviera el asunto.

Aunque no es la primera ocasión que un periodista mexicano es demandado por algún funcionario, el caso de Aguayo sienta un precedente toda vez que será revisado por el máximo tribunal del país.

Los ataques diarios contra la prensa desde la silla presidencial

Un día sí y al otro también, el presidente Andrés Manuel López Obrador no pierde la oportunidad para atacar a los periodistas mexicanos e incluso extranjeros, en especial a los que ha denominado “la prensa fifí”, es decir, a aquellos que lo critican.

Todos los días, López Obrador ataca a estos medios a los que también llama “conservadores” y los acusa de mentir con la finalidad de atacarlo y denostar al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

La confrontación entre López Obrador y Denisse Dresser ha sido la más reciente, pero lo mismo ha pasado con el periodista mexicano Jorge Ramos (quien ha enfrentado en varias ocasiones al mandatario) y algunos periodistas más, durante la tradicional conferencia de prensa, como la ocurrida el 31 de octubre de 2019, cuando los reporteros le hicieron duros cuestionamientos sobre las diversas fallas en el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pero los ataques a la prensa y a sus representantes ha ido más allá de las “mañaneras”. Y es que azuzados por el presidente, sus seguidores (conocidos en México como “chairos”) han agredido verbal y físicamente a los periodistas que realizan alguna cobertura noticiosa, esté relacionada o no con el mandatario.

El ambiente contra la prensa nacional e internacional que se atreve a criticar al presidente mexicano, se puede medir fácilmente a través de las redes sociales. Los ataques son la constante, desde palabras altisonantes hasta amenazas.

Es justo en lo que López Obrador llama “las benditas redes sociales” en donde se puede observar la división de los ciudadanos: los que defienden al mandatario y quienes lo critican. Todo es resultado del clima de enrarecimiento, de esa división entre “fifís” y “chairos” que ha provocado el mismo presidente.

México, uno de los países en donde más matan periodistas

De el año 2000 a la fecha, la Organización Internacional Artículo 19 ha documentado la muerte de 131 periodistas en México (hasta el 24 de agosto de 2019) por lo que el país se sitúa como uno de los peores países del mundo para ejercer el oficio periodístico.

De acuerdo con el conteo de la misma prensa mexicana, durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador al menos 11 comunicadores fueron asesinados. De éstos, diez se cometieron en el 2019. Y existen pocas esperanzas de que 2020 sea mejor.

El pasado 8 de enero, el periodista y locutor michoacano, Fidel Ávila Gómez, fue encontrado muerto en una brecha del municipio de San Lucas, cerca de los límites con el estado de Guerrero. Ávila había sido reportado como desaparecido el pasado 29 de noviembre, cuando partió de su domicilio al municipio de Altamirano, Guerrero. Se convirtió en el primer periodista muerto de este año.

Según Artículo 19, las razones de los asesinatos son variadas: sicarios de cárteles molestos por la cobertura agresiva, funcionarios públicos corruptos que apuntan a los críticos para silenciarlos, violencia al azar e incluso periodistas que cruzan los mundos criminales que cubren.

Pero según datos oficiales, los servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que las células criminales, los delincuentes menores o cualquier otra persona, poniendo en peligro las investigaciones.

En los últimos seis años se registraron 800 casos graves de acoso, agresión u homicidio cometidos contra periodistas; sin embargo, en sólo dos de ellos se ha enjuiciado a los sospechosos.

Por su parte, el gobierno de México se ha opuesto a las críticas sobre la situación actual de los comunicadores, argumentando que ha aprobado leyes para proteger a los profesionales de la información, dándoles botones de pánico, equipos de vigilancia e incluso guardias armados si la amenaza es lo suficientemente grave.

Después de casi una década de reciente violencia contra los medios, ya sea por parte de funcionarios locales o del crimen organizado, la prensa se ha adaptado a reducir severamente lo que informa.

Aunque López Obrador asumió la presidencia de la República prometiendo abordar la violencia contra los periodistas, esto no ha ocurrido. A pesar de que en México existe el llamado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no ha servido de nada.

Existen casos emblemáticos de periodistas asesinados como el de Javier Valdés y el de Miroslava Breach. Pero también existen muchos otros comunicadores que han sufrido agresiones brutales por parte de funcionarios como el Lidya Cacho o el de Anabel Hernández, quien tuvo que abandonar México debido a la persecución del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien hoy se encuentra preso en los Estados Unidos, acusado de cargos relacionados con el narcotráfico y de haber recibido millones de dólares como sobornos para brindarle protección al Cártel de Sinaloa.

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