Cinco razones por las que la rifa del avión presidencial es legalmente inviable

1. La ley de la Lotería Nacional es para premios en “efectivo”

Diversos actores de partidos opositores han argumentado este primer impedimento que vuelve legalmente inviable la rifa del avión presidencial, ya que la Lotería Nacional solo está facultada para sorteos cuyo premio sea dinero en efectivo, y no bienes ni objetos diversos.

Entre ellos, la diputada local panista Alejandra Gutiérrez Campos, calificó la pretensión anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una “ocurrencia” a la vez de ser un “distractor” respecto de temas sensibles de la agenda nacional como la inseguridad o la adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar.

“Es lamentable que ni siquiera tomen en cuenta la parte normativa: la Lotería Nacional únicamente puede sortear dinero”, recalcó Gutiérrez Campos.

¿Qué dice la Ley?

La Ley orgánica de la Lotería Nacional para la asistencia publica en su artículo 2 refiere: "El objeto del organismo es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo.

El diputado Jorge Gaviño, quien se desempeñó por cinco años como Subdirector de General de comercialización y servicios de la Lotería Nacional hizo sugerencias para volver viable la opción de la rifa.

“No sé con qué fines se esté planeando la rifa del avión. Lo que sí puedo asegurarle es que, así como está planteado, la idea es inviable”, dijo Gaviño.

Por lo que le escribió en una carta pública que mostró en su cuenta de Twitter:

1. Por lo que hace a lo jurídico, no es necesario hacer hacer ninguna reforma normativa, ya que la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, fue abrogada.

Sin embargo la solución es muy sencilla refirió, basta con permitir un decreto presidencial instruyendo a las autoridades de la Lotería Nacional y Pronósticos, el sorteo de un bien valuado en 130 millones de dólares y la emisión de 6 millones de boletos con un precio unitario de 500 pesos (señalando con presición los objetivos y metas a alcanzar en dicho acto).

Una vez definidas las bases del sorteo, la mecánica y expendio del billete debe haber un mínimo de seis meses de promoción y venta de boletos.

Sin embargo, López Obrador ha señalado que la rifa se realizaría el 5 de mayo o antes si ya están vendidos todos los boletos, lo que serían cinco meses.

"Solamente realizando las acciones anteriores, puede empezar a considerarse la posibilidad de que un sorteo que sería histórico, no termine en una simple ocurrencia", escribió Gaviño.

2. Hay luz verde en la Cámara de Diputados pero no en la de Senadores

Como consecuencia del punto anterior, la propuesta de que puedan ser rifados los bienes y no sólo efectivo ya fue emitida y aceptada en la Cámara de Diputados pero no en la de Senadores.

“Como diputada federal presenté una iniciativa, que fue aprobada casi al final de la Legislatura, donde solicitaba que la Lotería Nacional pudiera sortear objetos, porque la Lotería Nacional opera en números rojos y era una forma de obtener recursos”, acusó la ahora diputada local panista Alejandra Gutiérrez Campos.

Dijo que en la propuesta se pretendía “que se transparentara y publicaran quienes son los deudores de la Lotería, y eso no lo aprobaron, no quisieron transparentar la información”.

“Sí se autorizó en la Cámara de Diputados que pudieran rifar objetos, pero la iniciativa no ha sido aprobada en el Senado, entonces no sé cómo le va a hacer la Lotería (rifar el avión presidencial) si legalmente no es viable”, concluyó, sin embargo es un trámite fácil que puede ser expedito para la viabilidad.

3. No se contemplaron los costos de operación

Asimismo Jorge Gaviño, quien supervisó la operación de comercialización y servicios en la Lotería Nacional, también señaló que en una propuesta de este tipo, y de cualquiera: “Se debe considerar un mínimo de 12 a 15% en gastos de operación del sorteo para hacer posible la implementación de todo lo anterior”.

Además de que: "Deben participar conjuntamente en la organización de dicho sorteo, pero sobre todo en la venta y distribución de boletos físicos y electrónicos las siguientes instituciones: Lotería Nacional (billeteros y expendios). B Pronósticos para la Asistencia Pública. C Compañías telefónicas para la venta de boletos a través de SMS y aplicaciones móviles. Venta de puntos comerciales cuyas cajas registradoras estén conectadas a internet (farmacias, tiendas de autoservicio, supermercados).

4. Se debe pagar 20% de impuesto

Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, también criticó la propuesta de rifa del avión presidencial y la consideró inviable porque el ganador tendría que pagar más de 20% del valor de la aeronave en impuestos, lo que deja ver que solo los más ricos del país podrían costear la operación y no un ciudadano con un sueldo de salario mínimo en caso de ser el ganador, a menos de que se consideren condonar impuestos.

5. ¿Propiedad acreditada?

Otro de los opositores al actual gobierno, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda advirtió que acudirán a tribunales federales para evitar la rifa del avión presidencial que lleva a cabo el presidente de la República, una vez que se efectúe el acto de gobierno, el próximo 5 de mayo, ya que dijo, al momento, no tiene ningún sustento jurídico.

“Mientras no conozcamos un acto, ahora sí jurídico, serio, ¿qué juez te va a aceptar este chiste’. (El día que salgan los boletos a la venta) sin duda vamos a tener que acudir al Poder Judicial a acabar con este circo mediático que tenemos”, advirtió.

Para el senador, el diseño del “cachito presidencial” para rifar el avión, se trata de un circo del Ejecutivo federal para esconder los datos duros en materia seguridad y economía.

“Al más estilo, usanza de los romanos, hoy Andrés Manuel le da a su pueblo ‘pan y circo’ porque no ha provocado más que memes, distracción, y mientras que otros países si están dando resultados en educación, en seguridad, en economía, en migración, hoy el gran resultado de México es este circo de la rifa del avión presidencial”, sentenció.

Además, el legislador por Nuevo León detalló que, en tanto, se realiza el circo mediático, exigirán al presidente Andrés Manuel López Obrador dé a conocer las cifras reales y la situación económica y de seguridad que atraviesa el país, que dijo siguen en números rojos.

Ello, al resaltar que el gobierno utiliza esta rifa como distractor ya que dijo, incluso hoy “desgraciadamente todavía no sabemos si el avión está en un arrendamiento financiero o si es un arrendamiento puro con promesa de venta o donación de dominio”.

“Lo que sí sabemos es que no tenemos la propiedad del avión y menos la factura como se va a rifar algo: en primer lugar, que no es de tu propiedad, y en segundo, algo que nadie va a poder costear. Va a ser una burla. O sea, quien se lo saque, si es que esto se va a dar, lo va a malbaratar esa es la realidad”, agregó.

Y es que se especuló si Banobras había pagado en su totalidad el pago del arrendamiento (principal e intereses).

El 1 de noviembre de 2012 se suscribió el contrato de arrendamiento financiero y el primer contrato de adquisición correspondiente al Dreamliner 787-8. El objeto del arrendamiento financiero fue la adquisición de un paquete integral de activos, que comprende la compra de esa aeronave Boeing 787-8 “de transporte estratégico” para uso de la presidencia de México (con el ex presidente Enrique Peña Nieto, el único que lo usó durante toda su administración) y del Estado Mayor; el arrendamiento también incluyó equipos de apoyo terrestre, de rampa, de apoyo de motor, repuestos, equipamientos de cabina y sistema de defensa.

En septiembre de 2015 la presidencia instruyó a Hacienda, y esta a Banobras, a realizar una evaluación (técnica, financiera y de seguridad) sobre las implicaciones y la conveniencia de la venta (o no) de la aeronave. El diagnóstico (al que tienen acceso los medios) lo llevó a cabo la firma Ascend Flight Global Consultancy.

En 2018, el entonces titular de la SHCP, Carlos Urzúa, y el director general de Banobras, Jorge Mendoza, informaron el inicio del proceso de venta del avión presidencial TPO1 Boeing 787-8. La primera medida consistió en el envío, el 3 de diciembre de 2018, de la aeronave al Aeropuerto de Logística del Sur de California, en el condado de San Bernardino, con fines de preservación y mantenimiento.

En el proyecto de presupuesto 2019 se solicitaron 416 millones de pesos para el mantenimiento del avión presidencial.

El avión presidencial y su equipamiento, de acuerdo con el presupuesto 2018, tuvo un costo estimado de 7,560 millones de pesos con un horizonte de arrendamiento por 15 años y considera pagos anuales, en promedio, de 45 millones de pesos para operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento de 451 millones de pesos.

El gobierno de México destinó 416 millones 940,268 pesos para el pago de la anualidad 2019 del avión TP-01, el cual está en desuso.

La Secretaría de Hacienda informó el pasado 27 de marzo de 2019 el inicio del proceso formal para la enajenación del avión presidencial y que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) publicó la solicitud de expresión de interés dirigida a potenciales compradores.

En un comunicado, la dependencia agregó que Banobras informó la publicación de la investigación de mercado que marca el inicio formal del proceso de venta del avión presidencial, en la cual afirmaron que los pagos están al corriente.

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