Uno de los temas más polémicos y debatidos en el país, la legalización de la marihuana en México tomó un nuevo impulso en 2020 después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encaminara su despenalización con una serie de decisiones en los últimos años.
Es por ello que, ante la urgencia de aprobar una propuesta, tras la prórroga única que otorgó la SCJN en octubre de 2019 y que vence el 30 de abril próximo, el último día de sesiones del Senado, Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con la mayoría en el Congreso, se prepara para iniciar el esperado debate legislativo.
La propuesta, encabezada por el líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, se discutirá en los próximos días, cuando inicie el nuevo periodo de sesiones en la Cámara Alta.
¿Marihuana gratis?
Uno de los puntos más interesantes del anteproyecto de dictamen modificado para continuar con su análisis y discusión, obtenido por Infobae México, es la séptima sección en el tercer apartado, dedicado a las “Consideraciones” sobre la ley, donde se abordan los “Aspectos que debe contener la regulación del cannabis”.
En el tercer punto de dicha sección, se destaca que la ley “debe contener medidas que protejan la salud pública”. “Cualquier legislación que regule el uso del cannabis psicoactivo debe tomar medidas de protección a la salud pública, habida cuenta que el psicoactivo puede causar consumo problemático con afectación en diversas esferas de la persona”, indicaron.
En tanto que, respecto al acceso a la salud, debe ser atendido bajo los principios de trato digno y respetuoso, protegiendo derechos humanos, accesibilidad, gratuidad, no discriminación, acceso a la información y protección de datos personales
Más adelante, se reitera que, en la Ley para la Regulación del Canabbis se prevé un apartado que recuerda que, en todas las políticas públicas, programas, servicios y “cualquier otra actividad relativa al derecho a la salud relacionado con la regulación del cannabis y sus derivados”, se deberán acatar los siguientes principios, sin perjuicio de otras disposiciones aplicables: trato digno y respetuoso de los derechos humanos, accesibilidad, gratuidad, no discriminación, acceso a la información y protección de datos personales.
Estos detalles vienen incluidos en el borrador de la Ley, en el artículo sexto del Título Primero, donde se habla de las “Disposiciones Generales”.
Además, en el artículo 61, incluido en el título quinto, dedicado a las “Infracciones y Sanciones”, se enuncian dos excepciones al punto donde se prohíbe proveer de manera gratuita cannabis psicoactivo, sus derivados y productos elaborados con base en éste.
La primera se refiere a “su transmisión gratuita para fines médicos o farmacéuticos y paliativos, siempre que se acredite ante la autoridad competente que la persona a quien se le provee cuenta con un diagnóstico y una prescripción médica que lo justifique”, en los términos de la Ley General de Salud y la normatividad aplicable.
La segunda tiene que ver con la donación para fines científicos y de investigación en los términos que la Ley establece". Estas son las dos excepciones en donde se permite proveer gratuitamente cannabis psicoactivo.
Otros puntos destacados
Entre los usos que serán regulados están el personal, el lúdico, el farmacéutico, el médico, los cosmetológicos y de investigación. En el anteproyecto se indica también que la ley garantice el acceso de la cannabis a los pacientes con enfermedades de difícil tratamiento con el objetivo de que estos puedan mejorar su bienestar.
Además, cada persona podrá tener en su domicilio hasta seis plantas de marihuana. El consumo personal, por ejemplo, estará autorizado en puntos de reunión donde no haya acceso a menores de edad, por lo que consumir en lugares públicos con niños estará prohibido.
Por último, y con el fin de combatir directamente los altos índices de inseguridad, delincuencia y narcotráfico, se propone que las comunidades con más afectaciones de este tipo y relacionadas con la marihuana tengan prioridad en la expedición de licencias para el consumo.
¿Cómo llegó México a este punto en el debate sobre la legalización de la marihuana?
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó esta semana que, “bajo un enfoque de salud pública (...) se va a formar un grupo para decidir qué hacer” con respecto a la legalización del uso de la marihuana.
“Estamos analizando esa posibilidad, está en el Congreso y fue una resolución de la Suprema Corte, nos dieron un plazo y estamos por cumplir la recomendación”, añadió. En octubre pasado, cuando tomó vuelo una iniciativa que después se estancó precisamente en el Legislativo, el mandatario mexicano ya había dicho que, aunque no lo consideraba un tema prioritario, acataría su legalización.
Y es que durante 2019 la Suprema Corte tomó dos decisiones importantes que encaminaron la legalización del cannabis. La primera ocurrió en febrero, cuando la Primera Sala aprobó ocho jurisprudencias para reconocer el derecho de los mexicanos a la personalidad, la libertad de consciencia y expresión, así como el derecho al consumo de la sustancia con fines recreativos y el derecho a la salud.
Así lo publicaron este viernes 22 de febrero en el Semanario Judicial de la Federación, donde informaron que prohibir el consumo de la marihuana es inconstitucional, además de que no es una medida proporcional para proteger la salud y el orden público.
Estos argumentos fueron la base para otorgar cinco amparos necesarios para permitir la portación y consumo personal de cannabis, pues “la penalización vulnera el libre desarrollo de la personalidad”, por lo que a partir del lunes 25 de febrero, jueces federales tenían que otorgar amparos a quienes desearan consumir marihuana de forma recreativa.
El consumo personal de marihuana con fines lúdicos sólo está autorizado para quien tramite un juicio de amparo. Los jueces y magistrados federales están obligados a otorgarlos para obtener permisos de siembra, cosecha, transportación y consumo de marihuana, sin fines comerciales.
Posteriormente, en agosto, la Suprema Corte dio un paso más allá: amparó a un menor de 15 años con discapacidad para que pueda usar marihuana medicinal, ya que necesita un tratamiento que requiere utilizar derivados de la planta, tales como el THC (tetrahidrocannabinol).
La Segunda Sala del máximo tribunal votó de manera unánime para garantizarle al joven el tratamiento médico integral que requiere para su padecimiento y también le ordenó a la Secretaría de Salud (SSA) que “cumpla con el deber legal de armonizar las disposiciones en el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados en un plazo de 180 días hábiles”.
“El 20 de junio de 2017 entró en vigor un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley General de Salud para regular el uso de la cannabis y sus derivados -entre los que se encuentra el THC- exclusivamente para fines médicos”, explicó la SCJN.
“Como transcurrió en exceso el plazo que la autoridad tenía para armonizar las disposiciones, lo que vulneró su derecho a la protección de la salud, el quejoso promovió juicio de amparo”, añadieron.
Horas más tarde, la SSA del gobierno de López Obrador anunció que “acatará a cabalidad” la sentencia emitida en el amparo de la SCJN.
La primera impulsora de una propuesta que regularizara el uso de marihuana fue precisamente la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, cuando todavía no asumía su rol en el gabinete de López Obrador y era senadora por Morena, entre septiembre y noviembre de 2018.
Sin embargo, Monreal ha sido cauto. Apenas la semana pasada, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado señaló que “no hay nada seguro” y que, con una legislación tan importante en puertas, no hay necesidad de aventurarse con una opinión “que luego resulte fallida”.
La reforma tomará su tiempo y, de acuerdo con Monreal, podría ser aprobada antes de que termine abril. La discusión comenzará en los próximos días, y se buscará el consenso con todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta para la aprobación, en la que también se tomará en cuenta a la sociedad civil, que tiene un papel fundamental.
El tema tomó impulso sobre todo desde 2015, cuando los padres de Graciela Elizalde, de ocho años, mejor conocida como “Grace”, fueron los primeros en conseguir que las autoridades mexicanas les concedieran el amparo necesario para importar a la ciudad de Monterrey un medicamento que contiene cannabidiol, una decisión fundamental en el camino a la legalización en México. A continuación, derivado de las diversas decisiones de la SCJN, la jurisprudencia pudo entrar en efecto el año pasado.
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