La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, oficializó este martes la desaparición de la Oficina Especial para el “Caso Iguala", encargada de darle seguimiento específico a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el sur del país en 2014, cuya carpeta fue reabierta por el actual gobierno.
Fue la presidenta de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, quien dispuso la desaparición de la Oficina Especial, e instruyó a la Dirección General de la Primera Visitaduría encabezar los trabajos de acompañamiento y seguimiento que realizaba dicha entidad.
La Oficina Especial para el Caso Ayotzinapa fue creada el 18 de diciembre de 2014, unos meses después de que desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, a manos de fuerzas del Estado que los habrían entregado a un grupo criminal, luego de haber tomado de la terminal de Iguala cinco autobuses para trasladarse a un mitin.
“Desde el inicio de su gestión, la Ombdusperson nacional anunció que la recomendación 15VG/2018, -que realizó la administración anterior de este organismo-, sería analizada junto con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, con la finalidad de valorar el alcance de la misma”, señalaron.
Dicha recomendación denuncia las violaciones graves a los Derechos Humanos en el proceso de las investigaciones realizadas por el gobierno anterior, de Erinque Peña Nieto (2012-2018). En su momento, la CNDH interpuso una denuncia penal contra de elementos de la Marina, de la Policía Federal, la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) y contra Tomás Zerón, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.
En aquel momento también fueron acusados Abraham Eslava Arvizu, antiguo titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo, Bernardo Cano Muñozcano, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, y Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien comandaba la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la SEIDO.
La CNDH interpuso en total seis denuncias penales en contra de 235 funcionarios que intervinieron en la investigación de la desaparición de los normalistas. De los servidores públicos denunciados, 116 están acusados de actos u omisiones en la investigación, mientras que 119 por actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, informó en su momento José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, de la CNDH.
Piedra Ibarra instruyó también este martes a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos completar el seguimiento de la recomendación y dio a José Martínez Cruz, Director General de la Primera Visitaduría, la encomienda de acompañar a los padres y familias de los normalistas desaparecidos en esta nueva etapa.
El caso Ayotzinapa
Oficialmente, según la investigación del Gobierno de Peña Nieto, autondenominada “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías del municipio de Iguala que los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Sin embargo, el caso no se ha resuelto a pesar de que han pasado más de cinco años del hecho (63 meses hasta diciembre de 2019). Ni siquiera hay una versión creíble de lo que sucedió en aquellas horas. La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener declaraciones de los supuestos involucrados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que echó abajo la versión oficial, denunció el uso de tortura en las investigaciones de este caso.
Apenas en junio pasado, un video con torturas a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa confirmó que efectivamente se violaron derechos humanos en la investigación.
Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, el gobierno federal se comprometió a reiniciar las indagatorias para dar con el paradero de los jóvenes, además de investigar a los funcionarios que incumplieron en sus responsabilidades en el caso.
La Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a la nueva investigación, en un acuerdo en el que López Obrador fungió como testigo, para avanzar sobre todo en las líneas que el gobierno anterior dejó pendientes.
El gobierno mexicano confirmó hace una semana que todos aquellos funcionarios responsables de la llamada “Verdad Histórica”, la versión oficial de la administración de Peña Nieto serán citados a declarar en los próximos días.
Así lo dijo el subsecretario de Derechos humanos, población y migración, Alejandro Encinas. “Es evidente que quienes participaron directamente en toda la construcción de la ‘verdad histórica’ serán convocados”, expresó este martes.
Encinas respondió el cuestionamiento de los medios sobre si Jesús Murillo Karam, ex Procurador general de justicia del gobierno de Peña Nieto durante la desaparición de los normalistas y también durante el periodo de investigación, sería llamado a comparecer, después de que la actual administración de López Obrador abriera de nuevo el caso por las inconsistencias anteriores.
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