Guanajuato pasó de ser uno de los estados más prósperos, a convertirse en la entidad más violenta del país. La situación se recrudece a pasos agigantados sin que el gobierno federal, y mucho menos el estatal, puedan revertir la tendencia.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en este estado enclavado en el Bajío mexicano ocurrieron 4,494 asesinatos de enero a diciembre de 2019. De ellos, 2775 fueron homicidios dolosos y en 2,261 casos intervino un arma de fuego.
Los municipios con más asesinatos son Salamanca, Irapuato, Celaya, León, Apaseo el Alto, Villagrán, Acámbaro, San Francisco del Rincón, Silao, Comonfort, Tarimoro, San Miguel de Allende, Yuriria y Valle de Santiago, así lo señalan los reportes diarios de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según los conteos de la prensa mexicana, en lo que va de este mes, en Guanajuato se han registrado más de 250 homicidios. Tan sólo el pasado fin de semana (del 24 al 26 de enero de 2020) en la entidad ocurrieron 48 asesinatos en distintos hechos, entre los que se encuentran niños, mujeres y un policía.
Pese a que Guanajuato cuenta con 4,150 elementos de la Guardia Nacional (GN), la espiral de violencia ha ido en aumento.
Este lunes, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la situación en Guanajuato “se está saliendo de lo normal”.
“Lo de Guanajuato es algo que estamos atendiendo (…) se nos está saliendo de lo normal”, dijo.
Agregó que la situación en la entidad “es algo complicado. Hay mucha violencia. Se están reforzando las medidas de la Guardia Nacional. Viene de tiempo atrás y se está agravando”, dijo.
Sin embargo, el mandatario ha reiterado en numerosas ocasiones que no cambiará su estrategia de “abrazos y no balazos” para combatir al crimen organizado.
¿Qué está pasando en Guanajuato?
La violencia que se vive en el estado gobernado por el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se debe principalmente, a dos razones: al cruento enfrentamiento que sostienen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera “El Mencho” y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro; así como por la lucha del gobierno federal en contra del robo de combustible, también denominado como “huachicoleo”, actividad principal de “El Marro”.
De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta entidad tiene 5 millones 853.677 habitantes distribuidos en 46 municipios, cifra que representa el 4.9% del total del país. Su principal actividad económica es el comercio y su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional es del 4.2% .
También tiene una importante actividad turística y por su ubicación geográfica (en el centro del país), es una zona en donde pasan gran parte de mercancías, así como ductos de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex). Es por eso que se ha vuelto una pieza clave para el trasiego de drogas, extorsiones y robo de combustible.
De acuerdo con autoridades estatales, la entidad es disputada por al menos cinco organizaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa (CDS), Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), Cártel del Golfo (CDG) y algunas células remanentes de Los Zetas.
Aunque cada organización delictiva ha logrado consolidar zonas de influencia, el de Jalisco Nueva Generación liderado por Nemesio Oseguera Cervantes ha intentado apoderarse del estado, por lo que José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro” y líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, le ha hecho frente a sangre y fuego.
A esta batalla se han sumado las otras organizaciones, encabezadas por el Cártel de Sinaloa, con la intención de reforzar a “El Marro” y sacar a “El Mencho” de Guanajuato.
La pelea sin cuartel que se libra en Guanajuato, aunado a la guerra del gobierno federal en contra del “huachicoleo”, actividad principal del Cártel de Santa Rosa de Lima, ha ocasionado que las organizaciones criminales traten de allegarse de dinero rápido mediante la extorsión.
El gran negocios del “huachicoleo”
Por Guanajuato cruzan numerosos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por lo que se ha convertido en la segunda entidad con más reportes de robo de gasolinas o “huachicoleo”. Datos de la empresa productiva del Estado, durante los tres últimos años fueron robados en Guanajuato 13 millones y medio de litros de combustible de sus ductos.
Es por eso que a inicios de 2019, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una lucha contra esta actividad delictiva que representa un desfalco a la hacienda pública por más de 3.300 millones de dólares (USD).
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University, aseguró en un artículo periodístico que el huachicoleo “es una industria similar en comportamiento y ganancias al narcotráfico”, por lo que señaló “la estrategia debería ser la misma que por años se ha sugerido para el narcotráfico y que puede causar un porcentaje menor de violencia: hay que ir a las redes financieras y asfixiar el negocio desde ahí”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha señalado que 45.000 millones de pesos (más de 2.200 millones de dólares) del robo de gasolina han entrado a esquemas de lavado de dinero con más de 114 empresas, de los cuales unos 10.000 millones (500 millones de dólares) estarían en el sistema financiero.
Al mismo tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó 194 gasolineras con inconsistencias fiscales, toda vez que las ventas que reportan superan las compras que tienen con Pemex. Ese diferencial, indica Buenrostro, revela que parte del suministro proviene de gasolina robada.
De acuerdo con un documento interno de Pemex sobre el robo de combustible, dado a conocer por el semanario Proceso en enero de 2019, además del Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato también existe un fuerte dominio del Cártel de Sinaloa.
“Guanajuato también es territorio de Los Pelones, encabezados por Javier Ramírez Morales, “El Mónico” o “El Pelón”, que hurta dos mil 500 barriles de hidrocarburos por día y obtiene ganancias de seis millones 400 mil pesos al ordeñar los poliductos Salamanca-Zacatecas y Salamanca-León”.
El informe detalla que sus principales dominios son los municipios de Salamanca (comunidades y colonias Cárdenas, Loma de Flores, San José Temascatío, San Vicente de Flores y La Purísima) e Irapuato (San José del Marañón, El Carrizal, Malvas, El Copal y El Copalillo).
Pese a que están documentadas las actividades de robo de combustible por parte del Cártel de Sinaloa, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha emprendido una cacería contra José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, a quien ha catalogado como el principal líder huachicolero del país, sin que este haya podido ser aprehendido, a pesar de que las autoridades estatales aseguran que su captura “es cuestión de tiempo”.
Pero quienes sí han estado a punto de dar con él, he incluso, terminar con su vida, es justamente, su enemigo acérrimo rival , Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.
El pasado 11 de enero, sicarios del llamado Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentaron asesinar a “El Marro”, quien asistió a la boda de su hermana Karem Elizabeth Yépez Ortiz, en la comunidad de Pelavacas, ubicada en Guanajuato.
De acuerdo con un mensaje de la organización criminal publicada en El Blog del Narco, “El Marro” logró escapar gracias a que se percató de la presencia de la gente del Cártel Jalisco. Sin embargo, su hermana y el novio de ella, identificado como “El Calamardo”, presunto lugarteniente del Cártel de Santa Rosa de Lima, resultaron muertos.
Las extorsiones, el otro gran “negocio” del Cártel de Santa Rosa de Lima
Debido a que el cerco sobre “El Marro” se cierra por diversos lados, los integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima han encontrado en la extorsión, una forma rápida de hacerse de dinero.
Los municipios de Celaya, Salamanca, Apaseo el Grande o en San Miguel de Allende son los que más padecen este flagelo. En éste último, comerciantes (principalmente restauranteros) de la joya colonial mexicana, han cerrado sus negocios por miedo a extorsiones de criminales, quienes incluso han intentado a obligarlos a vender drogas.
Desde agosto del año pasado, varias fábricas y tortillerías ubicadas en el municipio de Celaya bajaron sus cortinas debido a la extorsión. La situación fue expuesta por los propios comerciantes, pero hubo consecuencias.
El lunes 5 de agosto de 2019, un comando armado ingresó a la tortillería “La Indita” ubicada en la colonia Lagos y disparó en contra de tres mujeres que se encontraban en el sitio: la dueña, identificada como Virginia "N", de 60 años, además de Dalinda "N" y Martha Cecilia "N", empleadas. Todas fallecieron.
Los hechos provocaron el cierre masivo de tortillerías, afectando no solo a los empleados de esos negocios, sino a la población, que ronda los 500,000 habitantes, que se quedaron sin el producto.
Las amenazas causaron estragos también en restaurantes, carnicerías, hoteles y otros negocios. Según los hoteleros de Celaya, mensualmente son obligados a pagar 2,500 pesos (USD 130) a los extorsionadores.
Pero el caso más representativo ocurrió el pasado 19 de septiembre en Celaya, cuando hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra las instalaciones de la concesionaria de automóviles “Ford Montes”.
En consecuencia, la concesionaria, la cual era la principal distribuidora de Ford en la ciudad, cerró sus puertas tras años de operación.
Días después, el especialista en temas de seguridad, Alejandro Hope, alertó sobre la gravedad de la situación en su columna del periódico El Universal.
“Una agresión en contra del canal de distribución de una empresa multinacional, le da la vuelta al mundo. No es que no sean graves los ataques en contra de empresas locales, pero no tienen el mismo impacto internacional. Eventos como el de la Ford en Celaya pueden tener efectos demoledores para la imagen del país y su capacidad para atraer inversión. Un intento de extorsión en contra de la red de ventas de una empresa multinacional debería de ser considerado como un atentado en contra de la economía del país”, alertó.
Hope aclaró que “si se permite que los grupos criminales pasen de extorsionar a pequeños comercios a cobrar cuota en negocios medianos o grandes, estos pueden adquirir un tamaño descomunal y convertirse en una amenaza severa para la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”, concluyó.
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