La magistrada titular de la VI Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña Adame, otorgó una suspensión definitiva a Rosario Robles Berlanga contra la inhabilitación ordenada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En un comunicado, el buffete Hernández Barros señaló que la impartidora de justicia “determinó que la sanción consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años queda sin efectos hasta que se resuelva el juicio contencioso administrativo” que se lleva en contra de la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).
El despacho que encabeza el abogado Julio Hernández Barros, defensor de la también ex secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), actualmente presa en el penal de Santa Martha Acatitla, sostuvo que este fallo significa que Robles Berlanga no será inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados tras considerar que, con la resolución de la SFP “se perjudica el derecho de imagen de la solicitante, en el ámbito personal y profesional, creando ello un perjuicio de difícil reparación”.
Rosario Robles fue vinculada a proceso por su presunta participación en el caso de la llamada Estafa Maestra, una red a través de la cual se desviaron al menos 7,000 millones de pesos desde Sedesol y Sedatu cuando ella fue titular de ambas dependencias gubernamentales.
La SFP inhabilitó en septiembre pasado hasta por 10 años a Rosario Robles Berlanga para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prevé la sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial de la ex funcionaria.
La Estafa Maestra fue destapada por una investigación periodística que exhibió una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.
Se trató de un modus operandi llevado a cabo durante varios años en el que las secretarías contrataban a universidades públicas para realizar algún servicio para el que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo.
Así, las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo, entonces pedían los servicios a otras compañías, y así hasta llegar a la que realmente tenía capacidad de cumplir.
La mayoría del mega fraude se realizó entre 2013 y 2014 a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Peña Nieto. Una es la reforma energética, que borró el histórico monopolio de Pemex y abrió los candados para la participación de inversores nacionales y extranjeros, y la otra a través de la cruzada contra el hambre.
Según la investigación, en la Estafa Maestra 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Sedesol, y Sedatu con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras (Banobras), con Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto, y Petróleos Mexicanos (Pemex), con Emilio Lozoya Austin, son tres de las principales dependencias responsables del fraude millonario.
En septiembre, un juez federal en materia de amparo determinó que Rosario Roble debía permanecer en el penal de Santa Martha Acatitla, luego de que el juez de la causa Felipe de Jesús Delgadillo Padierna se negó a frenar el proceso penal que enfrenta la ex funcionaria por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En su escrito de demanda, la ex funcionaria impugnó la resolución judicial consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado en la continuación de la audiencia inicial del 13 de agosto de 2019 y su ejecución en la causa penal 314/2019.
Este mismo jueves, se dio a conocer que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ya no será el responsable de llevar el caso de Rosario Robles durante este 2020. De ahora en adelante ocupará el puesto de juez administrador del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, por lo que tendrá la responsabilidad de las gestiones administrativas del lugar y debido a este hecho ya no tendrá la facultad de conducir audiencia alguna.
Esta determinación se basa en una rotación que se realiza el primer día hábil de cada año, la cual dicta que se deberán cambiar los puestos de los jueces administradores en los centros de justicia del país.
Información publicada por el Consejo de la Judicatura Federal reveló que el juez encargado de continuar con el proceso de Rosario Robles Berlanga se determinará al azar y éste será asignado durante la próxima audiencia de la ex funcionaria.
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