“Les enseñamos a defenderse para que no sean levantados”: la escalofriante explicación para armar a los niños en Chilapa

“Les enseñamos a defenderse, para que no sean levantados o secuestrados. Nosotros tenemos comprobado que el grupo delictivo (Los Ardillos) si llevas armas, no se mete contigo, pero si no llevas armas, vas armado, te agarra como puerquito y te amarra y te lleva” (sic).

De esta manera, Bernardino Sánchez Luna, consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Guerrero, justificó el entrenamiento en el manejo de armas a 19 niños indígenas de hasta seis años de edad, en las comunidades del territorio de la organización.

Sánchez Luna, dijo que los menores fueron capacitados porque han visto que el gobierno no tiene la capacidad ni el interés para defender a los pueblos indígenas de los grupos delictivos, por lo que exigió la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por eso le pedimos al gobierno, a Andrés Manuel López Obrador de que nos haga caso. El bloqueo (de los caminos de Alcozacán, en Chilapa) no lo vamos a levantar hasta que venga el presidente de la República” (sic), sentenció Sánchez Luna.

Las imágenes de los menores portando armas le han dado la vuelta al mundo, por lo que diversos medios internacionales han resaltado la gravedad de la descomposición social a causa de la violencia ocasionada por el narcotráfico y el crimen organizado en México.

Los niños marcharon junto a unas 2,000 personas con el rostro cubierto por pañuelos y vistiendo el uniforme de la policía comunitaria, un grupo armado desde hace 25 años integrado por pobladores de 16 municipios del sureste de Guerrero e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC).

La estrategia de armar a los niños para defenderse de los criminales, ocurre luego del asesinato de diez músicos originarios del municipio de Chilapa, ocurrido el pasado viernes 17 de enero. Las víctimas, que trabajaban en el grupo Sensación Musical, habían tocado en un poblado vecino, cuando fueron emboscados mientras viajaban en dos camionetas. La Fiscalía de Guerrero ha responsabilizado del crimen a “Los Ardillos”, una de las bandas criminales locales, quien también estaría detrás de una policía comunitaria rival de la CRAC.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves en su tradicional conferencia matutina que ya se atiende “el fondo del problema de la violencia en contra de los niños y jóvenes”, la realidad es muy distinta.

"Estamos atendiendo las causas, hay que dar opciones, hay que alejarlos de la violencia y armas, y eso es lo que se está haciendo en todos lados. Desde luego es un proceso, para que no haya opción de la violencia, vamos avanzando”, aseveró.

Señaló que le han informado que las organizaciones criminales han tenido problemas para reclutar integrantes a sus filas por lo que están obligando a los niños y jóvenes a sumarse. Sobre el caso de Guerrero afirmó que hay grupos que no son “auténticas autodefensas”.

“Guerrero es el estado donde está legalizada la autodefensa y de ahí se han agarrado quienes no son auténticos autodefensas para armarse en general, eso se está tratando. Legalmente la única constitución que permite la defensa armada es la de Tamaulipas y en los tiempos actuales lo que se hizo en Guerrero con las autodefensas”, añadió.

Guerrero, convertido en un cementerio a causa del narco

Guerrero, enclavado en el sureste de México, desde hace años vive una violencia brutal debido a la lucha de los cárteles que pelean el cultivo de drogas- principalmente marihuana y amapola (de la que se extrae la heroína)- y los laboratorios de metanfetaminas, así como el trasiego de sustancias ilícitas.

De acuerdo con versiones periodísticas, desde hace por lo menos diez años y en plena campaña de expansión, el CJNG pactó alianzas con La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y el grupo Los Granados, para lograr avanzar en Guerrero.

Pero luego de romper sus alianzas, el CJNG busca controlar el estado, considerado un punto estratégico para la producción y el trasiego de drogas que es enviada a Estados Unidos y Europa desde el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado vecino de Michoacán.

La Costa Grande es la zona de trasiego de drogas más importante de la entidad. Comprende 26 municipios, entre ellos Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Petatlán, José Azueta (Zihuatanejo), Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo, Ahuacuotzingo y Olinalá. Es por eso que la zona es objeto de cruentas disputas entre los cárteles.

Otro punto trascendental para el narco (por su ubicación) es la zona de la Tierra Caliente guerrerense, integrada por los municipios de Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro. La región es considerada de alta peligrosidad.

Sin embargo, el problema se hace más complejo por las disputas del control político en los municipios de la zona, pues representan el acceso de recursos públicos en una región donde el 69% vive en condiciones de pobreza extrema.

El caso de Acapulco tal vez sea el más conocido. Los violentos enfrentamientos, ejecuciones, ataques y balaceras en plena costera y en los alrededores del puerto a manos del crimen organizado han dejado miles de personas muertas, muchas más desaparecidas o heridas.

El derramamiento de sangre ocasionó que, por años, Gobiernos de Estados Unidos y otros países alertaran a sus ciudadanos para evitar visitar el puerto, lo que derivó en una crisis económica para sus habitantes, acentuando la pobreza.

La presencia de elementos de la Guardia Nacional no ha logrado contener las desapariciones y ejecuciones que se vuelven cada vez más brutales. Guerrero se encuentra en el séptimo lugar entre las entidades con más homicidios dolosos. El año pasado se registraron 1,875 asesinatos, por lo que el 2019 se convirtió en el año más violento en la historia del país.

Ante este panorama, cientos de comunidades han sido abandonadas por sus pobladores, convirtiéndolos en verdaderos pueblos fantasmas.

Un informe reciente del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, indica que unas 6,500 personas han abandonado forzadamente sus casas, a causa de la violencia en el estado.

El fenómeno se registra prácticamente en todas las regiones, pero se concentra en Tierra Caliente y la Sierra de Guerrero.

Los eventos de desplazamiento han sido documentados en Chilapa, Zitlala, Petatlán, Tecpan de Galeana, Acapulco, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. También en las regiones de Tierra Caliente como San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Teloloapan, Coyuca de Catalán y Zirándaro.

Hace días, muchas personas apenas lograron salir con vida, luego del ataque sorpresivo de sicarios pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Zirándaro. El municipio ha sido escenario de enfrentamiento entre sicarios del Cártel Jalisco y La Familia Michoacana.

Su alcalde, Gregorio Portillo Mendoza, ha sido vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues sus dos hermanos encabezan una célula de dicho grupo criminal, que disputa la plaza a José Pineda y Jonhy Hurtado Olascoaga quienes dirigen a la Familia Michoacana.

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