El año pasado se destaparon las diversas irregularidades contra el programa Cruzada contra el hambre, que fue uno de los pilares en el sexenio pasado del ex presidente Enrique Peña Nieto, este año la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó, además, anomalías en facturas por 1,323 millones de pesos.
La antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependencia responsable de los comedores comunitarios, está siendo investigada, además de Diconsa, la red de abasto que se encargaba de equiparlos y entregarles alimentos.
Parte de la investigación de la Función Pública se centra en 15 facturas con valor de 311 millones 940,000 pesos, las cuales fueron emitidas durante 2018 y no tienen vales para comprobar que Diconsa entregó todos los bienes por los cuales se le pagó.
Entre esas facturas destaca la número DDFFTC 10002050, donde resalta la compra de insumos que nada tienen que ver con el servicio de alimentación.
El documento, comprueba que Desarrollo Social realizó un desembolso de 69 millones 468,000 pesos a cambio de 285,000 playeras de cuello redondo.
De igual forma se pagaron 40 millones 968,000 pesos por 285,000 gorras y se gastaron 3 millones de pesos en 2,000 portapasaportes, informó el portal El Universal.
La Sedesol entregó a Diconsa un millón 856,250 pesos a cambio de 2,700 camisas.
La dependencia pagó 798,000 pesos por 1,600 agendas y realizó otro gasto de 700,000 pesos por 800 agendas con memorias USB.
Productos 89% más caros
La SFP no sólo indaga estas compras que se realizaron con dinero supuestamente destinado a alimentar a la población más vulnerable del país, sino que también encontró que todos estos objetos fueron comprados a sobreprecio:
“En un análisis de precios, a través de un sondeo de mercado con diversos proveedores, como resultado se observó que existe un sobreprecio en los conceptos pagados en esta factura que representa un 89.87%”, señaló el portal online.
Se expone que Diconsa pagó 1,500 pesos por cada portapasaporte, en tanto que en el mercado estos bienes tienen un costo de 400 pesos. En el caso de las agendas con memorias USB, cada una tiene un valor de 600 pesos y la Sedesol gastó 875 pesos por unidad.
¿Cómo operaba? Las cocineras no recibían sueldos
Cabe señalar que las cocineras no recibían sueldo alguno. Las mujeres de la comunidad donaban su tiempo turnándose para cocinar con insumos comprados no localmente sino en su mayoría productos enlatados en lugar de frescos.
Los consumidores pagaban las comidas o desayunos en 10 pesos y las cocineras tenían derecho a llevarse comida para su familia.
Sin embargo, este esquema fue criticado ya que no permitía que las madres de familia generaran recursos para otras necesidades básicas, además de que no beneficiaba a productores locales.
Ya se habían “extraviado” más de 396 millones pesos
En 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya seguía también el rastro de destinados a la Cruzada contra el Hambre 396 millones 838,000 pesos que habían sido destinados a la compra de 31 millones de artículos entre tortilleros, playeras, globos, vasos y gorras, sin embargo la dependencia reguladora señaló que las empresas con las que fueron adquiridos, “no existen”.
No obstante, estos artículos nunca llegaron a su destino e incluso, el encargado del almacén general de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), indicó que no sabía de su existencia. Por lo que, la ASF indica que ya había un fuerte daño al erario, pues no hay evidencia de que objeto alguno haya llegado a alguno de los 400 municipios.
Rosario Robles, Sedesol y la Estafa Maestra
El tema toca fibras más sensibles: el fraude se perpetró a costa de la población más vulnerable de México.
Las dudas sobre el destino final del dinero que debía destinar la Secretaría de Desarrollo Social a los más pobres se materializa en más de 2,220 millones de pesos, según otra la investigación.
En 2013, dicha dependencia, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500,000 paquetes de alimentos, camisetas, gorras a los mexicanos con pobreza alimentaria, y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados de la República.
No obstante, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que sólo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. No hay constancia de que los beneficios restantes se hayan entregado, únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios de distribución de insumos.
Para el fraude en Sedesol, se reportaron diez convenios con las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que debían ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas de país y combatir la pobreza.
Las instituciones no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación ilícita.
Una investigación periodística titulada La Estafa Maestra destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.
Se trató de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países: las secretarias contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo.
De acuerdo a la investigación, La Estafa Maestra 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Ncional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales dependencia responsables del fraude millonario. (Infografía: Infobae, Jovani Silva)
Así, las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo.Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidade cumplir.
Gran parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014, a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Peña Nieto. Una es la reforma energética, que borró el monopolio de Pemex y abrió los candados para la participación de inversores extranjeros.
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