José Ángel Ramos, el abuelo y tutor del menor que cometió un tiroteo el viernes 10 de enero en una ciudad del norte de México que dejó dos muertos y seis heridos, fue vinculado a proceso este domingo por omisión en el homicidio doloso de la profesora María Assaf Medina.
La jueza de control María Luisa Valencia encontró las pruebas necesarias para mantener al imputado en prisión preventiva, donde se encontraba desde la semana pasada, cuando la orden de aprehensión fue librada en su contra.
Ahora, el hombre de 58 años de edad, enfrentará ahora un proceso donde podría ser condenado a entre 18 y 35 años de cárcel. De acuerdo con su abogado, José Manuel Mireles, José Angel se declaró inocente y confía en que la justicia se impartirá al final.
“Es respetable la decisión de la autoridad. Está tranquilo”, detalló Mireles, quien también explicó que a partir de ahora serán cuatro meses de investigación complementaria, mismo tiempo que su cliente permanecerá detenido.
La defensa tendrá tres días si desea realizar una apelación, y 15 días si busca un amparo contra la decisión de la jueza Valencia.
Sin embargo, este proceso no es el único problema al que se enfrenta Ramos, ya que tanto sus cuentas bancarias como las de su hijo, el padre del menor que disparó en el Colegio Cervantes contra sus profesores y compañeros, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
“El señor José Ángel Ramos, padre e hijo, se encontró algún tipo de actividad irregular en cuanto al flujo de efectivo a sus cuentas bancarias y a empresas vinculadas con él”, señaló el titular de la UIF, Santiago Nieto, este martes, a Multimedios.
Hay transferencias internacionales hacia Estados Unidos, eso ha motivado la necesidad de verificar el origen de los recursos
Antes, Nieto había dado el informe durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). De acuerdo con Reforma, las cuentas del abuelo y el padre del menor que disparó el viernes pasado están siendo investigadas por lavado de dinero y defraudación fiscal.
Además, la abuela del menor, Rebeca, está también involucrada, aunque ella no fue detenida por las autoridades como su esposo, que ayer fue formalmente acusado del delito de omisión en el homicidio doloso de la profesora María Assaf Medina, ya que fue su propia negligencia la que llevó al niño a poder acceder a las armas ilegales que poseía y disparar en el Colegio Cervantes, en Torreón, la capital de Coahuila.
El caso sólo se ha complicado desde el pasado viernes 10 de enero, cuando José Ángel, de apenas 11 años y estudiante del Colegio Miguel de Cervantes, ubicado en Torreón, la capital de Coahuila, abrió fuego contra sus compañeros y profesores, dejando seis heridos (un profesor y cinco de sus compañeros) y dos muertos (su profesora y él mismo, ya que se disparó tras el tiroteo).
La Fiscalía de Coahuila detalló en su último informe que fueron nueve casquillos percutidos los encontrados en la escena del crimen, ocho de calibre 40 y uno de 25. De acuerdo con las autoridades, sería la de mayor calibre el arma de uso exclusivo del Ejército.
Las dos armas que usó el niño fueron obtenidas por el menor en su propia casa, confirmó la Fiscalía del estado. “Las armas pertenecían a la familia, en particular al abuelo”, declaró el Fiscal Gerardo Márquez Guevara, quien además detalló que una de ellas es de uso exclusivo del Ejército mexicano y la otra no tenía el permiso de porte requerido, por los que eran ilegales.
Además, de acuerdo con reportes de medios locales, el abuelo habría tenido conocimiento de que su nieto intentaría cometer una agresión de este tipo.
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