Cómo un hombre clave en el caso Ayotzinapa terminó trabajando en el gobierno de Baja California

El gobierno de Baja California bajo el mandato de Jaime Bonilla Valdez, sigue en el ojo del huracán, debido a que uno de los dos señalados como pieza clave, y en algún momento considerados autores intelectuales del homicidio, secuestro y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa sucedidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014; ahora labora en el gobierno estatal.

De acuerdo con el semanario Zeta, se trata del General en el retiro Marcos Esteban Juárez Escalera, nombrado por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, como director de Centros de Reinserción Social en el estado.

En la recomendación de la CNDH sobre la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con la desaparición de los 43 normalistas, se indica que Juárez Escalera, cuyo apodo es “Caminante”, cumplía una función de enlace para la transmisión de información entre un sicario del Cártel Guerreros Unidos con autoridades de Guerrero, y policías municipales que participaron en los fatales hechos.

La relación entre Rodríguez Lozano y Juárez Escalera, señala el semanario, se remonta a Chiapas, donde trabajaron juntos. Amador fue coordinador del Gabinete de Política y Seguridad del mandatario Juan Sabines en 2006-2007, en tanto Juárez Escalera era secretario de Seguridad en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Una vez que Rodríguez Lozano fue nombrado por el propio Sabines como ministro de Justicia, Juárez Escalera fue designado director de la Policía Ministerial. Ambos se vieron inmiscuidos en un hecho, entonces sin precedentes, cuando en junio de 2008, en conferencia de prensa, informaron del aseguramiento de mil 824 paquetes de cocaína marcados con la leyenda “Cártel de Sinaloa” y que daban un peso de dos toneladas.

Diez días después, del Ministerio de Justicia de Chiapas informaron que no era cocaína, sino lactosa. Justificaron que dicha sustancia se usa para “adulterar la droga”.

El entramado de Ayotzinapa

Un integrante de la investigación de los sucesos de Ayotzinapa en 2014 comentó a Zeta que la identificación y ubicación de “Caminante”, es decir, del General Marcos Esteban Juárez Escalera, resultaba importante para desentramar algunos puntos de la indagación, que tienen que ver con la información que éste (el General) proporcionó tanto a miembros de Guerreros Unidos, como a autoridades del Estado y policías en los momentos previos al secuestro de los estudiantes, cuando ya los operativos criminales estaban en marcha.

El análisis de las comunicaciones vía celular en los momentos previos, durante y posteriores a la desaparición de los normalistas, indica que “Caminante” mantuvo contacto con un sicario de Guerreros Unidos, identificado como Ramiro Ocampo Pineda, así como personas cercanas al entonces gobernador Ángel Aguirre, particularmente con su jefe de ayudantía, el también militar Felipe Martín Ornelas Rebollo y dos agentes ministeriales: Eliohenay Salvador Martínez Hernández y su jefe, Javier Bello Orbe, quienes en el momento crítico, estuvieron presentes en el Puente El Chipote, cuando el autobús con el número 1531, donde se trasladaban entre 15 y 20 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fue detenido por policías municipales de Iguala y de Huitzuco. Los jóvenes fueron trasladados a cuatro unidades pick-up patrulla con rumbo desconocido. Jamás se les volvió a ver.

Para la CNDH, “Caminante” cumplió una función de intercomunicación entre autoridades estatales y sicarios de Guerreros Unidos. El 26 de septiembre de 2014, en calidad de ex director de la Policía Ministerial de Guerrero, Juárez Escalera tuvo acceso a información en tiempo real de lo que estaba sucediendo en Iguala, misma que llegó tanto al Gobierno del Estado como a los criminales. Sin embargo, los primeros no actuaron en consecuencia para evitar que los hechos sucedieran como se conoce, mientras que los segundos participaron en la desaparición de los normalistas.

Con la información que la autoridad requiere de Juárez Escalera, esperan develar cómo y cuándo en el gobierno de Ángel Aguirre se enteraron de los hechos; profundizar la información sobre la presencia de los dos ministeriales en el Puente El Chipote al momento del secuestro de los estudiantes, particularmente la del oficial Eliohenay, a quien involucra con criminales; así como conocer los datos proporcionados a Guerreros Unidos.

A pesar de la recomendación que la CNDH hizo a la entonces PGR para investigar de manera más profunda la identidad de “Caminante”, de la cual concluyeron se trata de Marcos Esteban Juárez Escalera, a saber de defensores de derechos humanos no lo hicieron. Tampoco la FGR ha actuado en consecuencia. El único que reconoció que la Fiscalía había identificado a la persona equivocada, fue el subsecretario Alejandro Encinas, quien mencionó a Juárez Escalera como “Caminante”.

En la recomendación 15VG/2018 emitida por la CNDH por violaciones graves a los derechos humanos, derivado de su investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014, se asienta sobre la participación de “Caminante”:

“Del análisis de las evidencias obtenidas hasta ahora, relacionadas con el personaje al que se identifica como ‘Caminante’, es factible inferir que se trata de una persona que en los hechos de Iguala pudo haber cumplido con un papel de operación bifuncional. Por una parte, es claro que mantuvo comunicación directa, al menos, con un miembro de la organización criminal Guerreros Unidos: con Ramiro Ocampo Pineda ‘El Chango’ y, por otra es clara, a juzgar por la serie de comunicaciones telefónicas que mantuvo la noche del 26 de septiembre, su vinculación con cuando menos 6 elementos de la Policía Municipal de Iguala involucrados en los hechos, entre los que destaca quien fue el director de esa corporación, Fausto Bruno Heredia. Que pudo haber desplegado en los hechos una función de enlace o correo para recibir-transmitir instrucciones y/o para recibir y hacer llegar información sobre su cumplimiento, sea dentro de la organización criminal Guerreros Unidos como podría ser a El Patrón, sea en las instituciones oficiales, llámense autoridades políticas, administrativas, de seguridad pública estatal y/o municipal o policiales de, al menos, los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco”.

La investigación de la CNDH determinó que el número de celular atribuido a “Caminante” no era el de Alejandro Tenescalco Mejía, sino uno distinto. De hecho, revelaron que sí hubo interacción entre el número telefónico de Tenescalco y el de “Caminante” antes y después de los hechos que culminaron con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Específicamente, se comunicaron el 24 de septiembre de 2014 en dos ocasiones, a las 12 del mediodía y a las 6:50 pm, para reestablecer comunicación el 27 de septiembre en el periodo de tiempo que se estima sucedió la desaparición de los normalistas; en esa ocasión hablaron doce veces entre las 4:34 y 6:56 am.

En la CNDH realizaron lo que llaman forensia telefónica, para establecer las comunicaciones que hubo en las regiones donde sucedieron los hechos entre policías, criminales y estudiantes sobrevivientes.

El número de “Caminante” lo obtienen tras la detención de Ramiro Ocampo Pineda “El Chango”, integrante de una célula del cártel Guerreros Unidos, que entre sus contactos tenía a “Caminante”, con el que había interactuado el día de los hechos en la Normal.

Una vez detectado el número, fue identificado en el análisis de las comunicaciones, como desde el cual se comunicó con agentes municipales y criminales la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Investigadores de la CNDH concluyeron: “Esta información de telefonía móvil pone en duda el planteamiento sostenido por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que la identidad de ‘Caminante’ corresponde a Alejandro Tenescalco Mejía, Policía Segundo Municipal de Iguala y que se sustenta básicamente en los testimonios rendidos por dos elementos de la Policía Municipal de Iguala. A todas luces resulta ilógico que Alejandro Tenescalco ‘se llame’ telefónicamente a sí mismo, en 18 ocasiones”.

Para desvíar la atención sobre la línea de “Caminante”, otro policía de Iguala, quien en su teléfono celular tenía llamadas desde esa línea, declaró que se trataba del número de una agente de la Policía con quien había sostenido una relación sentimental. La mujer fue citada a declarar, y comentó que en efecto había tenido esa línea en el tiempo referido, pero después la desechó, desintegrando el chip.

Sin embargo, cuando le informaron que sería imputada dada la actividad que sostuvo desde el celular referido el día de los fatales hechos, la agente cambió su versión.

En la recomendación de la CNDH se lee:

“Al darse cuenta de la gravedad de la situación en la que la había colocado su ex pareja (el elemento de la Policía Municipal de Iguala) que quería evitar que se descubriera su conexión con la línea de ‘Caminate’ se retractó de sus propias declaraciones y cambió su versión. Ahora manifestó no recordar haber tenido el número telefónico mencionado y tratando de justificarse dijo que ‘por nerviosismo, cansancio’, por preocupación de su bebé manifestó haberlo dicho”.

Los investigadores determinaron que los dos equipos que presentó la agente, no correspondían al IMEI (identidad internacional de equipo móvil), que sí concuerda con el número de celular utilizado por “Caminante”, quien tuvo el aparato en su posesión, de acuerdo a la compañía telefónica, del 5 de septiembre al 9 de diciembre de 2015. Situación que la CNDH recomendó a la entonces PGR indagar a profundidad.

La recomendación de la CNDH refiere que de las investigaciones ministeriales que “podrían contribuir” a conocer la identidad de “Caminante”, se encuentra que “once agentes de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, declararon que a quien fue su director en esa corporación, el General Brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera, se le conocía con la clave de ‘Caminante’ en las comunicaciones que sostenía vía radio, lo cual fue corroborado por el propio ex servidor público en su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación”.

El ahora encargado del Sistema Estatal Penitenciario en Baja California en el gobierno de Jaime Bonilla, declaró que utiliza el código de “Caminante” desde que fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en 2007. Justo la época en que coincidió con Amador Rodríguez Lozano, su jefe ahora en calidad de secretario general de Gobierno de Baja California, y entonces coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado de Chiapas (2006) y ministro de Justicia del Estado (2007) gobernado por Juan Sabines Guerrero, entonces representando al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Posteriormente, de 2011 a 2014, “Caminante” se desempeñó como director de la Policía Ministerial de Guerrero durante el gobierno de José Ángel Aguirre, también del PRD, donde fue señalado de practicar -desde esa posición- espionaje telefónico a políticos.

Cuando concluyó esa labor, días antes de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el ahora funcionario del gobierno de Baja California se integró en calidad de secretario de Seguridad Pública al Ayuntamiento de Acapulco.

Los investigadores de la CNDH concluyeron que un teléfono de “El Chango” aparece registrado en el directorio el número telefónico de una persona identificada como “Caminante”, desde el cual Ocampo llamó a Juárez Escalera el 26 de septiembre de 2014; que en las horas críticas del 26 de septiembre, seis elementos, entre ellos el director de la Policía de Iguala, involucrados en los hechos, tuvieron comunicación telefónica con “Caminante” por lo menos en 43 ocasiones.

Además, que el General Brigadier retirado fungió como titular de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero desde diciembre de 2011 hasta agosto de 2014, y once agentes de esa corporación señalan que le conocían con la clave “Caminante”, lo cual corroboró el propio Juárez Escalera, adicionando que la misma clave utilizó cuando laboró como secretario de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En esa etapa de la investigación, se resume que “necesariamente, la autoridad ministerial estaría obligada a -en el curso de sus indagaciones-, profundizar sobre cada uno de estos aspectos en la búsqueda por establecer la identidad de ‘Caminante’, considerando que las actividades ilícitas trascienden a las adscripciones y a nuevos encargos públicos y no representan, en la lógica delincuencial, un obstáculo para su ejecución”.

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