Diez riesgos políticos para 2020

Algunos de los principales riesgos que podría correr México a lo largo de 2020 cuentan con el potencial de impactar su ambiente de negocios, así como el de gobernabilidad, análisis desarrollado por Integralia Consultores con base en indicadores cualitativos y cuantitativos que miden el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo en el que el nivel de probabilidad puede cambiar a lo largo del año y se clasifica en: baja, media, alta y muy alta.

Primeramente encontramos al Activismo legislativo de Morena en un nivel alto de incertidumbre económica, gracias a que se prevé que dicho partido empuje cambios legislativos para completar lo que ellos llaman “Cuarta Transformación”, situación que podría ser factor de mayor debilitación de las instituciones de la democracia representativa. A pesar de que la actual administración afirmó que los cambios constitucionales no se darían si no hasta la mitad del sexenio, no se descarta que los resultados electorales de 2021 limiten la capacidad del partido oficial y de sus aliados para reformar la Constitución.

En respaldo a lo anterior, existen tres elementos que confirman que el ambiente electoral para Morena en 2021 no pinta fácil para quienes sean sus candidatos a diputados federales: los constantes conflictos al interior del partido, tanto en la dirigencia nacional, como en cada entidad del país; la desaprobación que se han ganado alcaldes y autoridades locales de la misma bancada puede incidir en bajo posicionamiento en elecciones locales; la falta de recursos federales para gestión de los diputados en los distritos.

Por otro lado encontramos una mayor fiscalización a finanzas empresariales, que básicamente se da a partir de las crecientes presiones del gobierno para cumplir con sus objetivos presupuestales, situación que implicará un control más fuerte sobre los contribuyentes, con alto potencial de impacto en los costos administrativos para las empresas. Ejemplo de ello es el dictamen que se aprobó en materia de facturas falsas y “empresas fantasma” que se clasifica como delincuencia organizada. Con base en lo anterior, se aprobó también una medida que plantea que los asesores fiscales informen al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los sistemas reportables que generen algún beneficio fiscal, generando con ello mayores responsabilidades en las que, de nueva cuenta el SAT podría prejuzgar la validez de los mencionados esquemas.

Ello sin mencionar que la aprobación de la reforma constitucional para prohibir las condonaciones y exenciones de impuestos, misma que establece la amortización de las legislaciones locales en la materia en el plazo de un año. En resumen, sobre la fiscalización a finanzas empresariales el tipo de riesgo y de probabilidad es alto, toda vez que el fuerte respaldo a dichas medidas se vuelvan más estrictas.

Sobre la continuación de los altos niveles de inseguridad, con base en el análisis hecho por Integralia Consultores, el tipo de riesgo también es de corte económico e implicaría una probabilidad de ocurrencia alta, pues básicamente a pesar de las fallas en la estrategia de seguridad que se hicieron evidentes a lo largo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho ningún cambio sustancial ni de composición del gabinete de seguridad. A lo anterior se suma una falta de claridad en materia de políticas de reinserción social, prevención del delito y reforma del sistema de procuración de justicia que el gobierno actual pretende implementar; desafortunamente es muy probable que en estados y municipios no se contará con los recursos suficientes para reforzar a sus cuerpos policiacos e implementar estrategias de seguridad efectivas, razón por la que es probable que las tasas de incidencia delictiva se mantengan a lo largo de 2020.

Por otro lado se cuenta con un alto riesgo de concentración de la influencia de AMLO sobre el Poder Judicial y órganos autónomos en lo que respecta a la designación de miembros de diversos órganos: el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); un comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); dos vacantes en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); una más en la Comisión Reguladora de Energía (CRE); dos posiciones en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); tres magistrados de salas especializadas en materia de combate a la corrupción (aún pendientes en el Senado).

Para los perfiles anteriormente mencionados se prevé que sean afines al gobierno en turno e, incluso que, algunos no reúnan los requisitos legales o la experiencia necesaria, reduciendo aún más la capacidad en la toma de decisiones con base en criterios técnicos, de objetividad y de eficacia. Sobre el mismo eje de perfiles afines a la administración actual, se encuentra el caso de la Suprema Corte de Justicia que tiene pendientes el resolver temas de gran trascendencia como lo es el caso de la “Ley Bonilla”, así como la posible aprobación de de una reforma constitucional para modificar la integración de y facultades del Poder Judicial (específicamente el Consejo de la Judicatura Federal), caso que sería limitante en su autonomía frente al poder Ejecutivo.

También la continuación del desmantelamiento de la reforma energética marca un alto riesgo de incertidumbre en materia jurídica con una alta probabilidad de que ocurra. Las razones anteriores implican que tanto en la industria de hidrocarburos como en la de electricidad, además de traducirse en falta de competitividad en el sector del que el gobierno continuaría siendo el único proveedor en lo que corresponde a la provisión de servicios de electricidad.

La vulneración de la autonomía del Instituto Nacional Electoral y la reducción de financiamiento para partidos políticos gracias a la Reforma Electoral representa también un tema de concentración de poder con alta probabilidad de ocurrencia ya que Morena puede alcanza la mayoría calificada en la Cámara de Diputados sin el voto de los opositores. Lo anterior significa que en febrero que se emita la convocatoria para elegir a los cuatro consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) que sustituirán a los que terminen sus funciones en abril, Morena podría desginarlos conforme a los perfiles que sean más allegados a su ideología. De darse dicha composición del órgano electoral, ésta podría sumarse con alguna iniciativa para que la presidencia del Consejo General del INE sea rotativa cada tres años, además de ser elegida por los diputados. En caso de que así se de, la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello, así como una seria afectación a la autonomía del Instituto serían el resultado.

Lo anterior, sin contar la iniciativa del Ejecutivo de reducir el financiamiento a partidos políticos en el periodo de sesiones que inicia en febrero, sumado a la reforma electoral que forma parte de la agenda estratégica de Morena en el Senado. Por ende, ambas medidas podrían afectar el funcionamiento del sistema electoral y generar incertidumbre de cara a las elecciones de 2021.

El Aumento de la Conflictividad Social registró una tendencia a la alza durante 2019, situación por la que se le considera un riesgo de corte económico con probabilidad media de ocurrencia, pues para 2020 se mantendrá con base en los siguientes factores: la conflictividad social ha tendido a aumentar como resultado de negociaciones de contratos colectivos que por lo regular terminan en huelgas o manifestaciones, justo como las que se registraron en Matamoros el año pasado; la polarización política es otro factor, misma que encuentra refuerzo en el discurso presidencial al enfatizar una división entre simpatizantes y opositores; los conflictos de aplicación de la ley que han incentivado que diversos grupos sociales se manifiesten de manera violenta, ello con base en la indisposición tanto del gobierno federal como el de la Ciudad de México para resolverlos; la incapacidad de generar ingresos propios y la disminución generalizada de recursos federales para los estados puede debilitar las capacidades gubernamentales para la prevención y resolución de conflictos a nivel local.

El refuerzo de la influencia de AMLO sobre Banxico representa un riesgo económico con probabilidad media de ocurrencia, ya que la posición de Javier Guzmán Calafell, subgobernador del banco central mexicano, entra en juego a finales de 2020 pues culmina su periodo, hecho que representa para López la posibilidad de contar con un tercer miembro en la Junta de Gobierno del mismo. De tales posibilidades ya sea que puede emanar un Banxico más cauteloso en 2020 y, a partir de 2021, un banco más alineado al gobierno.

En lo que respecta a Petróleos Mexicanos (PEMEX), su degradación crediticia seguirá en riesgo a pesar de que a lo largo de 2019 logró sortear una serie de medidas que le otorgaron un salvavidas temporal: recapitalización por parte del gobierno federal, reducción en sus niveles de impuestos, refinanciación de una parte importante de su deuda de corto plazo (con un mayor costo a mediano y largo plazo). Respecto a sus niveles de producción se mantuvieron relativamente estables, si bien inferiores a las previsiones originales en el presupuesto. A pesar de todas las acrobacias que se han realizado a favor de la empresa productiva del Estado, ésta no ha logrado convencer del todo a los inversionistas, por lo que estará bajo el escrutinio de las calificadoras y de los mercados financieros.

Con base en la previsión de producción que PEMEX ha arrojado se antoja exageradamente optimista, sumado a que los indicadores financieros de la petrolera apuntan a un deterioro adicional en su balance, por lo que la probabilidad de una degradación crediticia se mantiene.

Finalmente, las amenazas contra México en el contexto del proceso electoral en Estados Unidos representan un riesgo económico con probabilidad media de que ocurran a pesar de que AMLO ha procurado mantener una posición de conciliación y apaciguamiento frente a Donald Trump, de quien se espera que durante su campaña presidencial 2020 refuerce sus críticas hacia el país, así como la petición de que se construya el muro fronterizo a fin de empujar su éxito electoral. Lo anterior, sin tomar en cuenta que también podría volver la amenaza de aranceles a productos mexicanos, así como temas que tengan que ver con la migración o la seguridad.

La posibilidad de que México forme parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tensaría aún más la relación bilateral, pues dicha posición obligaría al país a tomar una posición sobre los diversos temas de seguridad internacional en los que se involucre Estados Unidos.

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