El dominio “Zeta” en las prisiones del norte de México: autogobierno, hacinamiento, matanzas y riñas

Ausente en el tema nacional, el estado de las prisiones mexicanas saca de nuevo los colores del Gobierno. Lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe sobre el sistema penitenciario 2019. En los reclusorios estatales donde viven buena parte de los presos que hay en el país, persiste la sobrepoblación, el hacinamiento y diferentes niveles de autogobierno.

Según el informe, el estado de las cárceles apenas varía respecto al disgnótico del año anterior, o del anterior del anterior. Los datos correspondientes a la calificación nacional de las cárceles en el país revelan que México obtuvo 6.75 en una escala de evaluación de 0 a 10.

La violencia, riñas y motines son habituales en los penales. Hace apenas unas semanas, un motín en una cárcel de Zacatecas dejó al menos 17 muertos, la mayoría ex sicarios del Cártel de Sinaloa y El Golfo.

Impresiona también que la tendencia en las cárceles sea sobre una insuficiencia de los programas para la prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detención.

Los problemas se presentan sobre todo en las prisiones estatales de Tamaulipas, con una calificación de 5.42; Guerrero, con 5.92 y Veracruz con 5.94. En practicamente todas ellas existe deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud, insuficiente personal de seguridad y custodia, además de la existencia de autogobierno, que el diagnóstico de supervisión penitenciaria describe como el “ejercicio de funciones de autoridad ejercido por personas privadas de la libertad”.

En Tamaulipas, donde el “yugo zeta” controla gran parte de los penales, sólo el Centro de Ejecuciones de Sanciones de Altamira alcanzó una calificación de 6.16, considerando que cumple con gran parte de las reglas que permiten a gran parte de los reclusos garantizar sus derechos.

La ciudad de Matamoros calificó con 5.43, mientras que Nuevo Leredo con 5.38, Ciudad Victoria con 5.22 y Reynosa con 4.91.

Altimara cuenta con una capacidad de 1,534 espacios para hombres y 26 para mujeres. Tiene una población de 751 hombres y 27 mujeres.

El estado fronterizo se rige por las reglas Nelson Mandela, que establecen que el Estado debe aprovechar el periodo de la privación de la libertad a fin de lograr, en lo posible, que los excarcelados al integrarse a la sociedad, luego de salir de la cárcel, puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo.

Desde 2017, la entidad guerrerense a asumido un papel dentro de los peores penales calificados en el país.

En la entidad ocurrió una de las peores matanzas cuando una riña en el penal de Acapulco derivó en la muerte de 28 personas. En ese momento, los hechos revelaron una serie de irregularidades como autogobierno, corrupción y complicidad de los custodios con los reos.

En la tabla de calificaciones del diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el puntaje de los penales en Guerrero fue de 5.92. Estableció que entre las problemáticas detectadas en las cárceles esta la sobrepoblación, hacinamiento, deficiencia en los servicios de salud, e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Aún y con la llegada de Cuitláhuac García al gobierno de Veracruz, la entidad jarocha sigue siendo una de las tres entidades con las peores prisiones del país.

Desde hace años, en las prisiones de esa entidad se han detectado problemas sobre la población, la falta de programas para la prevención de incidentes violentos, las deficientes condiciones materiales e higiene para alojar a los reos, así como deficiente separación entre procesados y sentenciados.

La CNDH destaca el caso del Centro estatal de Poza Rica donde los internos realizan o participan en actividades propias de la autoridad, es decir condiciones de autogobierno. También, evidencia que Veracruz carece de una prisión femenil.

En contra parte de las entidades con los penales peor calificados, se encuentran aquellas con un mejor diagnóstico como lo son Querétaro, Tlaxcala y Coahuila. Este último alberga uno de los Centros de Rehabilitación (Cereso) que sicarios de Los Zetas utilizaron para sus operaciones delictivas en 2011.

Se trató del Cereso de Piedras Negras, donde además de la venta de drogas y las extorsiones, reinaba el exterminio de rivales. La prisión, además, cumplió funciones como refugio para los jefes del cártel de la última letra, y centro de reclutamiento: los sicarios elegían a sus nuevos miembros.

El fin de Topo Chico

El pasado septiembre, terminó la historia del Centro Preventivo de Reinserción Social (Ceprereso) “Topo Chico”. A lo largo de 76 años fue el escenario de múltiples episodios de violencia, sangre y muerte.

Fue una zona de guerra, un territorio en disputa para Los Zetas y los miembros de El Cártel del Golfo; fue un albergue de la Santa Muerte, un lugar para rituales y cultos diabólicos; fue una cárcel estatal para prisioneros de alto perfil, desde funcionarios públicos de negro historial policiaco, hasta encumbrados banqueros y asesinos que inspiraron películas icónicas como “El Silencio de Los Inocentes”.

El Ceprereso de Topo Chico -ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León- abrió sus puertas como prisión estatal en 1943. Durante siete décadas concentró la población penitenciaria de la Baja California, Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Sonora.

El último censo de la Comisión Nacional de Seguridad, correspondiente a 2015, estimó que había 3.965 reos en un lugar planificado para 3.885. Por lo tanto, la sobrepoblación ascendía a 200 internos. No sería la primera ni la única prisión, en México, con problemas de hacinamiento y sus dificultades eran mayores: extorsiones, secuestros, enfrentamientos, riñas y la mayor masacre de reos, registrada en un penal mexicano.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS: