Tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, y luego de la difusión de la llamada “verdad histórica” del gobierno mexicano que sostiene que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, la administración del presidente Enrique Peña Nieto y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un acuerdo de asistencia técnica el 3 de octubre de 2014 en donde intervendrían expertos para realizar investigaciones independientes sobre lo ocurrido.
El 18 de noviembre de ese mismo año, el gobierno mexicano aceptó la creación del órgano independente y para el 16 de enero de 2015 fueron designados los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
- Alejandro Valencia, abogado dedicado a la defensa de los derechos humanos originario de Colombia.
- Ángela María Buitrago, doctora en derecho, originaria de Colombia. Entre 2005 y 2010 fue fiscal.
- Claudia Paz y Paz, jueza y experta en derecho penal, originaria de Guatemala. fue la primera mujer Fiscal General en su país.
- Francisco Cox, abogado con un máster en derecho, originario de Chile
- Carlos Martín Beristain, médico y doctor en psicología, originario de España.
El plazo por el cual estarían asignados fue por nueve meses, terminando en octubre de 2015. Al término de ese plazo se extendió su actuación hasta abril de 2016.
El 30 de abril de 2016, el GIEI concluyó su mandato en México con la denuncia de que los obstáculos a su trabajo bloquearon la posibilidad de cumplir con su tarea central: ubicar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El domingo 24 de abril presentó su informe final en medio de una polémica por la decisión del gobierno mexicano de no prorrogar la estancia del grupo, que abandonaría el país el 30 de abril. En el documento echa abajo la llamada “verdad histórica” del gobierno mexicano.
"Fue una decisión lamentable”, dijo entonces el comisionado presidente de la CIDH, James Cavallaro, porque los objetivos del GIEI no están cumplidos.
“Deseo exhortar a las autoridades mexicanas en todos sus niveles, incluyendo al señor Enrique Peña Nieto, a continuar trabajando en la búsqueda del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos”, dijo en la presentación del informe.
Sin embargo, el presidente Peña Nieto anunció con mensajes de Twitter que la PGR “analizará el informe completo, para enriquecer su investigación sobre los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
En las conclusiones del informe Alejandro Valencia, uno de los integrantes del GIEI, resumió lo ocurrido en los últimos meses de actuación del grupo: “Hay sectores que se han sentido amenazados por la asistencia técnica internacional que ponía en duda el manejo gubernamental del caso”.
Los obstáculos
En el documento, el GIEI detalló el bloqueo a su investigación, que se agudizó a partir de enero de 2016 cuando empezó “un grado mayor de obstrucción” para el trabajo de los expertos. “Se retrasó la realización de diligencias, la respuesta a las peticiones, las tomas de declaraciones. Se mostró escaso interés en que las nuevas líneas de investigación se adelantaran como se venía haciendo”, precisó
Este comportamiento se presentó sobre todo en las propuestas de investigar otras pistas diferentes a la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR): que los 43 estudiantes desaparecidos fueron cremados en el basurero municipal del municipio vecino de Cocula. “Se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario”, insiste el informe.
Otro de los obstáculos fue la decisión de fragmentar la investigación en varios expedientes, a pesar del acuerdo de que el caso se concentraría en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Diligencias secretas
También existen peritajes y diligencias realizadas por la PGR que no se incorporaron en el expediente o se llevaron a cabo sin la participación de expertos. Entre los casos más graves, los expertos señalaron el hallazgo en el Río San Juan de bolsas con ceniza que presuntamente pertenece a los estudiantes. En una de esas bolsas se encontró un fragmento de hueso que permitió identificar al normalista Alexander Mora.
El GIEI presentó un video donde personal de la PGR impide el paso del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras que peritos de la fiscalía recogen evidencias “en secreto”. EL EAAF concluyó que no había evidencia de que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula como sostiene la “verdad histórica”.
Esta diligencia ocurrió el 28 de octubre de 2014, un día antes de que se hiciera oficial el hallazgo de los restos del estudiante. Ese mismo día el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, se presentó en el lugar con uno de los presuntos responsables del crimen Carlos Canto Salgado, “El Chereje”, quien presentaba evidentes signos de tortura.
Allí recogieron un fragmento de hueso, según evidencias periodísticas. Este hecho y el trabajo de los peritos en esa jornada no se incorporaron al expediente del caso. Pero, además, los expertos del GIEI advierten que las autoridades mexicanas se resisten a investigar a funcionarios de alto nivel, especialmente del Ejército. La investigación oficial se concentra en los presuntos autores materiales, como policías o delincuentes.
Lo que sostiene el informe
En el documento, los expertos insisten en que no existe “una sola evidencia” de que los 43 estudiantes fueron cremados en el basurero. La tesis es avalada por el peritaje final del EAAF, que se publicó completo días antes.
Señaló que en el sitio se encontraron indicios de grandes incendios ocurridos al menos desde 2010. También rastros de que allí fueron cremadas 17 personas, pero no existe ninguna evidencia que las vincule con los estudiantes.
El informe del GIEI insistió además en la necesidad de que se investigue el paradero de un quinto autobús, utilizado por los jóvenes la noche del 26 y 27 de septiembre. La existencia del vehículo fue señalada por los sobrevivientes al ataque, pero la PGR no lo incluyó en el expediente hasta casi un año después del hecho.
Una de las teorías es que en el autobús pudo existir algún cargamento ilegal –algunos hablan de droga- que pertenecía a quienes atacaron a los estudiantes, supuestamente del grupo criminal Guerreros Unidos. Las autoridades presentaron una unidad, pero los expertos insisten en que no hay evidencias de que se trate del mismo que estuvo la madrugada del 27 de septiembre.
“La línea del quinto bus no está cerrada, ni puede estar cerrada”, señaló la abogada Ángela Buitrago, integrante del GIEI, en la presentación del informe.
Nuevos datos
En la segunda etapa de su investigación los expertos de la CIDH encontraron contradicciones entre los dichos de quienes están acusados de asesinar a los estudiantes. Señala, además, que el 70% de los detenidos fueron torturados para obtener sus declaraciones.
Uno de los elementos que aportó el nuevo informe es el uso de los teléfonos móviles de los estudiantes. Uno de los jóvenes, por ejemplo, envió un mensaje a su madre para pedirle una recarga de crédito en su aparato y poder seguir utilizándolo. El mensaje fue enviado a la 1:16 de la madrugada del 27 de septiembre, una hora después que según la versión oficial habían sido asesinados en el basurero de Cocula.
Además, varios de los aparatos siguieron en uso días después del ataque, a pesar de que la versión oficial indica que fueron destruidos o quemados. En el informe se muestra la conversación, esa noche, de siete policías de Iguala con una persona identificada como miembro de la banda Guerreros Unidos.
La PGR responsabiliza a este grupo de la desaparición de estudiantes. En la zona de Iguala existen además varias antenas que proveen el servicio de telefonía celular, que permitirían ubicar el paradero exacto de cada teléfono la noche del crimen. Esta información, señala el GIEI, debe ser profundizada en la siguiente etapa de la investigación.
El inusual retén
Entre los nuevos hallazgos los expertos señalaron que la noche del 26 al 27 de septiembre se estableció un retén de policías en la carretera que comunica Iguala con el municipio de Mezcala. Este puesto de control no había aparecido en las investigaciones y en él participaron policías estatales y municipales. Para el GIEI el retén comprueba que la zona donde ocurrieron los hechos es mayor a la que inicialmente se había establecido, es decir, los municipios de Iguala y Cocula.
“Los grupos de crimen organizado establecieron un control territorial permanente en al menos 80 kilómetros a la redonda”, dijo la abogada Buitrago. “El objetivo era, al parecer, impedir la salida del quinto autobús del que se desconoce su paradero real”, abundó.
Pero además es una evidencia de que la noche del 26 de septiembre existió una amplia y coordinada operación contra los estudiantes, en la que participaron autoridades y grupos de delincuentes.
Otros policías
Un elemento adicional que se encontró es la participación de policías del municipio vecino de Huitzuco, así como de al menos dos elementos de la Policía Federal. Los agentes municipales se llevaron a un grupo de estudiantes desde las afueras de Iguala, frente al Palacio de Justicia, hacia el municipio aledaño, según testimonios recabados en las pesquisas.
Allí, un personaje identificado como “el jefe” (de quien se desconoce su identidad) definiría el destino de los estudiantes. A ese lugar llegaron los policías federales, quienes nada hicieron para impedir el secuestro de los jóvenes. El momento, además, fue vigilado de cerca por un oficial de inteligencia del Ejército, quien incluso tomó varias fotografías de los hechos.
El militar no ha sido interrogado ni tampoco se conocen las imágenes que obtuvo, aunque existe una de éstas que no fue incorporada al expediente. Se trata de una fotografía en formato Power Point. Los expertos se preguntan a quién o quiénes presentó el documento con esa imagen.
Los elementos del 27 Batallón de Infantería no pudieron ser entrevistados por el GIEI, a pesar de que lo solicitó durante varios meses. Esta diligencia, que los expertos consideran una de las más importantes para conocer el destino de los estudiantes, no pudo ser desahogada por el Grupo.
El entonces secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, se manifestó en contra de esa diligencia, en una entrevista que dio a Noticieros Televisa.
He estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento, solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas, el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana, en ningún momento dice que pueden interrogar. “No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente, hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos, esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de lo que soy”.
La campaña de desprestigio
En marzo de 2016, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, presentó una denuncia penal ante la PGR contra Emilio Álvarez Icaza, entonces secretario ejecutivo de la CIDH, por el delito de fraude por el dinero que el gobierno mexicano entregó a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
La CIDH denunció este acto como una campaña de desprestigio en contra de GIEI y rechazó la averiguación previa iniciada en contra de Álvarez Icaza. Días después, la Procuraduría consideró improcedente la denuncia por falta de pruebas.
“Ante la dolosa campaña de desprestigio que enfrenta”, más de un centenar de organizaciones civiles y activistas en derechos humanos manifestaron su apoyo al GIEI.
También se descalificó a las fiscales Ángela María Buitrago y a Claudia Paz y Paz, señalándolas falsamente como afines a intereses ilegítimos y presentándolas como responsables de una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala -soslayando que su calidad moral y técnica es ampliamente reconocida en sus países de origen y en la región.
Las organizaciones señalaron que con esta campaña es claro que los esfuerzos se dirigen a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso.
“No puede soslayarse que las descalificaciones se han dirigido contra las dos fiscales mujeres, quienes de manera estrecha trabajan con la Procuraduría General de la República en el expediente del caso, incorporando elementos discriminatorios en razón de género”.
El espionaje
El equipo de investigadores internacionales para el caso Ayotzinapa también fue objeto de espionaje que forma parte de lo que los integrantes del GIEI califican como una campaña de acoso e interferencia que obstaculizó sus indagatorias sobre el caso Iguala.
De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del GIEI, Emilio Álvarez Icaza recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por USD 80 millones de dólares.
Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México. Además, los miembros del GIEI recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje.
El espionaje tenía como blanco a los integrantes del GIEI y afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se volvió paradigmático de la situación de los derechos humanos en México.
“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto. Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, añadió Cox.
Los amparos
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto interpuso más de 200 amparos para no crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala como ordenó un Tribunal federal con sede en Tamaulipas en junio de 2018.
Encinas destacó la incorporación del GAT (Grupo de Asesoría Técnica) “que es el GIEI renovado, quien participarán sin ninguna limitación”, y dijo que como parte de las investigaciones hubo reuniones con la Secretaría de la Defensa “sin restricciones de ninguna naturaleza, desde la apertura del 27 batallón, la puesta a disposición de todos sus elementos que estuvieron ese día en las instalaciones y la coadyuvancia en la búsqueda”.
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