Narcos con marca registrada: buscan lucrar con los nombres de capos y cárteles

Ante la trascendencia que han cobrado sus nombres, narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y el colombiano Pablo Escobar Gaviria, han buscado sacar provecho económico de la situación.

Es por es que han tramitado la inscripción de sus nombre, apodos, rostros, firmas e incluso huellas dactilares, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Sin embargo, de acuerdo con el diario El Universal, algunos particulares también intentaron realizar el trámite para tener la exclusividad de la palabra “narcos”, el nombre de la organización delictiva “Los Zetas”, o incluso alias como “El señor de los cielos”, “La Reina del Sur” o “La Reina del Pacífico”.

También, dice el diario, hay quien ha intentado registrar como propio personajes ficticios como Teresa Mendoza, la mexicana e incluso la imagen y el nombre de Jesús Malverde, conocido como el “santo de los narcotraficantes”; con la finalidad de utilizarlos como denominaciones y logotipos de productos que van desde bebidas alcohólicas, artículos religiosos, hasta prendas de vestir y joyería.

No obstante, el IMPI ha rechazado la mayoría de las solicitudes aduciendo impedimentos legales establecidos en las leyes de la Propiedad Intelectual y en los Derechos de Autor.

Los argumentos legales que el Instituto da es que los nombres y referencias solicitadas se ligan a personajes que atentan contra la moral y el orden público. Así mismo, señala que el trámite pretende registrar nombres propios o seudónimos de terceras personas sin acreditar el consentimiento de los verdaderos propietarios mediante una carta poder.

Entre los pocos delincuentes que lograron obtener el registro, dice El Universal, está Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, ex fundador del Cártel de Guadalajara en la década de los 80. En 2009 registró su nombre para poder ser usado en bebidas alcohólicas, por lo que el Instituto no encontró ningún impedimento.

Lo mismo ocurrió con el llamado “Príncipe del Narco”. La pareja sentimental de Rafael Caro Quintero, Diana Espinoza Aguilar, también registró el nombre del capo, pero fue rechazado ya que no contaba con facultades para adjudicarse el nombre del capo. No obstante, Caro Quintero le firmó una poder otorgándole facultades para cederle los derechos.

El trámite también estaba impedido porque el nombre hacía referencia “a uno de los narcotraficantes más poderosos de la década de los 80″ y la denominación tenía contenido ideológico que atentaban contra la moral y las buenas costumbres. El seguimiento del trámite quedó inconcluso ya que se necesitaba un pago por los derechos.

Otro de los casos más recientes es el de Miguel Ángel Félix Gallardo, que buscó registrar su nombre en noviembre pasado, pero el IMPI aún no emite ningún pronunciamiento.

Sobre el nombre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el registro se lo adjudican su hija Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar y su esposa, Emma Coronel Aispuro; sin embargo, el nombre e imagen están registrados bajo diferentes modalidades.

En 2011, Alejandrina intentó llevar a cabo el registro “El Chapo Guzmán” y “Joaquín El Chapo Guzmán”, pero el IMPI lo rechazó argumentando impedimentos legales para el registro.

Pese a ello, en abril del 2019, la hija del capo lanzó una marca de ropa inspirada en el nombre e imagen de su padre, aunque algunos de los trámites aún están en litigio.

Por su parte, Emma Coronel buscó registrar el nombre completo y alias de su marido en 2014 y 2015 (Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo Guzmán) mediante un amparo, que ya fue concluido, lo que dio como veredicto final, la negativa en forma definitiva.

Sobre el caso de Pablo Escobar Gaviria, en 2011 su esposa e hijos (usando sus nuevas identidades con el apellido Marroquín Santos) intentaron registrar el nombre, firmas y huella del finado capo, pero les fue rechazado.

El argumento fue contundente al señalar que la denominación hacía referencia al líder del Cártel de Medellín abatido en 1993 por las autoridades colombianas, de tal manera que la actividad del capo atentaba contra la moral y el orden público, establecido por las leyes mexicanas.

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