Senador del PAN propuso Fiscalía autónoma para atender crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos

Ante el panorama de violencia e inseguridad que experimentan los periodistas en México, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Antonio Gama Basarte, presentó un proyecto de decreto con el fin de reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y que de esta manera se cree la Fiscalía Especializada en Materia de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

El objetivo de esta medida sería contar con un ente especializado de peso y autónomo para garantizar el compromiso institucional con periodistas y personas en favor de los derechos humanos, pues este sector “ha sido objeto de cooptación, precarización laboral, persecusión, censura y sometimiento ideológico a fuentes oficiales”, mencionó en su propuesta.

Las cifras históricas para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) son complejas, ya que según datos proporcionados por el propio Gama Basarte, sólo ha conseguido cuatro sentencias condenatorias de 803 averiguaciones previas, lo cual equivale a una tasa de casos resueltos del 0.4 por ciento.

Aunque estos números difieren con los de Artículo 19, la cual es una organización que se encarga de rastrear los crímenes en contra de periodistas alrededor del mundo, no tienen un importante distanciamiento y son parte del mismo problema. Según la ONG, entre 2010 y 2018, la Fiscalía logró llegar a 10 sentencias de 1,140 investigaciones. Esto representa una eficacia del 0.87% o un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión.

En la actualidad, México es uno de los peores países del mundo para ser periodista, pues al menos 11 comunicadores fueron asesinados durante el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de éstos, diez se cometieron a lo largo el 2019.

De acuerdo con información de Artículo 19, agosto fue el peor mes para los reporteros en México, ya que murieron tres durante ese periodo. La razones son variadas y van desde sicarios de cárteles molestos por la cobertura hasta funcionarios públicos corruptos que buscan silenciar a sus críticos.

La iniciativa de Gama Basarte fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos y en los artículos transitorios establece que, una vez instalada, el titular deberá solicitar a la FGR la asignación de personal que será parte de las nuevas unidades fiscales.

“Buscamos garantizar las herramientas principales y necesarias para contar real y efectivamente con un acceso a la procuración de justicia y a la protección al derecho de expresarse libremente con certidumbre, paz y tranquilidad en el ejercicio de su profesión”, puntualizó Gama Basarte.

En el caso de periodistas, según datos oficiales, los servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que las células criminales, los delincuentes menores o cualquier otra persona, poniendo en peligro las investigaciones.

Por su parte, el gobierno de México se ha opuesto a las críticas sobre la situación actual de los comunicadores, argumentando que ha aprobado leyes para proteger a los profesionales de la información, dándoles botones de pánico, equipos de vigilancia e incluso guardias armados si la amenaza es lo suficientemente grave.

En el caso de los defensores de derechos humanos, el panorama no es distinto, pues durante el 2019 un total de 21 personas en este ámbito fueron asesinados en México, informó este miércoles la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

Mediante un comunicado, la red destacó que las agresiones contra personas defensoras de la tierra y el territorio aún son recurrentes. Durante el 2019 se incrementó la criminalización y ataques contra las personas defensoras de migrantes y de personas desplazadas forzadamente.

“Según la documentación de la Red TDT, en por lo menos 6 casos, de las 21 personas defensoras asesinadas, los Gobiernos municipales fueron actores clave para perpetrar las agresiones contra ellos, fungiendo sobre todo como autores intelectuales”, apuntó Ángeles Hernández Alvarado, responsable de Protección de la Red TDT.

“Para el 2020, el Estado tiene el reto de generar las condiciones para combatir efectivamente las agresiones contra las personas defensoras, específicamente el asesinato y la ejecución extrajudicial”, añadió.

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