La Embajada de México en Bolivia solicitó hace un mes a las autoridades de aquel país, apoyo de las fuerzas policiales para resguardar la sede diplomática tras la presencia de manifestantes y ante el incremento de las protestas en el país. Así lo confirma dos documentos fechados el 19 y 29 de noviembre, a los cuales diversos medios nacionales tuvieron acceso.
El primer documento, clasificado como “urgente”, señala que, debido a los recientes acontecimientos de conocimiento público, frente a las instalaciones de la Embajada han tenido lugar protestas agresivas. En consecuencia, la sede diplomática le solicita al Ministerio “apoyo para que se garantice la seguridad adecuada a fin de preservar la integridad del personal de esta Representación, así como de los inmuebles”.
Por su parte, el segundo documento enviado por México advierte que la filtración de los nombres y ubicación de los solicitantes de asilo del gobierno del ex presidente Evo Morales, han puesto en una situación de vulnerabilidad a los trabajadores de la Embajada, la sede, y a los ciudadanos que están bajo protección del gobierno mexicano. Por ello, reitera su solicitud de refuerzos policiales, aunque no de inteligencia.
La presencia de más agentes tenía el objetivo de resguardar adecuadamente la integridad y garantizar la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos de México, de conformidad con la Convención de Viena.
Los documentos, filtrados por el gobierno boliviano, demuestran que, tal como había dicho el gobierno latinoamericano, México había hecho reiteradas solicitudes para refuerzos policiales.
En un comunicado emitido por el gobierno interino, Bolivia negó que su objetivo sea entrar a la embajada, señalando que lo único que hacían era atender las peticiones de otro país. Esta ha sido su respuesta frente a las acusaciones de la cancillería mexicana por los presuntos hostigamientos en su sede diplomática.
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, ha publicado en redes sociales el asedio contra la Embajada, incluso compartió fotografías en redes sociales en las que muestra a policías y militares en más de 10 vehículos.
El consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Solorio, indicó que México espera, cesen los actos violatorios de la Convención de Viena, pues “la presencia de policía y militares es un atentado contra este tratado internacional”.
“Queremos que cese el hostigamiento y no queremos que nadie ingrese a nuestra sede diplomática sin autorización. Al estado boliviano también se le solicitará que debe garantizar la seguridad, pero sin atentar contra la dignidad y la libertad. Una cosa es garantizar la seguridad y otra es hostigar”, dijo el consejero jurídico en conferencia de prensa.
De igual manera, la canciller de Bolivia, Karen Longaric Rodríguez, aceptó la propuesta de Reyes Zúñiga para entablar un diálogo entre ambas naciones. En redes sociales, escribió que su país "quiere relaciones amistosas con México basadas en la no injerencia en los asuntos internos”, y exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que respete el proceso democrático.
Por su parte, Wilson Santamaría, viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, dijo en entrevista para Milenio que a pesar de que su país está dispuesto a entablar el diálogo con México, el despliegue de seguridad se mantendrá fuera de la Embajada. De acuerdo con él, el motivo es garantizar la seguridad de los funcionarios y controlar la salida de los políticos que se encuentran resguardados al interior.
“Tenemos obligaciones de cumplir un tratado y defender a esos funcionarios mexicanos en nuestro país para que no les ocurre nada. Y tenemos la obligación de cumplir la orden judicial contra algunos funcionarios que se encuentran resguardados en la Embajada”, explicó.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que, efectivamente, la embajada de México en Bolivia solicitó su apoyo para garantizar la seguridad del recinto. Sin embargo, consideran que el operativo “está fuera de toda proporción” y genera “precisamente lo contrario a lo que la Embajada solicitó”.
“Lejos de brindar seguridad, el operativo, que incluye la grabación constante de los inmuebles, representa una amenaza y una violación a la Convención de Viena”, señala el documento.
El gobierno de México insistió en que hay evidencia del asedio a los inmuebles de México en Bolivia. “Se trata de operativos constantes, con rotaciones nocturnas, de modo tal que hay vigilancia las 24 horas. Los policías observan desde la distancia la actividad de los recintos, además de seguir al personal mexicano cuando abandonan los inmuebles", resalta el texto.
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