Después de casi dos años de permanecer en prisión, Roberto González Meza, ex director de Fuerza Civil durante el gobierno de Javier Duarte, obtuvo su libertad a pesar de estar acusado por la desaparición forzada de 15 jóvenes supuestamente relacionados con la organización de “Los Zetas”.
Otros 13 ex policías que laboraron durante la administración de Duarte, y quienes se encontraban presos por el mismo delito, fueron liberados del penal de Pacho Viejo en Coatepec, donde se encontraba el ex funcionario.
De acuerdo con las investigaciones presentadas al juez, elementos de la Policía Estatal capturaban y torturaban a jóvenes en la ciudad de Xalapa, Veracruz, bajo la sospecha de que eran “halcones” de la organización delictiva de “Los Zetas”. Después, los presuntos elementos de la organización delictiva eran entregados a la Fuerza Especial y desaparecían.
La causa penal 22/2018 señala que González Meza y los expolicías están acusados de desaparecer a 15 personas bajo este modus operandi, y que realizaron estas acciones en el periodo que Arturo Bermúdez Zurita fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Este último personaje también fue acusado de desaparición forzada, pero obtuvo su libertad a inicios de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, actual gobernador del estado de Veracruz.
Entre los ex policías a los que se les modificó la medida cautelar se encuentran: Benigno Neftalí Rivera, Cirilo Hernández Ceballos, José Oscar Rodríguez Franco, Miguel Jiménez López, Silvano Martínez Rivera, Nicanor Ixmatlahua Xotlanihua, Oscar Paul Mendoza, Francisco Martínez Santiago, Crescenciano Domínguez, Daniel García Gutiérrez y José López Cervantes.
¿De que se les está acusando?
El delito del que se les acusa se encuentra en el artículo 215-A del Código Penal Federal y estipula que la desaparición forzada tiene lugar cuando “el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
En la parte B del artículo se detalla que a quien cometa este delito se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión.
Tanto González Meza como los ex policías tuvieron una audiencia en la que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en un siguiente encuentro, la juez de control, Ludivina García Rosas, cambió esa medida y les otorgó la libertad sin que eso signifique que la investigación o el proceso legal en su contra ha terminado.
¿Por qué quedaron en libertad?
El que los imputados ya no tengan que estar en prisión significa que el juicio en contra del ex funcionario y los ex policías se llevará a cabo con ellos en libertad, esto porque el Sistema Penal Acusatorio cambió en México desde 2016 y prima la libertad de los imputados y las salidas alternas.
De acuerdo con el doctor en derecho penal, José Luis Eloy Morales Brand, quien escribió artículos sobre el Sistema Penal Acusatorio mexicano, en esta nueva dinámica “la libertad personal del imputado se protege al máximo, constituyéndose la regla general de enfrentar el procedimiento en libertad, y sólo en casos mínimos podrá ser detenido.”
Por lo tanto, mientras el juez no determine que existe un riesgo de fuga o no cuente con datos suficientes y justificados para que una persona sea remitida en un penal, entonces deberá primar la libertad de los imputados o en todo caso imponer medidas cautelares.
Las medidas cautelares se imponen con el objetivo de evitar la reincidencia delictiva de los acusados, para asegurar la presencia de los mismos a lo largo del proceso jurídico y proteger a las víctimas, ofendidos y testigos. En el nuevo sistema acusatorio existen en total 12 medidas cautelares, siendo la prisión preventiva la más fuerte por afectar la libertad personal, por lo tanto deberá ser la última opción aplicable a los acusados.
Para el caso de González Medina, en un primer momento se le aplicó la prisión preventiva oficiosa, es decir, aquella aplicada de manera obligatoria y automática; sin embargo, en una segunda audiencia la juez consideró que el ex funcionario podría continuar su proceso en libertad, por lo que ahora el ex director de la Fuerza Civil no estará detenido en un penal.
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