El gobierno de López Obrador investigará las subastas de bienes confiscados en administraciones anteriores

El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador investigará a los funcionarios del Instituto de Administración de Bienes y Activos (SAE) para saber si cometieron actos de corrupción en las subastas de bienes realizadas en administraciones anteriores e incluso en la actual.

En entrevista con El Universal, el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), Ricardo Rodríguez Vargas, aseguró que antes, el dinero se perdía en “la tubería del gobierno federal”.

Al presentarle un reporte al presidente Andrés Manuel López Obrador se supo que alrededor de 205 millones de pesos, procedente de las subastas, una tercera parte se fue a la Secretaría de Salud, otra similar al Poder Judicial y una última a la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

“Si de esos 205 millones tú le preguntas a la Secretaría de Salud, cuando estaba Felipe Calderón, alguien dice que se fueron para unos centros comunitarios de combate a las adicciones, pero incluso eso está muy cuestionado”, dijo.

El director del Indep reveló a El Universal que junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, se están ubicando las áreas de riesgo en la institución, por lo que la simulación de subastas para favorecer a funcionarios públicos es algo que se investigará el próximo año.

“Áreas de riesgo son las de administrar bienes -esos de comercio exterior o que vienen de la Fiscalía-. Otra área de mejora podría ser la de ventas, la de subastas, (éstas tienen que ser) claras, transparentes, además de que esté la posibilidad de que todos participen, que no se forme un ‘club de Toby’ por el que sólo cinco o seis personas sean las que compren los bienes”, señaló.

En caso de que se encuentre alguna irregularidad, Rodríguez Vargas aseguró que se irá al fondo del asunto y se procederá legalmente contra quien sea responsable de alguna anomalía, ya sea en alguna administración anterior o en la actual.

“Con los funcionarios anteriores y con los actuales compañeros no me temblaría la mano. Si nosotros tenemos indicios de algo incorrecto, tiene que haber una sanción, en caso de comprobarse que alguien pudiera haber incurrido en acto indebido o lo esté haciendo”.

A pregunta expresa de si alguna vez se presentó una simulación de subastas, Ricardo Rodríguez Vargas dijo que además de eso, también se indaga si quienes compraron los bienes son gente ligada a la administración anterior.

“Es lo estamos analizando e investigando, con el fin de ver si la gente que compraba los bienes era propia de la institución y estaba simulando a través de terceros”.

Respecto a la posibilidad de que se pueda vulnerar algún derecho toda vez de que ahora puede ponerse en subasta un bien a pesar de que aún no concluya la carpeta de investigación, Rodríguez Vargas aseguró

“Con la Ley de Extinción de Dominio se enojan algunos sectores de la opinión pública, porque descobija a las personas, pero te voy a decir una cosa: al que se porta bien no le pasa nada: quien se porta bien no debe tenerle miedo a la extinción de dominio”.

“Incluso puede ser benéfico para quien se le recoge el bien. Por ejemplo, a ti se te puede cuestionar por un Audi, de dónde lo sacaste, entonces vas al instituto, se te cuestiona y pierdes el bien. Tú te inconformas, pero como yo ya vendí el vehículo, te doy un tabulador lo más apegado a la realidad e incluso un dinero adicional por actualizar el valor”, aseguró.

Por último, aclaró que “esta ley permite un fondo “resarcitorio” con el que se pueda compensar a aquellas personas que consideran que no fueron correctas la venta y enajenación de bienes. El dinero sale de la venta de los bienes asegurados; por ejemplo, si son bienes asegurados, 30% se va a la compensación de este fondo; si son bienes declarados en abandono, se va 10%. Así es como se crea, concluyó”.

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