La tensión entre Bolivia y México tras la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de conceder asilo político a Evo Morales va en aumento. Este lunes, el gobierno mexicano denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) “la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos” que vigilan tanto la residencia del embajador como la Embajada de México en el país latinoamericano.
La Misión Permanente de México en la OEA detalló en una carta que, desde el 21 de diciembre, alrededor de 150 funcionarios policiales y de inteligencia de Bolivia rodean la residencia oficial. Presuntamente, este lunes, como parte de las “acciones intimidatorias”, se intentó inspeccionar el vehículo de la embajadora en el país sudamericano.
"Más que proteger, han intimidado y vigilado el interior de las instalaciones, así como al personal diplomático mexicano”, señaló la carta dirigida al organismo internacional. De acuerdo con ella, estas acciones contravienen el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, tal como lo dicta la Convención de Viena.
Horas después, el propio ex mandatario boliviano, Evo Morales, criticó en Twitter al gobierno interino que preside Jeanine Añez, por presuntamente, cercar la Embajada de México en La Paz con policías.
“Repudiamos que el gobierno de facto al estilo de la dictadura militar viole la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al cercar la residencia mexicana con policías y utilizar drones que violan su espacio aéreo para amedrentar y poner en riesgo la seguridad los asilados”, apuntó.
Aunque el gobierno boliviano no ha respondido a estos cuestionamientos, de manera casi paralela, criticó a México por “violar” la normativa interna de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) al convocar a reuniones del organismo sin consultar con La Paz, que ejerce la presidencia pro témpore del bloque.
“El gobierno de México está actuando al margen de los procedimientos para el funcionamiento orgánico de la Celac, desconociendo las atribuciones de la presidencia pro témpore de Bolivia”, dice la nota firmada por la canciller del gobierno interino Karen Longaric y entregada a los embajadores del organismo.
“Bolivia no acepta, ni aceptará injerencia alguna en su política interna. Veremos si continuamos en la CELAC (...) y si México rectifica su conducta de violación a las normas de procedimiento”, señaló Longaric.
La misiva enviada por el gobierno latinoamericano también señala la negativa de la administración de López Obrador de reconocer a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia. "No pasa desapercibida la reiterada conducta inamistosa del actual Gobierno de México con Bolivia, su reticencia a reconocer al Gobierno constitucional de la presidenta Jeanine Áñez, la vulneración a los principios fundamentales del instituto del asilo para favorecer al señor Evo Morales sumada a esta nueva conducta constituyen injerencia en los asuntos internos de Bolivia y contravienen la casi centenaria doctrina Estrada que definió la política exterior mexicana”, dice en el documento.
El inicio del conflicto
La relación entre ambos gobiernos se ha visto tensada por la salida de Evo Morales el 10 de noviembre y su asilo en territorio azteca. Tras su renuncia, López Obrador le ofreció asilo político al considerar que la vida del ex presidente corría peligro.
Morales llegó a México dos días después de su renuncia y permaneció en el país un mes. Posteriormente se trasladó a Argentina, donde recientemente tomó posesión Alberto Fernández. Ambos países calificaron lo sucedido en Bolivia como un golpe de Estado y dieron su apoyo al líder indígena.
Además, en el caso mexicano, cinco ex funcionarios del gobierno de Morales se refugiaron en la embajada de México en La Paz, sin que hasta la fecha sean entregados al actual gobierno interino.
El 28 de noviembre la administración boliviana solicitó a México su entrega, aclarando que hay órdenes de captura en su contra.
Seis días antes, el 22 de noviembre, Bolivia presentó una “protesta formal” ante México por desconocer la Declaración sobre el Asilo Territorial, adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1967 y que señala que “los Estados que concedan asilo no permitirán que las personas que hayan recibido asilo se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.
Dicha queja se refería a la supuesta llamada telefónica que Evo Morales habría hecho desde México, en la cual el líder indígena ordena los bloqueos de La Paz.
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