La mayoría de los centros de rehabilitación de drogas en México no cuentan con permiso de funcionamiento oficial. De 2.300 existentes en el país, solamente 500 tienen la documentación necesaria para operar. Esta información está en manos de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic). Sin embargo, la institución no planea cerrar los sitios que funcionan de manera irregular, ya que el gobierno no se daría abasto con las personas que requieren este servicio.
“Lo último que deseamos hacer desde la Conadic y con la Cofepris es el cierre de estos centros, porque sí logran solventar una parte muy importante de las necesidades de la población. Si mañana dijéramos que todos los anexos que no están registrados o serán clausurados -además consideremos que jurídicamente es muy difícil hacer esto-, tendríamos un grave problema con las miles de personas que están recibiendo esta atención. Pues no tendrían donde sustituirla”, explicó Zabicky Sirot, titular de la comisión, a El Universal.
El problema de las adicciones ha aumentado en los últimos años. Durante el 2018, creció la demanda de tratamiento por consumo de anfetaminas, según datos de Nora Frías Melgoza, especialista de la Conadic. En 2017 hubo 2.597 muertes por sustancias psicoactivas: 93% fueron por alcohol, 4% por combinar distintas sustancias, 1% por tabaco y 0,7% por inhalables.
Mientras que Antonio de Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), declaró a mediados de este año que en consumo de drogas creció 30%. “Más de 270 millones de personas usaron drogas en el último año, 31 millones presentaron algún trastorno relacionado con el uso de sustancias y más de medio millón de personas murieron a consecuencia de su consumo”, dijo a El Universal.
Por lo que hacen falta centros de rehabilitación regulados, ya que a pesar de que los que se encuentran abiertos funcionan como contención y apoyo para las personas que sufren este problema, en muchos de ellos hay maltratos físicos y psicológicos. Arturo Ortíz Castro, especialista en prevención de adicciones y consumo de sustancias del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP), hay casos de personas a las que han quemado y mutilado dentro de estos lugares. Incluso, una persona fue enterrado vivo y luego sacado como castigo por no seguir reglas, contó a El Universal.
“Para quienes sobreviven, los efectos emocionales derivan del internamiento, además de la depresión, van desde la pérdida de confianza en sí mismos y en otras personas hasta daños en la memoria, en la capacidad de análisis, de síntesis, de seguimiento de secuencias y de aprendizaje con base en la experiencia”, dijo el experto.
Por lo que considera que el Estado debe realizar esfuerzos más grandes para regularizar los centros disponibles, para que sus operaciones sean seguras para los usuarios y se apeguen a las normas y respeto de los derechos humanos.
“Si queremos ayudarles a todas las cabezas y líderes de estos centros, que se acerquen, para que los apoyemos a certificarlos, ya que de esa manera será más grande la oferta de sitios que sí cumplen con la ley; es decir, que tienen un estado sanitario, profesionalismo, capacitación, buenas prácticas y respeto por los derechos de los pacientes. Podríamos trabajar con ellos”, dijo Zabicky Sirot.
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