Secretaría de Hacienda recuperó 2,000 millones de pesos de siete empresas que utilizaban facturas falsas

A partir de enero del 2020 se comenzarán a aplicar nuevas medidas en contra de las personas morales que compren facturas falsas. A causa de esta iniciativa, siete compañías ya corrigieron su situación fiscal antes de que la reforma entre en vigor, lo cual las obligó a pagar 2,000 millones de pesos con el objetivo de reparar el daño al erario, así como evitar acciones penales en su contra.

De esto informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, durante una conferencia con los medios de comunicación en donde resaltó que el hecho de la inmediatez de los efectos de la reforma estimuló a las compañías a llevar cabo un proceso de autocorrección ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y luego con la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Herrera también destacó que no fue necesario el “terrorismo fiscal”, pues sucedió lo contrario a este término, ya que únicamente bastó la publicación del texto para que las empresas conscientes que deducían cantidades adicionales a partir de la compra de facturas falsas, tuvieran la iniciativa de corregir y pagar. “No hubo necesidad de poner en práctica las potestades fiscales”, mencionó.

Sin embargo, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, explicó que si bien las compañías decidieron corregir su accionar, de todas maneras existe un delito y aunque buscaron la reparación del daño al erario, el proceso en relación a ellas continúa. Un punto relevante respecto a esta conexión entre las autoridades y las empresas es que las segundas ayudarán a proporcionar información sobre quiénes están detrás de las compañías que compraron facturas falsas.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el carácter de víctima ofendido. Una vez que se firme el acuerdo reparatorio ante la Fiscalía General de la República se exime cualquier acción penal y con eso se tiene por debidamente satisfecho el daño causado a la Secretaría (...) Estas empresas están proporcionando información respecto a las que venden facturas y nosotros estamos iniciando investigaciones para llegar a las cabezas”, detalló Romero Aranda.

Las reforma que se aprobó a mediados de octubre contempla modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la de Seguridad Nacional, así como los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal. En esencia, estos cambios se enfocarán en equiparar el uso de facturas falsas y la operación de empresas fantasma a una amenaza de seguridad nacional y delincuencia organizada.

De acuerdo con las transformaciones avaladas y publicadas en noviembre en el Diario Oficial de la Federación, serán considerados miembros de la delincuencia organizada quienes con el uso de engaños o aprovechamiento de errores, omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución o adquieran algún beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

En este sentido, también entrarán en la clasificación aquellas personas que en sus declaraciones fiscales presenten deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los que realmente obtuvieron. Además, se impondrán sanciones de tres a cinco años de prisión a quienes alteren o destruyan sellos, aparatos de control o marcas oficiales colocados con fines fiscales.

También se impondrán castigos de dos a nueve años a quienes por sí mismos o por medio de otra persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

En octubre, cuando se discutía su aprobación, la estrategia prevista por el gobierno mexicano para combatir la evasión, el fraude y la elusión fiscal provocó fuertes críticas de empresarios e industriales. El director ejecutivo de Grupo Pochteca, Armando Santacruz, por ejemplo, sostuvo que la prisión preventiva y la confiscación y venta de activos antes de una condena son medidas “represivas”, pues amenazan con tratar a los evasores como “narcotraficantes”.

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