“Pruébenlo”, así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador atajó las críticas por la exoneración de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por conflicto de intereses de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras una investigación.
“No somos iguales”, agregó. Y es que la resolución de Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP detonó una ola de críticas al gobierno del tabasqueño.
“Cualquier cosa dicen, ‘ah Bartlett’, es lo mismo”, dijo en referencia a la prensa.
“No hubo ninguna omisión” en las declaraciones patrimoniales de Bartlett porque no estaba obligado a declarar los bienes de su pareja sentimental ni de hijos que ya no dependen económicamente de él, afirmó Sandoval, titular del órgano del gobierno mexicano con funciones de contraloría.
“Pruébenlo, por lo que corresponde a nosotros, el señor es director del CFE, a ver, ahí cuáles son las transas, los contratos entregados", agregó el presidente en Palacio Nacional el viernes en su conferencia de prensa.
López Obrador matizó que a Bartlett se le investigó solo por su papel actual dentro del gobierno.
“Lo que hizo antes, bueno, eso se juzga y cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió, además yo tengo en estos casos un criterio que considero amplio. No se puede solo acusar sin pruebas, yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé”.
López Obrador revivió su discurso sobre el fin a la corrupción con una advertencia: “Si hay un funcionario corrupto, no se va a la calle, se va a la cárcel”.
La secretaría examinó 33 denuncias anónimas en las que se acusaba al político, uno de los personajes más cuestionados del gobierno del presidente López Obrador, de tener una fortuna 16 veces más grande de la declarada, que asciende oficialmente a más de 2,5 millones de dólares, basada sobre todo en un imperio inmobiliario de 25 propiedades, cuando sólo había declarado 5.
La investigación demostró que esas 25 propiedades existen “e incluso dos adicionales”, pero dice que Bartlett no tiene “injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos”, ni hay elementos que dejen entrever que el funcionario haya utilizado prestanombres.
Sandoval indicó que, cuando entre en vigor la nueva ley de declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos en enero, Bartlett sí tendrá que “rendir cuentas” de ese tipo de propiedades, pero ahora no.
“No hay doble juego; hay una sola legalidad y no se violentó esa legalidad”, señaló. “Aquí buscamos, buscamos y no encontramos”.
En el pasado se ha cuestionado fuertemente que las denuncias de corrupción de altos funcionarios sean investigadas por el gobierno en turno.
Un caso muy sonado fue el de la así llamada “Casa Blanca”, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto fue exculpado de haber incurrido en alguna irregularidad o conflicto de interés por el hecho de que su esposa hubiera adquirido una lujosa casa a un contratista del gobierno.
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