Tras la captura del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna el pasado 9 de diciembre en Texas, Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) a cargo de Santiago Vasconcelos, congeló las cuentas del llamado “Súper Policía” y ya investiga a algunos de las personas más cercanas a él por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Uno de estos hombres es Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe de Inteligencia de la Policía Federal y quien formaba parte del círculo más cercano de García Luna desde la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox.
Ramón Pequeño fue titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) de 2008 a 2009. Luego, de 2009 a 2013 encabezó la División Antidrogas de la PF cuya misión era combatir a los cárteles, entre ellos al de Sinaloa, así como a la producción, tenencia y tráfico de estupefacientes. Después, de 2013 a 2015, fue titular de la División de Inteligencia de la PF.
Una de sus funciones al frente de esta división era la de estar al mando del monitoreo de las cámaras de seguridad de los centros penitenciarios, justo cuando ocurrió la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del Cefereso 1, en Almoloya, Estado de México en 2015, por lo que fue destituido.
El ex comisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien fue acusado de delincuencia organizada y encarcelado tres años tras enviarle al ex presidente Felipe Calderón dos cartas denunciando los vínculos de García Luna con el narcotráfico, reveló a Aristegui Noticias, que Pequeño García es asesor de Alfonso Durazo, actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La fuga de Almoloya
Luego de escapar de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande escondido en un carrito de lavandería (19 de enero de 2001) y tras permanecer 13 años prófugo, Joaquín “El Chapo” Guzmán fue detenido el 22 de febrero de 2014 en un condominio de Mazatlán Sinaloa, por elementos de la Marina mexicana, después de eludirlos por varios días por un sistema de túneles.
De inmediato fue recluido en otra cárcel de máxima seguridad, en el Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya, en el Estado de México, en donde según las autoridades, estaba aislado y era vigilado día y noche a través de cámaras de seguridad.
Sin embargo y pese a los antecedentes de la fuga de Puente Grande, “El Chapo” tuvo nuevas concesiones en el penal del Altiplano por las que habría pagado sumas millonarias y era capaz de enviar indicaciones a personas de su confianza a través de su abogado de aquel momento.
Luego de permanecer preso durante más de un año, el sábado 11 de julio de 2015, el narcotraficante considerado en ese momento, como el más poderoso de México y el mundo, escapó de la cárcel a través de un túnel de un kilómetro y medio de largo, desde el baño de su celda, hasta un terreno aledaño al penal.
El túnel estaba iluminado y contaba con unas vías por las que habría escapado rápidamente a través de una motocicleta conducida por un ayudante.
De acuerdo con las declaraciones de Dámaso López, “compadre” de “El Chapo” detenido en la Ciudad de México el 2 de mayo de 2017, extraditado a Estados Unidos y uno de los testigos en el juicio en contra del capo mexicano, aseguró que el propio Chapo le dijo los ruidos de la perforación del túnel eran tan fuertes que generaban “molestias” a los otros reos que se quejaban.
Sin embargo, los ruidos “pasaron inadvertidos” para las autoridades del penal de máxima seguridad.
Luego de la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el entonces secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, habría removido de la la División de Inteligencia de la Policía Federal a Ramón Pequeño.
“El Chapo” fue recapturado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016 y rápidamente fue transferido a otro penal en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, país al que fue extraditado.
Luego de un juicio que duró más de 6 meses, fue condenado a cadena perpetua por el juez Brian Cogan, el mismo que se encargaría del juicio de Genaro García Luna, acusado de cuatro delitos: tres por conspiración para traficar drogas a Estados Unidos y uno por mentir bajo juramento sobre su relación con el narcotráfico.
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