El Instituto Nacional Electoral (INE) citó a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador a causa de una investigación que el organismo está llevando a cabo en relación al presunto uso electoral de la red de Servidores de la Nación, quienes son los encargados de levantar el padrón de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal.
El requerimiento judicial se realizará este miércoles en punto de las 10:00 horas en las oficinas de la institución. Cabe destacar que ésta es la segunda ocasión en que el INE, por medio de la Unidad Técnica de lo Contencioso, llama a López Obrador a comparecer. La primera vez fue en septiembre y en aquella oportunidad, el presidente decidió enviar a un representante legal.
La llamada forma parte del proceso que está realizando el órgano electoral tras la denuncia que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso respecto a la manera en que se están ejerciendo los recursos públicos en favor del presidente de la República.
A través de un comunicado, el partido criticó que el “Gobierno Federal está destinando cerca de 3.500 millones de pesos anuales a la nómina y gastos de la operación del Coordinador General, Delegados Estatales, Coordinadores Regionales y toda la estructura diseñada para operar los recursos públicos del Programa para el Desarrollo”. Todo esto, además, lo calificaron como un “daño a la vida democrática del país”.
Durante esta audiencia, explicaron las autoridades del PRD, se presentarán nuevas pruebas respecto a quién financia a los Servidores de la Nación, pues, argumentan, estos entregan dinero a nombre de López Obrador “para posicionar a Morena rumbo a las próximas elecciones”. Entonces, la Unidad Técnica de lo Contencioso valorará los argumentos para determinar si existe, o no, una violación de la ley electoral.
Cabe recordar que la denuncia comenzó en agosto, cuando el mismo partido acusó que los Servidores de la Nación llevaban a cabo su censo de beneficiarios y entrega de tarjetas de programas sociales con indumentaria en donde aparecía el nombre del presidente, lo cual constituye un delito electoral, pues ellos son trabajadores con un sueldo, el cual sale del presupuesto federal y como tal no pueden hacer promoción de ningún funcionario.
En aquel entonces, la Comisión de Quejas y Denuncia del INE emitió una orden para que suspendieran la propaganda personalizada, ya que incluir el nombre del presidente en ropa y en accesorios violaba el artículo 134 constitucional. También se le prohibió a las personas que realizaran labores como Servidores de la Nación, hacer mención del presidente cada vez que entregaran apoyos económicos en los domicilios.
Se les obligó, además, que en un plazo de 12 horas retiraran la propaganda alojada en sitios de internet como Facebook, Twitter y más redes sociales, así como la que se puede encontrar en portales oficiales de las instituciones públicas de aquellos funcionarios que también se denominan como Servidores de la Nación.
El contenido en internet al que hacía referencia la medida eran todos aquellos videos o fotografías que atribuyesen como logro de una sola persona, el presidente en este caso, y no al gobierno de la República o a una institución, la entrega de los bienes y recursos de programas sociales a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.
Según el artículo 134 de la Constitución, la propaganda que difunda cualquier poder público u órgano autónomo debe tener carácter institucional y sólo fines informativos y/o educativos. En ningún caso la propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que implique “promoción personalizada” de cualquier servidor público.
Ésta no ha sido la única polémica en torno a los Servidores de la Nación, pues antes de la denuncia del PRD se había dado a conocer que Josué Farelas Pacheco, hijo del líder de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, ostentaba un cargo público como coordinador de los Servidores de la Nación al mismo tiempo que era asesor jurídico de la asociación evangélica de su padre, Arturo Farelas.
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