Guanajuato se ha convertido en un verdadero infierno. La entidad vive sus días más violentos desde que se tiene registro: es el estado con el mayor número de homicidios dolosos, decenas de policías han sido asesinados, se han incrementado los feminicidios, además de que hay un alto número de negocios y empresas que han cerrado debido a la extorsión y el cobro de piso del crimen organizado, afectando la economía estatal.
La violencia que se vive en esta tierra del Bajío mexicano se debe principalmente a dos razones: al cruento enfrentamiento que sostienen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera “El Mencho” y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro; así como por la lucha del gobierno federal en contra del robo de combustible, también denominado como “huachicoleo”, actividad principal de “El Marro”.
Y es que la zona es altamente codiciada por ser paso del trasiego de drogas hacia el norte del país, además de que tiene numerosos ductos de hidrocarburos de Pemex .
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, en esta entidad se han cometido 3,211 asesinatos, 554 personas más que Baja California, el segundo estado con mayor número de homicidios dolosos en el país.
Guanajuato también es una de las entidades en donde más matan a policías. Del 2 de enero al 13 de diciembre de este año, 64 uniformados perdieron la vida, por lo que se ha convertido en el estado más peligroso para ellos.
Pero en los últimos meses, la situación se ha recrudecido a tal punto, que entre el 10 y 11 de diciembre pasados, fueron asesinados 12 uniformados, a unos los mató gente de “El Mencho”, a otros, hombres de “El Marro”.
Una de las víctimas era María Sonia Arellano, policía tercero de Irapuato quien hace cuatro meses había sido condecorada con el Mérito Policial 2019 al formar parte de operativos exitosos en el combate al “huachicol”. Su cuerpo fue desmembrado.
El 11 de diciembre al menos 15 presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ingresaron a la sede de la policía del municipio de Villagrán y dispararon contra los agentes, dejando un saldo en el momento de tres muertos y dos heridos.
Pero se llevaron a cuatro elementos, entre los que se encontraba un juez calificador. Tres días después, en redes sociales circuló un video en el que hombres encapuchados interrogaban a los policías. Fueron ejecutados y sus cuerpos aparecieron desmembrados y dentro de bolsas negras. El juez fue torturado, pero puesto en libertad.
Según el periodista Héctor de Mauléon, en el 80% de los casos, las muertes llegaron acompañadas de señalamientos por supuestos vínculos entre las víctimas y los grupos criminales.
De Mauleón señala que tras doce meses del combate al huachicol en Guanajuato por parte del gobierno federal, el Cártel de Santa Rosa de Lima se ha debilitado, lo que ha sido aprovechado por “El Mencho” para apoderarse de “la plaza”. A eso se debe el recrudecimiento de la violencia.
Pero a eso hay que sumar el hecho de que el gobierno federal inmovilizó a la Policía Federal (que se encuentra en vías de extinción), sacó a la Marina de las operaciones de inteligencia que venía realizando y desplegó a numerosos elementos de la Guardia Nacional, que sólo se han avocado a tareas de patrullaje, por lo que los policías estatales y municipales han quedado en el primer frente para enfrentar al crimen organizado.
Sin embargo, para la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana, Sofía Huett, el asesinato de los policías es una muestra de que los agentes están haciendo bien su trabajo pues no se repliegan.
Esta mañana, durante la tradicional conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, reveló que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es uno de los cinco mandatarios estatales que menos acude a las reuniones de seguridad organizadas por el Gobierno de México.
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