Acusan a familiares de funcionaria del IMSS de lucrar con la tragedia de la Guardería ABC

Luego de 10 años de la tragedia que arrebató la vida de 49 niños y dejó 24 pequeños con quemaduras por el incendio registrado el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, se descubrió que familiares de Marcela Fimbres Ibarra, ex administradora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), sitio que fue creado para atender a las víctimas, cobraron grandes cantidades de dinero lucrando con dicha desgracia.

El CAICE fue creado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y está integrado por pediatras, rehabilitadores, psicológos, psquiatras, neumólogos y personal administrativo. Brinda atención a los familiares y niños afectados de aquel oscuro día, donde las llamas consumieron una parte de la estancia infantil, ubicada en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el periódico El Universal, una red de familiares conformada por Cuauhtémoc y Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, esposos de las hermanas de la ex administradora del CAICE, Mayra Fibres y Luz María Fibres, así como la mamá de ambos hermanos, Ana Alicia Carrillo Navarro se beneficiaron con la jugosa cantidad de más de 10 millones de pesos fungiendo como proveedores de servicios en el tiempo en que Marcela estuvo a cargo de las finanzas del organismo.

Ana Alicia, por ejemplo, cobró en tan solo un año, un millón 88 mil pesos por productos de farmacia, pese a no tener ningún registro como proveedora de servicios, en ninguno de los ámbitos de gobierno y consiguió un contrato por adjudicación directa en 2017 por un monto de 173,536 pesos con el IMSS por otorgar el servicio de capacitación para el personal del CAICE del 16 al 22 de junio de este año.

Pero además, esta familia se encargó de vender productos farmacéuticos a un precio superior al real y con ello, elevaron aún más sus ganancias.

En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un mal funcionamiento en las finanzas del CAICE durante la revisión de la Cuenta Pública de 2017.

Con la intención de saber cómo se estaba invirtiendo el dinero se seleccionó a siete de los principales proveedores de dicho centro de atención, entre los que destacaron los nombres de Ana Alicia y Omar Cuitláhuac.

Con ello se logró documentar el costo elevado en la compra de al menos 200 productos por los que se gastaron 81,500 pesos.

Entre esos productos salió a relucir la compra de 50 tubos de crema Cetaphil por 19,000 pesos, pero el costo real tendría que haber sido de aproximadamente 4,500 pesos.

Se descubrió también una elevación en medicamentos como: Fotoral, con un costo de 750 pesos y en las farmacias se oferta en 220 pesos; pomada Voltaren vendida en 620 pesos, pero su precio es de 137 pesos, así como Adimod de 400 mg, en 1,400 pesos y su costo comercial es de 405 pesos. Los productos fueron adquiridos por el proveedor Omar Cuitláhuac, quien brindó servicios de farmacia y dermatología al CAICE de 2913 a 2017.

Omar Cuitláhuac se “embolsó” al menos 9,000,000 de pesos por los contratos que ganó en ese centro y fue ubicado entre los 10 proveedores que recibió más dinero.

En tanto, su hermano, Cuauhtémoc Flores Carrillo, cobró solamente por insumos la cantidad de 131,919 pesos, según el catálogo de proveedores obtenido por solicitudes de información.

La ASF detectó la compra que se hizo a Omar por al menos 682,000 pesos de medicamentos dermatológicos y que fueron solicitados por la entonces administradora del CAME, Marcela Fibres vía correo electrónico.

Marcela Fibres, pasante en Administración del Instituto Tecnológico de Hermosillo, fue contratada por el IMSS en abril de 2009, donde brindaba talleres informativos, realizaba encuestas de farmacias, entre otras cosas.

Transcurrieron solo cinco meses para que fuera asignada al CAICE, donde realizaba las mismas actividades, hasta 2012, día en que obtuvo el puesto de administradora del lugar.

Este año inició a realizar actividades de trámites de viáticos como compra de boletos y trámites de apoyos a favor de usuarios del CAICE; sin embargo, en todas sus actividades, tanto la ASF, como los padres de algunas víctimas del incendio de la guarderías ABC detectaron irregularidades.

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