En una tarea de ejercicio participativo, el gobierno de México consultó en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo sobre el megaproyecto del Tren Maya, consulta de la que reportaron “una amplia participación”, sumada a las asambleas consultivas con ejidatarios de quienes también reportaron un amplio visto bueno a cambio de recibir atención por parte de la administración actual en cuanto a las necesidades que más urgen en sus comunidades.
Por ello, la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró a través de la Secretaría de Gobernación que los participantes los reconocieron como un ente gubernamental que sí los toma en cuenta en la toma de decisiones, como nunca antes.
Sin embargo, en Campeche, comunidades de diferentes barrios y colonias, entre ellas Ermita y Santa Lucía se manifestaron en contra del Tren Maya, pues sus viviendas se ubican justo a lado de donde se colocarían las vías de la línea ferroviaria.
Las comunidades de Campeche subrayaron que el gobierno los tacha de invasores, cuando en realidad están siendo afectados por los planes que tienen en relación al Tren Maya.
En Calakmul, Campeche, se dio un “no” contundente al proyecto, negativa que fue avalada por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que se reforzó con la presencia de más de la mitas de las comunidades, las que, a través de un documento detallaron los motivos por los cuales se oponen el megaproyecto.
Sobre los motivos principales que presentaron lo pobladores de las comunidades mencionadas, destacaron que no hay estudios sobre los posibles impactos que puede tener el tren en materia ambiental, económica y social.
En lo correspondiente a Chiapas fueron pocas las personas que acudieron a votar en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, aunque las pocas personas que lo hicieron dieron su visto bueno al proyecto a través de la consulta ciudadana “de carácter vinculante”.
Respecto de las asambleas consultivas, tanto el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), lograron que 5 mil 193 ejidatarios firmaran actas en las que expresaban su consentimiento ante lo que parece uno de los proyectos más ambiciosos de la 4T.
A raíz de lo anterior, el gobierno actual da por sentado que tras la realización de 15 asambleas, se alcanza la aprobación consensuada de las comunidades.
Sin embargo, ante las necesidades de las pocas comunidades que decidieron darle el sí al proyecto, la consulta sirvió para que se tomen en cuenta y se mejore la infraestructura básica en sus comunidades, donde los proyectos de desarrollo local apremian, así como los proyectos relacionados a infraestructura básica y saneamiento.
La negativa de la mayoría de las comunidades que serán afectadas por el megaproyecto presidencial fue pasada por alto en el discurso, mismo que subrayó que el Tren Maya es generador de empleos e incentivador de la economía local de toda la región.
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