El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría negar el ingreso a México de los inspectores que pretendan verificar la aplicación de las leyes laborales en nuestro país, anticipó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
El pronunciamiento de Monreal Ávila cobra relevancia a la luz de las atribuciones constitucionales que corresponden a los senadores para analizar la política exterior de México y aprobar los tratados internacionales.
Si bien esta disposición no forma parte del texto del T-MEC, sino de una regulación interna de Estados Unidos de América, la mayoría en el Senado de nuestro país rechazamos tajantemente la intención de que la Ley de Implementación incluya esta disposición, al tratarse de una medida que, por no haber sido consultada ni acordada con México, resulta inaceptable y va en contra de la buena voluntad y el espíritu con que fueron firmados el T-MEC y el propio Protocolo Modificatorio
El senador del partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), explicó que si en el Congreso de EEUU transita la Ley de Implementación y señala la participación de agregados laborales para monitorear la aplicación de la reforma laboral en México, emplearán todos los instrumentos internacionales necesarios para evitarlo, debido a que dicha observación o vigilancia externa no fue consultada ni acordada con México y es contraria al espíritu de colaboración con el que firmaron el T-MEC y el propio Protocolo Modificatorio.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 7, establece que el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que cualquier miembro del personal de la misión no es aceptable. Esto quiere decir que, de tomar una decisión contraria a lo acordado por los tres países, México contará con los mecanismos para contrarrestar esa medida
Ricardo Monreal reconoció que durante las negociaciones, EEUU sí planteó la idea de enviar misiones de observadores, pero la propuesta fue rechazada por el Gobierno mexicano, que planteó a cambio la utilización de “paneles con jurisdicción regional” como el vehículo para solucionar controversias laborales y de todos los otros sectores.
El viernes 13 de diciembre, el gobierno del presidente Donald Trump envió al Congreso de EEUU la Ley de Implementación, la cual contempla la designación de cinco agregados laborales para monitorear la puesta en marcha de la reforma laboral en México.
A partir de ese momento acabaron los festejos anticipados de la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores aclaró que ese tema no fue aceptado en la agenda del tratado comercial y consideró unilateral la medida adoptada por el vecino país.
Gustavo A. De Hoyos Walther, presidente de la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que el gobierno de López Obrador negoció con “impericia” el T-Mec.
Hace unas horas, también a través de su cuenta de Twitter, Jesús Seade respondió a sus opositores y aseguró que el T-Mec “no tiene letras chiquitas”.
México jamás aceptará si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados, por una sencilla razón: la ley mexicana lo prohíbe
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