El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad, con 59 votos a favor, la creación del Banco de ADN para uso forense, además de la adición de la reforma al artículo del sistema de seguridad ciudadana en materia de registro de identificación biométrica.
Esta creación es uno de los instrumentos más eficientes que tendrá el Gobierno de la Ciudad en el combate a delincuencia, principalmente para atender aquellas agresiones de carácter sexual que se cometen en contra de las mujeres.
El Banco de Perfiles Genéticos, propuesto por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, almacenará la información asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiera sido obtenida bajo indicios, huellas o vestigios encontrados en el lugar de los hechos, que pudiera constituir alguno de los delitos previsto en la ley.
Para la obtención de muestras, destacaron, se respetará el principio de la dignidad humana y con apego a los protocolos de actuación y métodos no lesivos. Estas muestras biológicas podrán proceder de todo tipo de material biológico y deberán tener el número de marcadores, de acuerdo con estándares y prácticas internacionales.
Habrá dos tipos de procedimientos para la obtención de la muestra: la aportación voluntaria de cada una de las personas, señaladas en el artículo 5 de la ley, y la de procedimientos de carácter penal.
En este último caso, el Ministerio Público podrá solicitar la intervención del Juez para que otorgue la autorización o dé la orden para la obtención de una muestra mediante control judicial, es decir, el Ministerio Público podrá solicitar mediante control judicial la toma de las muestras, respetando en todo momento el principio de la dignidad humana.
El artículo 5 de la ley indica que las personas que podrán aportar serán aquellas procesadas y quienes de manera voluntaria las brinden, por ejemplo las víctimas, personas servidoras públicas que forman parte de las instituciones de Seguridad Ciudadana, integrantes del Gabinete de Seguridad y de Procuración de Justicia.
Un aspecto importante es que se garantiza la protección de los datos personales que se encuentren en disposición de las autoridades que manejen el Banco de ADN.
“Esto nos permitirá establecer que la ciudad se encuentra a la vanguardia a nivel nacional y en Latinoamérica, con pocas las ciudades que han avanzado", señaló el presidente de la Comisión de administración y procuración de justicia, Eduardo Santillán Pérez.
“El propósito de este dictamen es aplicar modernas técnicas y tecnologías para la investigación de delitos, respetando los derechos humanos y garantizando los datos personales. Estamos convencidos de que con este marco normativo, el gobierno local tendrá un poderoso instrumento en la lucha contra la delincuencia y para erradicar la violencia contra las mujeres”, añadió.
La diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sugirió que la Secretaría de las mujeres de la Ciudad de México realice el acompañamiento a las víctimas cuando éstas sean mujeres, niñas o mujeres transexuales.
Con la aprobación de este dictamen, también se establece que se inscribirán los datos de las personas que tengan sentencia condenatoria. Sin embargo, los datos de las personas que sean absueltas se eliminarán y se capacitará a los funcionarios encargados de recabar material genético. La información del Banco de datos no podrá ser utilizada en juicios familiares ni civiles.
La propuesta fue presentada por Sheinbaum a finales de agosto, después de que grupos de mujeres se manifestaran contra la falta de acción de las autoridades ante casos de presuntas violaciones cometidas por policías, y en las que también alzaron la voz por las desapariciones, feminicidios y acoso al que están expuestas.
México vive un momento delicado con respecto a la violencia de género. La ley clasifica al feminicidio como la muerte violenta de las mujeres por ser mujeres. Este año, en los primeros 10 meses, se registraron 809 casos. En todo 2018, se habían registrado 891.
Veracruz es el estado con más feminicidios al reportar 147 casos, de enero a octubre. De acuerdo con cifras oficiales, los cinco estados que le siguen por ese delito son: Estado de México (95 casos), Nuevo León (58), Ciudad de México (50), Puebla (50) y Jalisco (38).
Esto ha provocado una serie de manifestaciones y protestas en distintos estados del país, incluida la capital, donde las marchas más multitudinarias han ocurrido a lo largo de los últimos meses.
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