Pedro Antonio Enríquez Soto, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit fue detenido y encarcelado por su presunta participación en el millonario fraude contra alrededor de 60,000 derechohabientes del Infonavit.
De acuerdo con medios locales, aunque desde mayo el ex magistrado llevaba su proceso en libertad, durante la audiencia de este sábado la Fiscalía General del Estado solicitó el cambio de la medida cautelar por la prisión preventiva, la cual fue concedida.
Pedro Antonio Enríquez fue ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tepic por elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
El pasado 9 de mayo, Enríquez Soto fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, falsificación de documentos y fraude específico.
En ese entonces, el juez autorizó que el ex magistrado llevara su proceso en libertad toda vez que la Fiscalía no solicitó su prisión preventiva porque se presentó de manera voluntaria a la audiencia inicial.
Según las investigaciones de la Fiscalía de Nayarit, entre 2013 y 2018, ocurrió un fraude contra alrededor de 60 mil derechohabientes del Infonavit en el que presuntamente participaron Enríquez, el también magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado y cuatro jueces estatales. En un despacho particular se tramitaron juicios contra miles de demandados con constancias falsas y sin notificaciones ni emplazamientos que concluyeron en sentencias para que el Infonavit recuperara miles de casas en: los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
También en mayo, el ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Jorge Ramón Marmolejo Coronado, fue detenido por su presunta participación en el fraude contra 60 mil derechohabientes del Infonavit.
En ese entonces, la Fiscalía General del Estado informó que Marmolejo Coronado “fue puesto a disposición del juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic para continuar los trámites de ley correspondientes que decidirán su situación legal”.
Los magistrados y jueces realizaron una ejecución hipotecaria ilegal del Infonavit contra 60 mil derechohabientes a quienes entre 2013 y 2018 les retiraron de manera irregular en “juicios espejo” su vivienda.
Los delitos que se persiguen por el caso son: asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, delito cometido en la custodia de documentos, tráfico de influencias, falsificación de documentos en general y fraude específico.
En diciembre de 2018, fueron acusados ante la Fiscalía estatal por una trama de fraude a derechohabientes del Infonavit que fueron despojados de sus viviendas en presunto contubernio con notarios públicos y funcionarios del Instituto.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía desde el 2013 al 2018, se realizó una asociación, arreglos o convenios entre apoderados legales y funcionarios de Infonavit, despacho externo de abogados y funcionarios del Poder Judicial, encabezados por el ex presidente del Tribunal de Justicia, un magistrado más, cuatro jueces de instancia, un notario público para llevar a cabo la ejecución hipotecaria.
En octubre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció la suspensión del magistrado en el Primer Circuito de la Ciudad de México, Jorge Arturo Camero, quien revisaba amparos sobre las obras para el aeropuerto de Santa Lucía, por presuntamente pertenecer a una red de corrupción y tener inconsistencias graves en sus ingresos. Señaló que el magistrado era una pieza clave muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de corrupción.
"(Si las investigaciones) llegan a buen puerto, ustedes se darán cuenta que ahí se rompió una red de corrupción muy importante que había en el Primer Circuito. Estamos trabajando con mucha intensidad en este sentido, pero al mismo tiempo también estamos defendiendo a los jueces y magistrados que hacen labor adecuadamente”, dijo Lelo de Larrea.
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