Todo el territorio que se encuentra dentro de los límites de la Ciudad de México, incluso el espacio aéreo y el subsuelo, puede ser rentado por las autoridades capitalinas a discreción.
Bajo la figura del Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), distintos gobiernos han concesionado a privados desde inmuebles públicos, espacios para publicidad, parquímetros y hasta áreas verdes. Los interesados únicamente tienen que solicitar el permiso y el gobierno decide si se los otorga.
Si naciste en la Ciudad de México es probable que crecieras sin la cantidad adecuada de áreas verdes. De hecho, 8 de las 16 alcaldías están por debajo de los 9 metros cuadrados de área verde por persona que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) encontró que de los más de 200 PATR que ha otorgado Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México solo cuatro son concesiones de áreas verdes: dos fueron cedidas a inmobiliarias y a un empresario contratista del gobierno.
Uno está cedido gratuitamente a la UNAM y otro a una asociación civil. Sin embargo, los dos restantes abarcan un área verde de casi 6,000 metros cuadrados que solía ser un jardín público, y el último, cuatro hectáreas de la barranca de Atzoyapan, en el poniente de la ciudad.
La barranca concesionada a título gratuito
El complejo inmobiliario Cumbres de Santa Fe, una de las zonas más exclusivas para vivir en la Ciudad de México, está rodeado de barrancas que están catalogadas como suelo de conservación, es decir, que se prioriza el cuidado del área verde. La vista que se despliega desde los departamentos hacia el exterior es precisamente uno de los atractivos principales de vivir en alguno de los desarrollos ubicados en la frontera de las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, al poniente de la capital. De acuerdo con inmobiliarias, en este complejo un departamento de 340 metros cuadrados está a la venta en 18,900,000 pesos, mientras que la renta de uno con 280 metros cuadrados está en 80,000 pesos mensuales.
En el fondo de la Barranca de Atzoyapan corre un río que cruza por debajo del puente Octavio Paz, en Avenida de los Poetas, vía de acceso principal al complejo inmobiliario. Es en esta área donde se ubican cuatro hectáreas que han sido concesionadas desde hace más de diez años al complejo Cumbres de Santa Fe sin tener que pagar un solo peso al gobierno de la Ciudad de México, pese a las altas rentas que cobran por vivir en esos departamentos.
El permiso que solicitaron las constructoras del complejo inmobiliario en 2006 fue concedido para “única y exclusivamente para destinarlo como área verde, acceso para vialidad y camino”.
Actualmente el permiso está en proceso de extenderse por otra década, y hasta el momento diversas autoridades han aceptado las mismas condiciones. El único permiso para área verde que está concesionado en la misma condición de gratuidad es uno que está otorgado a la UNAM, y por el cual cualquier ciudadano puede caminar.
El 3 de noviembre de 2006, durante la gestión de Alejandro Encinas como Jefe de Gobierno, el entonces Oficial Mayor, Emilio Anaya Aguilar, firmó un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para ceder 40,950 metros cuadrados de área verde a título gratuito.
El permiso está firmado a favor de Fideicomiso Cumbres de Santa Fe 169790, el cual se conformó en diciembre de 2002 con la finalidad de construir tres puentes vehiculares, vialidad que actualmente es conocida como Avenida de los Poetas.
Acta del Fideicomiso Cumbres de Santa Fe donde aparece el nombre de cada uno de los apoderados.
De acuerdo con la cláusula tercera del PATR, el permisionario está autorizado para utilizar las cuatro hectáreas como área verde, acceso para vialidad y camino. Debajo del puente Octavio Paz corre un camino pavimentado de aproximadamente 900 metros para uso exclusivo, el cual conecta los complejos habitacionales Edificio Basalto y Tres Cumbres.
La cláusula tercera del permiso les obliga a dar mantenimiento a la zona. Según el expediente al cual tuvo acceso MCCI el mantenimiento ha sido reportado a las autoridades como la jardinería general en Cumbres de Santa Fe.
La historia de este complejo inmobiliario se remonta a septiembre de 2002, cuando el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, firmó un convenio para hacer más accesible la zona de Santa Fe, entonces en desarrollo y sin las vías adecuadas.
Las empresas que conformaron el Fideicomiso Cumbres de Santa Fe realizaron la construcción del puente, Avenida de los Poetas, y a cambio les dio 42 hectáreas sobre las cuales erigieron departamentos de alto valor. Se trata de las empresas Cumbres de Santa Fe S.A. de C.V., Poniente de Santa Fe S.A. de C.V., Desarrollo Corporativo Inmobiliario S.A. de C.V., Consorcio Inmobiliario Promotor S.A. de C.V., y Río de Santa Fe S.A. de C.V.
Además de ese espacio, cuatro años más tarde el gobierno capitalino les concedió sin pago alguno las cuatro hectáreas de la barranca, las cuales representan para el conjunto inmobiliario uno de sus atractivos. De hecho, en la página principal de Cumbres de Santa Fe despliega un anuncio en el que presumen tener 42,000 metros cuadrados de área verde propia.
El 3 de octubre de 2016, un mes antes de que el permiso se venciera, Sergio Haua Miguel, uno de los apoderados legales del fideicomiso, solicitó renovar el permiso con las mismas condiciones por otra década a la Directora de Patrimonio Inmobiliario, Marlene Valle Cuadras, quien actualmente forma parte del equipo de trabajo del senador Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de la CDMX.
El proceso para renovar un PATR incluye obtener la opinión de dependencias y alcaldías. En este caso, Valle Cuadra solicitó a la Secretaría de Movilidad (Semovi), Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi), Sistema de Aguas (Sacmex), y a las alcaldías de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, donde se encuentran los edificios.
El 5 de junio de 2017, el entonces director de Gobierno de Álvaro Obregón, Emeterio Delgado, envió a la funcionaria un oficio en el cual emitió una “opinión negativa”.
“Me permito informar a usted que de la inspección realizada al lugar de referencia, así como el análisis realizado a la normatividad vigente, es posible establecer que esta Desconcentrada dentro de sus atribuciones y a la solicitud señalada (…) resulta procedente emitir Opinión Negativa”, señala el documento.
Sin embargo, Valle Cuadras le contestó el 16 de junio que tanto Seduvi, Semovi y la alcaldía de Cuajimalpa respondieron favorablemente a la renovación del permiso para utilizar las cuatro hectáreas por lo que le solicita reconsiderar su respuesta.
Tan solo siete días después, el mismo funcionario de Álvaro Obregón, Emeterio Delgado, emitió una nueva respuesta en la que otorgó visto bueno a la prórroga del permiso.
“Es posible determinar que no existe inconveniente alguno para emitir opinión positiva”, dice el oficio en poder de MCCI.
Si bien la Secretaría de Movilidad emitió una opinión favorable, también consideró que el terreno no debería cederse de manera gratuita sino que el gobierno recibiera algo a cambio.
“Considerándose que sea pertinente sea a título oneroso con pago en especie y no a título gratuito”, señala el oficio firmado en 2017 por René Alpizar, director de gestión de proyectos de movilidad.
Pese a que la renovación del permiso comenzó en 2016, éste todavía continúa en proceso según información de Patrimonio Inmobiliario, consultado para este reportaje vía transparencia.
La zona concesionada de la Barranca de Atzoyapan está catalogada como suelo de conservación, misma que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra define como una zona que por sus características ecológicas proveen servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los capitalinos.
Esta misma ley, en su artículo 58 TER, señala que los conjuntos habitacionales deben cubrir un pago de aprovechamiento si colindan con barrancas y con suelo de conservación.
Mientras el PATR se renueva, los permisionarios siguen gozando de las cuatro hectáreas sin pagar un solo peso.
El Fideicomiso Cumbres de Santa Fe tiene como apoderados a Alejandro Manuel Allende Cos, Luis Antonio Attias Bernárdez, Ángel Aragón Noriega, Joaquín Su Machado, Flavio Marco Ulloa Aguirre, Santiago Arenas Saiz, Sergio Haua Miguel, Vasco Gerardo Díaz Barriga Rodríguez y Jesús Arizmendi López.
En dos ocasiones se intentó localizar de manera presencial y por teléfono a Sergio Haua Miguel, quien es la persona que gestiona la renovación del permiso, pero su equipo argumentó que no tuvieron tiempo para dar su versión.
El área verde de Las Lomas que se convirtió en jardín privado
Abraham Helfon Daniel, contratista del gobierno de la CDMX desde 2002, ha gozado de un terreno público en Lomas de Chapultepec de 5,994 metros cuadrados como jardín privado desde hace 14 años. El actual director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, firmó el permiso cuya renta cotiza el jardín en 7 pesos el metro cuadrado. A pesar de haber vencido en 2010, las siguientes dos administraciones —Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera—continuaron rentando el área verde por la misma cantidad.
Actualmente, de acuerdo con inmobiliarias, en Lomas de Chapultepec, una casa con 207 metros cuadrados de construcción y 280 de terreno está en renta por 64,500 pesos mensuales. Es decir, que en promedio el metro cuadrado lo cotizan en 132 pesos.
En octubre de 2005, Octavio Romero Oropeza celebró un permiso como Oficial Mayor del Distrito Federal para que Abraham Helfon Daniel y cuatro de sus vecinos disfrutaran de un área verde pública en una de las colonias más exclusivas de la ciudad.
Se trata de un terreno ubicado entre los números 823 y 763 de la calle Sierra Vertientes. De acuerdo con el expediente que obtuvo MCCI, durante treinta años esta área pública ha sido disfrutada por particulares: primero por los propietarios del número 823, y actualmente, por quienes habitan el número 763, un condominio de cinco residencias.
Una barda de 140 metros de longitud y cinco de altura rodea el área pública, la cual está equipada con una cerca electrificada y cámaras de seguridad. Según el expediente, la barda comenzó a construirse en 1989, a pesar de que las autoridades accedieron a otorgar el permiso con la condición de que no construyeran un muro.
De acuerdo con la clasificación que hace la Procuraduría Ambiental local (PAOT) este terreno entraría en la clasificación de área verde grande, las cuales van desde los 2,881 metros hasta los 11,500 metros cuadrados.
En general, la ciudad carece de árboles y jardines. De hecho, 8 de las 16 alcaldías están por debajo de los 9 metros cuadrados de área verde por persona que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
De acuerdo con un estudio de la PAOT si un capitalino vive en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza o Tláhuac nunca ha disfrutado de la cantidad adecuada de jardines.
En cambio, Miguel Hidalgo, donde se ubica la colonia Lomas de Chapultepec, es la delegación con mayor número de áreas verdes por persona, con 35.2 metros cuadrados.
En 1986, el propietario del número 823, identificado como la empresa Granjas y Jardines S.A., solicitó al entonces Departamento del Distrito Federal la concesión del terreno debido a que “se encuentra actualmente en estado ruinoso, ya que está totalmente destruida la forestación del mismo y es utilizado por los vecinos como basurero”. Este argumento bastó para que las autoridades aceptaran rentar el espacio en 1988 por un plazo de cinco años.
Cuando este permiso venció de Granjas y Jardines S.A., David Cababie Cababie, entonces propietario de una de las cinco residencias del número 763, comenzó a tramitar su propio permiso. Luego de diez años de gestiones, se le concedió en 2002, durante la administración del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fue hasta el 18 de octubre de 2005 que se formalizó el permiso con la firma del ex Oficial Mayor, Octavio Romero Oropeza.
Una de las razones por las que el permiso demoró tanto tiempo es que vecinos de la zona y tres funcionarios se inconformaron con la entrega del jardín público. Uno de los argumentos refiere que solo beneficiaría a unas pocas familias.
“Siendo el predio de uso común (…) No ha lugar a otorgar opinión favorable para el Permiso Temporal Revocable a Título Oneroso a favor de David Cababie Cababie”, argumentó en 1998, Guillermo Mejía Carrillo, subdelegado de Obras y Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo.
Finalmente, en el permiso que le otorgaron a Cababie Cababie la renta mensual se estableció en 33,246 pesos a cambio de “ser utilizado única y exclusivamente para área verde”. La suma aumentó ligeramente a través del tiempo, pues de enero de 2018 hasta septiembre de 2019 pagaron un promedio de renta mensual de 43,055 pesos. Es decir, que en dicho periodo el gobierno de la Ciudad cotizó el metro cuadrado en 7 pesos en Lomas de Chapultepec.
Avalúo elaborado por autoridades en julio de 2012 en el que establecen que el metro cuadrado en Lomas de Chapultepec está en 7.2 pesos.
Además, el permiso fue otorgado aun a pesar de que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la alcaldía de Miguel Hidalgo lo prohíbe. Según éste, la colonia Lomas de Chapultepec se declara como una Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC), y según la norma octava que rige estas zonas está prohibido autorizar concesiones en zonas de áreas verdes dentro de una Z
DEC.
Permiso vencido
Este permiso en Lomas de Chapultepec se concedió con una vigencia de cinco años y expiró en noviembre de 2010, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal. Sin embargo, durante casi una década el jardín se utilizó como jardín privado sin contar con la renovación del permiso. Apenas en septiembre de 2019, Abraham Helfon Daniel, todavía contratista del gobierno, comenzó a gestionar la renovación del permiso.
Las autoridades no desconocían el permiso. De hecho, en vez de revocar o renovarlo, la dirección de Patrimonio Inmobiliario, encabezada por Guillermo Guzmán Verduzco, solicitó una inspección física al lugar en marzo de 2011, en la cual solamente se integraron seis fotografías del jardín.
Incluso en los años posteriores, Patrimonio Inmobiliario continuó realizando avalúos para actualizar el monto de la renta. A partir del año 2012, por ejemplo, el metro cuadrado se lo cobraron en 7 pesos a Abraham Helfon y a David Cababie.
Siete años después de estar vencido el PATR, el 8 de febrero de 2017, el entonces Oficial Mayor, Jorge Silva Morales, le pidió de regreso el terreno a Helfon Daniel.
En marzo de 2017, Abraham Helfon Daniel, rechazó devolverlo al gobierno de la ciudad. Pudo comprobar que intentó renovar el permiso, pero nadie le hizo caso. Además intentó comprar el área verde a lo cual las autoridades se negaron.
A pesar de lo anterior, de acuerdo con la versión la Dirección de Patrimonio Inmobiliario, el permiso está actualmente en proceso de renovación a favor de Helfon Daniel.
Abraham Helfon Daniel ha sido contratista del gobierno de la ciudad desde 2002. A través de la inmobiliaria Marly S.A., de la cual es apoderado legal, le ha rentado oficinas a la Secretaría de Finanzas y otras dependencias.
Se trata del edificio ubicado en la calle José María Izazaga 89, en el Centro de la ciudad. Tan solo en los primeros tres meses de 2018, la empresa Marly S.A. obtuvo 652,850 pesos del gobierno por la renta de 1,241 metros cuadrados. Desde principios de año, este edificio ya solo alberga a una dependencia de gobierno. Desde abril hasta diciembre de 2019, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones pagará 1,237,484 pesos por utilizar 1,030 metros cuadrados, es decir, poco más de 118 mil pesos mensuales.
También, desde 2008, Abraham Helfon Daniel le cobra a la Secretaría de Finanzas por la renta del 1º y 4º piso de un edificio ubicado en Plutarco Elías Calles número 840, colonia Granjas México, en la alcaldía de Iztacalco. En 2019, por ejemplo, esta secretaría rentó en 296,439 pesos mensuales el espacio de 3,000 metros cuadrados.
En contraste a este permiso, existe uno otorgado al Colegio de Contadores Públicos de México en el que utilizan 3 mil 893 metros cuadrados de área verde en la colonia Bosques de las Lomas, alcaldía de Cuajimalpa. Por esto, están obligados a pagar una contraprestación de 96 mil 687 pesos mensuales. Es decir, el gobierno cotizó el metro cuadrado en 24 pesos a esta asociación civil.
Se intentó localizar por teléfono y correo electrónico a Abraham Helfon Daniel para conocer su versión pero no se obtuvo respuesta.
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