En comunidades indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, continúa la centenaria práctica de vender a las hijas para casarlas, aunque el comprador sea mucho mayor que ellas.
En Guerrero, la práctica, basada en usos y costumbres, se presenta en las localidades de Metlatónoc, uno de los municipios más pobres del país, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ayutla, ubicados en la Costa Chica y la Montaña.
No existen datos de cuántas mujeres pueden ser víctimas de esta práctica porque no se denuncia. Testimonios señalan que los precios de la venta de niñas y mujeres varían dependiendo de la edad de la niña, si es virgen y si tiene hijos. Las transacciones alcanzan hasta 300 mil pesos, según informó a los medios Felipe López, habitante de la comunidad de Jicayán del Tovar, Tlacoachistlahuaca, a quien le tocó comprar a la novia de su hijo.
A nadie sorprende la tradición de que a las niñas se les roba su niñez, se les convierte en adultas, en madres. Casi todas las familias han comprado o vendido a una de sus hijas.
La dote también es una tradición ancestral, según la cual las niñas y adolescentes se entregan en matrimonio a cambio de bienes como animales o terrenos, panes, cerveza. Sin embargo, ahora es una simple transacción económica.
Los usos y costumbres de estos municipios permiten ponerle precio a la mujer según su juventud y belleza bajo el respaldo del Artículo Segundo Constitucional sobre la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
La familia que quisiera casar a su hijo debía desembolsar cantidades que contrastan drásticamente con la situación de las comunidades que viven en pobreza extrema y cuyos habitantes son indígenas mixtecos.
En mayo de este año, la Secretaría de la Mujer de Guerrero documentó la venta de niñas y jóvenes de cinco municipios de Guerrero, inició una campaña de concientización y la búsqueda de apoyo en el Congreso para prohibir la venta de niñas y mujeres. La jornada busca llegar a todas las comunidades del estado, incluso las más alejadas, para intentar convencer a los pobladores y a las autoridades legales de renunciar a esas prácticas.
En Chiapas y Oaxaca cientos de niñas y adolescentes también son vendidas en matrimonio cada año en comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres. Una dote en efectivo de 10,000 pesos, más otro pago en especie como azúcar, panes y otros alimentos, conforman el paquete básico para que un hombre pueda adquirir una mujer en el sur del país.
Todo esto viene a cuento porque autoridades de la comunidad de Juquila, perteneciente al municipio de Metlatónoc, firmaron un acuerdo para prohibir la venta de niñas durante los próximos 200 años.
Las vendían hasta en 200 mil pesos, siempre y cuando no hubieran llegado a la menstruación. En el acta firmada frente a la Fundación “Yo quiero yo puedo”, que trabajó para este logro, los ciudadanos manifestaron que por el bien del pueblo cancelaron la venta de niñas y adolescentes.
Dijeron que si los pobladores incumplen podrá sancionarse con una multa de hasta 195 días de salario mínimo vigente en el momento de cometer el acto.
Esto, después de que Despierta, el noticiero matutino de Televisa, presentó un reportaje sobre la venta de niñas en el municipio de Metlatónoc con el objetivo de casarlas.
La venta de niñas en Metlatónoc es considerada como violencia de género, de acuerdo con la organización “Yo quiero, yo puedo”, la cual se ha dedicado a tareas de sensibilización, logrando así que 13 comunidades echaran abajo dicha práctica.
En 60 comunidades de Guerrero se lleva a cabo la venta de mujeres, según lo revelado en el reportaje.
MAS SOBRE ESTE TEMA:
Más Noticias
Qué es la meningitis, cuáles son sus síntomas y cómo tratarla
Hermila Galindo: sufragista mexicana, activista feminista y primera candidata a diputada federal
La historia del joven que se salvó de quedar atrapado en El Pinabete, mina colapsada en Coahuila
El desconocido origen estilo “Scarface” del “Mayo” Zambada y el papel de su cuñado cubano, para construir su imperio criminal
Quién es Raquel Buenrostro, próxima titular de la Secretaría de la Función Pública durante el sexenio de Sheinbaum
