La violencia del crimen organizado es desde luego uno de los rasgos definitorios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien cerró su primer año de gobierno con 15.225 ejecuciones en todo el país.
En Guanajuato se han asesinado mucho más personas que en otro estado. De acuerdo con un conteo realizado por Reforma, al menos 2.587 personas fueron víctimas de dicho delito.
Por debajo de ésta entidad se ubica Chihuahua, con 1.243 casos; Michoacán, con 1.241; en Jalisco se contabilizaron 1.115 y Veracruz, con 893.
El último de los casos impactantes sobre ejecuciones en el país se encuentra el asesinato de 23 personas durante un enfrentamiento armado en Villa Unión Coahuila, el pasado 30 de noviembre.
Antes, el 4 de noviembre, nueve miembros de la familia LeBarón —tres mujeres y seis menores— murieron tras ser atacados por integrantes de la delincuencia en Bavispe, Sonora.
Al anterior informe se le suma el 13 de octubre, cuando un convoy de Policías Estatales fue emboscado en Aguililla, Michoacán, mientras que ese mismo mes, en Iguala, Guerrero, 14 civiles y un militar murieron en un ataque, y nueve más en otro tiroteo en Zitlala.
En agosto, una pugna entre bandas del crimen dejó 19 muertos en Uruapan, Michoacán, mientras que nueve más murieron en un enfrentamiento en Tepalcatepec.
En ese periodo también se informó sobre el ataque al bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, Veracruz, que dejó 28 personas muertas.
La violencia no fue diferente para el estado de Jalisco, donde en los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque fueron encontrados 10 y 12 cuerpos, respectivamente.
Durante mayo se contabilizaron 65 víctimas de ejecuciones. Los primeros 10 cuerpos fueron encontrados tras un enfrentamiento en Múzquiz, Coahuila. Ahí perdieron la vida nueve sicarios y un policía.
Luego, en una finca de El Camapanario en Zapopan, se encontró un cementerio clandestino que contenía más de 30 cadáveres.
En las mismas condiciones fueron localizadas dos fosas clandestinas en Xalisco, Nayarit y Manzanillo, Colima, con 15 y 10 cuerpos respectivamente.
En abril, durante una fiesta familiar en Minatitán, Veracruz, 14 personas fueron ejecutadas, mientras que en Saltillo, Coahuila murieron nueve civiles tras una balacera.
En un rancho de Miguel Alemán, Tamaulipas, se encontraron los cuerpos de 24 personas.
Un ataque en un centro nocturno de Salamanca, Guanajuato dejó 15 muertos. En un canal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco fueron extraídos los restos de 15 personas.
Tras la revisión de las víctimas de ejecuciones se podría concluir que, a nivel estatal, la violencia homicida en México se ha caracterizado más por su concentración que por su desplazamiento. Este año, por ejemplo, los asesinatos se concentraron en cinco estados.
Al inició del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, seis policías de Jalisco murieron acribillados por un comando en la Huerta.
Además, siete hombres fueron abatidos en un presunto enfrentamiento entre grupos criminales en la carretera Puebla-Orizaba, junto a los cuerpos se encontraban mensajes firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La información anterior no ha motivado a la actual administración a modificar su estrategia de seguridad.
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