Las irregularidades del juez involucrado en el caso de Abril Pérez Sagaón: ejercía sin acreditar su actualización profesional

Uno de los personajes que más ha sonado alrededor del feminicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaón es el de el Federico Mosco González, pues él fue uno de los jueces que pusieron en libertad al ex esposo de Abril Pérez, Juan Carlos García. Sin embargo, un dato relevante se ha dado a conocer y es que el Consejo de la Judicatura de Ciudad de México lo ratificó como juez en 2017 por un periodo de seis años sin haber acreditado un examen de actualización.

De acuerdo con un informe interno del Poder Judicial de la capital hecho público por el diario Milenio, la ampliación en el ejercicio del cargo para Mosco González fue respaldada sin cubrir ese requisito, el cual se contempla en el artículo 12 de la entonces vigente Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La determinación se llevó a cabo a partir de la opinión de 10 magistrados de salas, quienes consideraron que el desempeño de Mosco como juez primero de paz penal y como titular de Juzgado Primero Penal de Delitos No Graves podría considerarse “aceptable” y “satisfactorio”.

Según el mismo periódico, en el documento se puede leer lo siguiente: “La mayoría de los elementos le resultaron favorables al licenciado Federico Mosco González, toda vez que concluyó que el desempeño en el ejercicio del cargo fue bueno, evidenciaron su constante interés por perfeccionarse, aun y cuando no acreditó el examen de actualización”.

En aquel año, según el Consejo de la Judicatura, Mosco cumplió con los requisitos que lo acreditaban respecto a no haber sido sancionado por una falta grave con motivo de una queja de carácter administrativo. Además, de acuerdo con el mismo organismo, había tomado varios cursos de actualización, entre ellos la conferencia Violencia Intrafamiliar en el Sistema Judicial de EEUU, impartida por la embajada de ese país en México.

La ratificación se decidió por unanimidad de votos de los consejeros Edgar Elías Azar, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Aurora Gómez Águilar, Jorge Martínez Arreguín, Ana Yadira Alarcón Márquez y Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés. Una de los magistrados que dieron el visto bueno es Eva Verónica de Gyves Zárate, quien recientemente rindió protesta en el Senado como consejera de la Judicatura Federal.

Cabe decir que en aquel entonces, la Ley Orgánica establecía que la ampliación de los jueces la determinaba el Consejo de la Judicatura en relación al resultado aprobatorio del examen de actualización, así como los antecedentes del servidor y su desempeño. En mayo de 2018, la legislación fue modificada y la ratificación de juzgadores está sujeta a la aprobación del examen de actualización, entre otros requisitos.

Este viernes, Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México informó que se inició una carpeta de investigación sobre los jueces Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, involucrados en la reclasificación del caso de Abril Pérez Sagaón, y que además fueron suspendidos hasta que concluya el análisis.

Pero es importante tener en cuenta que Federico Mosco González ya había estado involucrado en casos polémicos de abuso sexual y violencia de género, en los cuales determinó dejar en libertad a los presuntos responsables. Por ejemplo, a principios de agosto, se dio a conocer el caso de Agustín “N”, un médico nefrólogo, acusado de violar a una paciente con insuficiencia renal terminal.

Fue en el hospital de Iztapalapa donde se registró la supuesta violación de una de sus pacientes, a quien después, presuntamente, le habría negado el servicio médico en la institución para evitar que la mujer denunciara los hechos.

Agustín “N” fue detenido y el caso judicializado el 8 de agosto. En la audiencia inicial, Federico Mosco González, juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dado que la acusación que pesaba sobre el médico era el delito de acusación agravada; sin embargo, días después cambió de opinión y decretó la libertad de Agustín “N”, al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso.

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