El Poder Judicial, otro frente abierto de López Obrador

Entre los múltiples frentes abiertos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluidos dos grandes proyectos de infraestructura (el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya), en su primer año de gobierno, uno de los más importantes, y que suele pasar de largo por la importancia que ha tenido el resto de temas, es el del Poder Judicial: una de las tres ramas del gobierno que no está dominada por Morena, el partido del presidente.

López Obrador usó en campaña al Poder Judicial para representar las fallas en general del sistema y lo incluyó entre los órganos en los que aplicaría la “austeridad republicana”, una serie de recortes con las que se busca evitar el “derroche” de recursos públicos.

Señaló principalmente a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus altos salarios, una de sus primeras batallas ya como presidente electo. Y es que Morena tuvo un contundente triunfo electoral en julio de 2018: además de la Presidencia y la Jefatura de Gobierno de la capital del país, consiguió amplias mayorías en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores.

Con ambos poderes (el Legislativo y el Ejecutivo) en manos de un solo partido, el Poder Judicial se convirtió entonces en la única rama del gobierno que mantenía su distancia con López Obrador, además de ser uno de sus principales blancos a la hora de criticar la corrupción que en su opinión asediaba al gobierno antes de su llegada.

La propuesta de reforma de Ricardo Monreal

Por ello, a principios de abril, Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, presentó una propuesta de reforma constitucional que generó polémica por su intención de modificar los años de servicio en la Judicatura y crear un sistema de “rotación” cada tres años para “evitar nepotismo” en los juzgados y tribunales mexicanos, y aumentar el número de magistrados de la SCJN a 16, en lugar de 11, para que su partido pudiera controlar el proceso de elección de los nuevos integrantes.

“Se busca que los jueces roten de jurisdicción, como si fueran embajadores. Si algo da certeza a un juez es el conocimiento del contexto donde opera, la situación y la materia que conoce. Los jueces no son todólogos, son expertos en su ámbito y nada más”, criticó Esteban Illades en una columna publicada en el diario Milenio Además, nunca se contó con la mayoría suficiente para que la propuesta avanzara en el Senado.

Pero la intención de Morena, y por lo tanto del presidente, quedó clara a partir de aquel momento. Para entonces, el mandatario mexicano ya había nombrado a su primer juez en la Suprema Corte: Juan Luis González Alcántara, que sustituyó en los primeros días del gobierno lopezobradorista al saliente José Ramón Cossío.

Los nombramientos de AMLO

Tras González Alcántara, el presidente mexicano ya tuvo la oportunidad de nombrar a una nueva jueza: Yasmín Esquivel Mossa fue designada nueva ministra en marzo de este año, para sustituir a Margarita Luna Ramos, que al igual que Cossío, finalizaba su mandato.

A López Obrador lo favoreció el azar y los tiempos políticos, ya que las aprobaciones de sus candidatos han sido relativamente tranquilas al ser Morena mayoría en el Senado, que elige a uno de los tres candidatos que el ejecutivo recomienda.

En los primeros meses de su sexenio, López Obrador ya había colocado a dos de los 11 jueces de la Suprema Corte, y las dudas sobre la independencia del órgano comenzaron a surgir. De acuerdo con sus críticos, el gobierno de la Cuarta Transformación (como llama el tabasqueño a su administración) buscaba inmiscuirse en el Poder Judicial para posicionar a jueces que vieran con buenos ojos el proyecto del mandatario.

López Obrador, por su parte, se mantiene públicamente mucho más distanciado del Poder Judicial de lo que la oposición lo acusa. Apenas en octubre, el presidente señaló que “la reforma al Poder Judicial tiene que darse al interior". “Se tiene que reformar a sí mismo, hay la posibilidad de lograrlo con el presidente de la SCJN, que es una gente íntegra, recta", dijo, en un guiño al presidente Arturo Zaldívar.

La renuncia de Medina Mora

Sin embargo, las suspicacias tomaron impulso y la discreción del gobierno de López Obrador y las mayorías de Morena en el Congreso terminaron de golpe cuando, también en octubre, el ministro Eduardo Medina Mora renunció a la SCJN, en una salida que marcó un hecho inédito, pues no había ocurrido desde la reforma constitucional de 1994, cuando se creó la actual Suprema Corte.

Según dicta el Artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la SCJN son procedentes en casos de faltas graves y deben ser sometidas a la aprobación del Ejecutivo para posteriormente ser enviada al Senado de la República para su aprobación.

Sin embargo, el Senado ratificó la renuncia de manera rápida, sin necesidad de un proceso donde Medina Mora demostrara que, efectivamente, su salida estaba relacionada con una “falta grave”.

Medina Mora había ingresado a la Corte en marzo de 2015; su periodo iba a terminar en 2030. Su renuncia 11 años antes de que concluya su gestión se da en el marco de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) sobre sus cuentas bancarias.

Incluso López Obrador se refirió a las supuestas investigaciones, pero la oposición denunció que, en busca de sumar magistrados nombrados por el presidente, las presiones contra Medina Mora desde una de las Secretaría de estado se habían dado precisamente para acelerar su salida.

Por lo tanto, López Obrador, apenas en un año de los seis para los que fue escogido, habrá puesto a tres jueces en el Tribunal más alto del país. En su terna para sustituir a Medina Mora, el tabasqueño eligió a tres mujeres, Ana Laura Magaloni, Diana Álvarez o a Margarita Ríos-Farjat, siendo la primera la favorita de los expertos por su independencia.

El futuro de la Corte

Con la tercera designación por confirmarse de manera inminente, López Obrador avanzará más en 2021, cuando Fernando Franco se retire y el mandatario pueda elegir a su sustituto.

Zaldívar, el presidente de la SCJN, es quien ahora encabeza las reformas al interior del Poder Judicial. Sin embargo, algunos lo consideran uno de los principales interlocutores de la SCJN con la administración actual, sobre todo por el discurso “anti corrupción” tan parecido al de López Obrador.

El ministro ya se ha defendido en redes sociales. “No hay una sola sentencia de la SCJN de 2019 que se pueda tildar con razón de carente de independencia. ¿En dónde estaban los críticos de hoy cuando se dictaron sentencias polémicas en otros tiempos? ¿Cuándo se había intentado como ahora una real transformación del Poder Judicial?”, escribió.

“Las demandas de justicia siguen siendo apremiantes y existen las condiciones para un diálogo y un consenso con los otros poderes, sobre las modificaciones legales que son necesarias para que la justicia llegue a aquellos para quienes siempre ha estado vedada”, agregó.

Sobre la reforma judicial que se emprenda, Zaldívar dijo también en su momento que debe partir de la base de no modificar su composición e integración de la Suprema Corte y preservar su función como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano, pues debe apostar por la “agilidad de los procedimientos, por la transparencia y por el reforzamiento de la justicia local”.

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