El gobierno interino de Bolivia solicitó a México este miércoles entregar a varios ex funcionarios de la administración de Evo Morales que se encuentran resguardados en la embajada mexicana de La Paz. Se trata del ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, quien era el brazo derecho del ex mandatario; de su colega de Cultura, Wilma Alanoca, y de otros tres ex funcionarios.
La noticia fue dada por el Canciller Karen Longaric a la radio Erbol, donde aclaró que el gobierno boliviano ya entregó cinco órdenes de captura por los cinco ex funcionarios a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado.
El 22 de noviembre, el ministro de gobierno, Arturo Murillo anunció que se había presentado una querella ante la Fiscalía contra Morales y contra su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por los delitos de sedición y terrorismo, en base a unas pruebas que considera “claras”.
La causa contra Morales se basa en una supuesta conversación telefónica entre Morales y Faustino Yucra, dirigente ‘cocalero’ del Trópico de Cochabamba, en la que el líder indígena le ordena dar “dura batalla a los fascistas y racistas”. “Va a ser hora de combate, combate, combate”, dice la voz atribuida a Morales, que pide específicamente a los suyos que hagan “cercos de verdad” de modo que “no entre comida a las ciudades”. Las protestas dejaron como resultado 32 muertos.
Alanoca también fue denunciado debido a que en las instalaciones del Ministerio de Culturas se encontraron bombas molotov de fabricación casera, además de pequeños cartuchos de dinamita.
Ante estos hechos, Longaric advirtió que no se entregará salvoconducto para estas cinco personas. Y advirtió que si México se niega a entregar a estos ex funcionarios, generaría un conflicto entre ambos países, pues estas personas se quedarían en la Embajada de La Paz por meses.
Fue el jueves 22 de noviembre cuando el gobierno latinoamericano presentó una “protesta formal” ante México por desconocer la Declaración sobre el Asilo Territorial, adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1967 y que dice lo siguiente: “Los Estados que concedan asilo no permitirán que las personas que hayan recibido asilo se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”
“El Estado Plurinacional de Bolivia ha presentado una protesta formal ante el Estado de México por la violación de los principios que rigen la institución de asilo político. Expresó además su profunda molestia, pidiendo que se cumpla con estas normas y principios del Derecho Internacional, honrando los lazos de cooperación y amistad que históricamente han caracterizado la relación entre ambos países”, señalaba el comunicado difundido por la cancillería boliviana.
Ese mismo día trascendió que la hija del ex presidente había cancelado su solicitud de asilo en México, según informó la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric. Al día siguiente Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo embarcaron en un vuelo de Latam con escala en Lima, y su destino final será el aeropuerto de Ezeiza, Argentina.
Mientras tanto, Evo Morales permanece en México, donde ya lleva 15 días en condición de asilado político. Este 27 de noviembre, Una pericia realizada por la policía boliviana confirmó que el dirigente campesino que se comunicó con el ex presidente del país, Evo Morales, para organizar los bloqueos a La Paz, llamó tres veces a México durante el mes de noviembre.
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