Narcoterroristas o narcoparamilitares: cuál es la amenaza que enfrenta México

Narcoterrorismo y narcoparamilitarismo son dos conceptos que en las últimas semanas han figurado en los titulares de todos los periódicos mexicanos. Tras el asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón y la captura fallida de Ovidio Guzmán López, políticos nacionales y de Estados Unidos han sugerido que los cárteles deberían ser considerados organizaciones terroristas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su gobierno designará a estas organizaciones criminales como grupos terroristas. “Serán designados (...) He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso”, dijo en una entrevista.

Su postura es clara: los narcotraficantes adoptan tácticas terroristas para promover sus fines, infundiendo miedo entre la población. La violencia a la que someten a la ciudadanía cumple, aunque sea parcialmente, los criterios para que sea considerado terrorismo.

Hay un grupo de analistas que sugiere que los cárteles de la droga son en realidad grupos paramilitares, en tanto que tienen un complejo armamento, y sus lineas están formadas por ex militares, quienes desertaron al Ejército y se unieron a los grupos criminales que en un inicio debían combatir.

En 2008, la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se vio obligada a reconocer que en esos últimos siete años, más de 100 mil militares habían desertado y en muchos casos, habían pasado a engrosar las filas de los grupos criminales, principalmente del narcotráfico. El caso concreto son “Los Zetas”, brazo armado del cártel del Golfo, que incluso reclutó personal de élite de la Fuerza Aérea entrenado en EEUU.

De ambos lados se han dado argumentos y contraargumentos para reforzar la idea de que México se ha visto sobrepasado por el crimen organizado e incluso ha abierto un nuevo capítulo en la narcoviolencia, que bien podría derivar incluso en una célula terrorista.

Narcoparamilitares o narcoterroristas, Guadalupe Correa-Cabrera considera que ambos términos están mal empleados en el caso mexicano. En entrevista para Infobae México, la profesora en la Universidad George Mason y autora del libro “Los Zetas Inc.”, aseguró que ninguno de estos conceptos define la situación de los cárteles en el país.

Para ser un grupo terrorista, los cárteles deberían tener una motivación política o social. Sin embargo, su principal interés sigue siendo económico. Es por ello que para la analista las declaraciones de los políticos nacionales y estadounidenses están fuera de contexto, al tratar de equiparar las tácticas de los cárteles de la droga con organizaciones terroristas.

La insistencia de equiparar a los cárteles con organizaciones terroristas conlleva un gran riesgo para el país, el cual se resume en una sola palabra: militarización. Por ello, Cabrera es enfática al declarar una y otra vez que se debe tener cuidado con la creación de términos que no se apegan a la realidad.

La confusión viene desde el uso indiscriminado de la palabra cártel, la cual se ha diluido a tal grado que hoy se usa de manera genérica para describir a cualquier organización criminal, aunque ésta no se dedique el tráfico de drogas.

El crimen organizado tiene derivaciones que van de la extorsión al secuestro y muchos de ellos son células, es decir, no representan la parte total del grupo criminal. “Tienen vertientes; algunos de los que participan donde está la familia LeBarón se dedican a la extorsión, otros al narcotráfico”, recordó la analista. Agregó que, hasta el momento, la investigación por la masacre de la familia mormona no ha sido bien conducida. “No sabemos bien, no hay buenas investigaciones, no hay voluntad para aplicar la justicia. En el caso LeBarón, la mala coordinación y comunicación hace dudar de muchas cosas, y no hay que olvidar que aún no se determina al responsable”.

El ataque a la familia LeBarón fue el último detonante. En su calidad de ciudadanos méxico-estadounidenses, el gobierno vecino ha presionado a la administración de Andrés Manuel López Obrador para que resuelva el caso, prometiendo intervenir de ser necesario. Mientras tanto, los sobrevivientes al ataque emitieron una petición formal para que Washington considere a los cárteles organizaciones terroristas.

La solicitud, de cumplirse, traería consigo grandes repercusiones que incluso llevarían a la intervención de EEUU en territorio nacional. “Lo que causaría llamar grupos terroristas a los cárteles sería que le daría carta blanca al país (EEUU) para intervenir en México”, dijo Cabrera.

La vertiente más conservadora y militarista en Estados Unidos está empujando la agenda para que esto ocurra, “la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y Right Side Broadcasting Network (RSBN) están difundiendo, sobre todo en Texas, propaganda que equipara a los cárteles con grupos terroristas sin apegarse a la definición de las agencias”, advirtió.

El Departamento de Estado, el FBI y diversas organizaciones internacionales son muy claras en que para que se considere terrorista, la organización debe tener una motivación política o social. No basta con usar estrategias de terror, necesita un objetivo común. Que los cárteles prioricen el interés económico los aísla de esta definición.

Narcoparamilitarismo: un apoyo del Estado

Ex militares que se convirtieron en narcotraficantes; es un escenario reproducido en México durante décadas. En algún momento, las fuerzas judiciales consideraron más lucrativo unirse al crimen que combatirlo. Con armas del Ejército y un entrenamiento recibido por las propias agencias estadounidenses, ciertas células de los cárteles parecen haber sobrepasado al gobierno. Lo ocurrido en Culiacán tras la captura fallida del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán es ejemplo de ello.

Este escenario que se reproduce incansablemente podría suponer que se vive en un estado de narcoparamilitarismo en México, donde la instrumentación de la violencia y la articulación de una capacidad para financiar a las comunidades en sus necesidades básicas ante una inacción del Estado le han otorgado el poder a los criminales para gobernar de manera paralela al régimen oficial.

Sin embargo, la verdadera fuerza de un grupo narcoparamilitar viene de su vínculo con el gobierno. Así lo explicó Correa-Cabrera al decir que, por mucho que un grupo criminal que use tácticas militares, solo entraría en la definición de paramilitar si fuera “alimentado por las fuerzas del Estado y apoyado por este”.

El narcoparamilitarismo implica un control de la economía ilícita del narcotráfico en el territorio, que el gobierno permite a cambio de ciertas tareas que delegan en estos grupos para no manchar la imagen del Ejército. En palabras de la analista:

Michoacán es otro estado en el que ha habido presencia de grupos paramilitares. Sin embargo, su existencia aislada y la diversificación de sus actividades criminales anula la posibilidad de hablar de narcoparamilitarismo en México. En todo caso, según Cabrera, se podría hablar de paramilitarismo criminal.

“Hace tiempo algunas organizaciones criminales tuvieron vínculo con el Estado. Hay que ver hoy en día cuáles lo mantienen, pero no se puede encasillar a todas las organizaciones criminales en el mismo concepto. Esto es muy peligroso y es una irresponsabilidad cuando no se analizan las características”, agregó.

Ante el uso indiscriminado de estos conceptos, lo único que queda claro para Cabrera es que México vive un terrible problema de inseguridad y de delincuencia organizada, ante el cual se corre el peligro de militarizar enteramente al país.

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