La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados aprobó iniciar el proceso de juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), por el presunto desvío de más de 7,000 millones de pesos en la llamada “Estafa Maestra”.
Con el voto a favor de Morena, PT, PES, PAN, PRD y MC, y uno en contra del PRI, se avaló comenzar con este procedimiento legislativo que la podría llevar a una inhabilitación para ocupar cargos públicos.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, de Morena, Rosario Robles contaba con solicitudes de juicio político desde el 2013, por parte del PAN, PRD y Morena.
“Fue un tema de un recurso que fue etiquetado a las universidades, que no hay antecedente alguno, y por estar violando un tema de derechos humanos, y un tema de las facultades que le fueron conferidas allá en los dos encargos que tuvo como secretaria en Desarrollo Social y de la Sedatu”.
Por su parte, Verónica Juárez, diputada del PRD, señaló que desde el 2013, legisladores de su partido, expusieron que Robles incurrió en un daño patrimonial sustancial, al evitar que estos recursos se destinarán para garantizar derechos que tenían que ver con la salud, con la educación, con la vivienda.
La también ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encuentra en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, tras ser vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público.
La Subcomisión de Examen Previo también cuenta con dos solicitudes de juicio político en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, por violación a derechos humanos e incumplimiento de funciones como presidente.
La ex dirigente del PRI capitalino, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, afirmó que la decisión de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados para que avance el juicio político de manera rápida contra su madre, es una venganza política en su contra.
A través de la cuenta de Twitter de Rosario Robles -que administra Moguel Berlanga-, afirmó “la decisión fast track de iniciar juicio político a mi mamá Rosario Robles confirma la venganza política en su contra. Sin una condena judicial de por medio, la @Mx_Diputados ya emitió una sentencia porque hay quien la quiere fuera del mapa político. JusticiaSiVenganzaNo.
Los abogados defensores de Rosario Robles calificaron de arbitrario e ilegal el inicio de juicio político contra su defendida cuando no existe una sentencia de por medio, por lo que acusó a los tres poderes de la Unión de confabularse.
En un comunicado, escribieron: “los despachos Hernández Barros & Abogado y Epigmenio Mendieta & Abogados, informaron es una decisión arbitraria e ilegal que condena anticipadamente a la ex funcionaria, sin darle oportunidad de exponer sus argumentos a favor en el proceso político, al estar ilegalmente sujeta a una medida cautelar innecesaria e injustificada”.
Indicaron que esto demuestra el “juicio de estado” que se ha configurado en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu con la intención no sólo de mantenerla arbitrariamente en prisión, sino para borrarla del mapa político nacional y condenarla de forma anticipada, sin que haya un proceso judicial de por medio.
La Estafa maestra
Una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) reveló el esquema utilizado por el gobierno federal de Enrique Pela Nieto mediante el cual a través de 11 dependencias desvió miles de millones de pesos.
Solo al revisar las cuentas públicas 2013 y 2014, por ejemplo, detectaron contratos ilegales por 7,670 millones de pesos y de estos recursos no se sabe dónde quedaron 3,433 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, los 7,670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían de recibir recursos públicos porque no tienen la infraestructura ni personalidad jurídica para prestar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente no existen, eran empresas fantasmas.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Robles Berlanga como titular, el Banco Nacional de Obras (Banobras), con Alfredo del Mazo, como director, y Petróleos Mexicanos (Pemex) con Emilio Lozoya, como titular, son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, no dudó en calificar como un fraude millonario.
El esquema consistió en que el gobierno no entregó directamente los contratos a las empresas, sino que primero los otorgó a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las compañías. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron 1,000 millones de pesos de “comisión”, aunque no haya prestado ningún servicio.
Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3,433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. El resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.
Otras dependencias involucradas son: la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas, la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.
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