Un teniente del Ejército Mexicano fue detenido en un punto de revisión de la carretera Mexicali-Tecate con 88 paquetes de cocaína y metanfetamina (crystal meth).
El militar en activo fue identificado como el teniente José Aurelio "N", quien viajaba a bordo de una camioneta Nissan X-Trail blanca con matrícula de Baja California.
De acuerdo con el semanario Zeta Tijuana, el militar fue detenido en un retén ubicado sobre el kilómetro 40 de la carretera que conecta las entidades Mexicali y Tecate, en las faldas de “La Rumorosa”, luego de que uno de los elementos de la Guardia Nacional observó una pila de paquetes “sospechosos” en la cajuela de la camioneta que conducía el teniente mexicano.
Las sustancias dieron positivo en cocaína y cristal (meth) cuando fueron cotejadas por las autoridades, y el teniente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en donde será procesado.
Los ascensos de tres militares señalados por espionaje, narco y caso Tlatlaya
Durante la conmemoración de los 109 años de haberse iniciado la Revolución Mexicana, el presidente López Obrador condecoró y ascendió a 25,767 elementos de las Fuerzas Armadas, entre los cuales destacaron las promociones de tres altos mandos que en el pasado fueron señalados por casos de corrupción, espionaje, presunta violación a los derechos humanos y posible contubernio con el narcotráfico.
Del total de las promociones, siete generales de brigada subieron de rango a General de División, el grado más alto de los mandos superiores, pues se encuentran prácticamente solo un peldaño por debajo del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Incluso, se estima que el lapso para que un militar pueda llegar a ese nivel de la jerarquía es de aproximadamente 45 años.
Entre ellos se encuentra Francisco Ortega Luna, relacionado con el caso de la masacre de Tlatlaya en 2014, cuando elementos del Ejército Mexicano abatieron a 22 supuestos delincuentes en una bodega ubicada en la comunidad San Pedro Limón.
Luego de las averiguaciones, según la revista Proceso, se comprobó que la escena del crimen fue alterada y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que “la única intención era simular las muertes que dejó el enfrentamiento”. La versión de una sobreviviente especificó que los uniformados habían ejecutado a las víctimas, pese a que estas se habían rendido.
En ese año Francisco Ortega Luna fue mando de la XXII Zona Militar, con sede en el Rancho Sanabria, Estado de México, y fue uno de los mandos jerárquicos que supuestamente debían estar a cargo de la orden que derivó en ejecución extrajudicial.
El segundo caso fue el de Pedro Almazán Cervantes, quien fue señalado durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en Guerrero de corrupción y presuntos nexos con el narcotráfico.
Semanas antes de su renuncia, fue señalado de presuntos nexos con los grupos del narco que operan en la entidad, principalmente en las regiones de Acapulco, la Sierra, Chilpancingo, Costa Grande y Tierra Caliente.
Uno de los mayores escándalos que enfrentó su administración fue el señalamiento de brindar protección policiaca a familiares de Onésimo Castillo Adame, alias “El Bombón”, presunto operador del cártel de “Los Rojos".
Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el periódico Reporte Índigo, publicada el primero de abril de 2018, destacó que la oficina a cargo de José Sigifredo Valencia, ex titular de la División de Inteligencia y antiguo encargado del Despacho de la Policía Federal, adquirió un software de vigilancia por USD 4 millones 564 mil 252 a la empresa Neolinx, que en teoría fue utilizado “para espiar a los candidatos" presidenciales.
Según los informes, el software permitía el acceso de 25 operadores simultáneos, con capacidad para 255 mil 500 búsquedas –sin límite de búsquedas diarias–, para teléfonos en redes 2G, 3G y 4G (LTE). El contrato fue suscrito con la empresa Neolinx de México, S.A. de C.V. y firmado por el hoy ascendido coronel Valencia Rodríguez.
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