López Obrador ascendió a tres militares señalados por espionaje, narcotráfico y caso Tlatlaya

Durante la conmemoración de los 109 años de haberse iniciado la Revolución Mexicana, el presidente López Obrador condecoró y ascendió a 25,767 elementos de las Fuerzas Armadas, entre los cuales destacaron las promociones de tres altos mandos que en el pasado fueron señalados por casos de corrupción, espionaje, presunta violación a los derechos humanos y posible contubernio con el narcotráfico.

Del total de las promociones, siete generales de brigada subieron de rango a General de División, el grado más alto de los mandos superiores, pues se encuentran prácticamente solo un peldaño por debajo del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Incluso, se estima que el lapso para que un militar pueda llegar a ese nivel de la jerarquía es de aproximadamente 45 años.

Entre ellos se encuentra Francisco Ortega Luna, relacionado con el caso de la masacre de Tlatlaya en 2014; Pedro Almazán Cervantes, señalado por supuestamente tener nexos con el narco de Guerrero; y José Sigfrido Valencia Rodríguez, vinculado con la adquisición de un software que supuestamente fue utilizado para espiar candidatos durante las elecciones presidenciales.

El caso Tlatlaya

En junio de 2014, elementos del Ejército Mexicano abatieron a 22 supuestos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada en la comunidad San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya.

La versión oficial dijo que se trató de un enfrentamiento entre militares y presuntos criminales, y aseguró que supuestamente los civiles atacaron primero a los soldados que solo patrullaban el lugar. “El Ejército abatió en legítima defensa a los delincuentes”, aseguró en aquel entonces el priista Eruviel Ávila Villegas, cuando era gobernador del Estado de México.

Sin embargo, meses más tarde una sobreviviente reveló que fueron los soldados quienes primero abrieron fuego, y según su versión los civiles se rindieron de inmediato.

Reporteros de la agencia AP visitaron el lugar a los pocos días y tomaron fotos de la bodega donde había ocurrido la masacre. No había gran evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo, tal y como dijeron las autoridades, y solo fueron encontrados algunos casquillos y agujeros de bala, reportó la revista Proceso.

Luego de las averiguaciones, según el medio, se comprobó que la escena del crimen fue alterada y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que “la única intención era simular las muertes que dejó el enfrentamiento”. La versión de la testigo especificó que los uniformados habían ejecutado a las víctimas, pese a que se habían rendido. Según Proceso, otros dos testigos reforzaron su dicho.

En ese año Francisco Ortega Luna fue mando de la XXII Zona Militar, con sede en el Rancho Sanabria, Estado de México, y fue uno de los mandos jerárquicos que supuestamente debían estar a cargo de la orden que derivó en ejecución extrajudicial. De momento, afirmó Proceso, sólo han recibido “sanciones” algunos de los soldados que participaron en el operativo de Tlatlaya.

Señalamientos de Pedro Almazán Cervantes y el narco

En agosto del 2018, Pedro Almazán renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública estatal (SSP) en Guerrero por señalamientos de corrupción y supuestos nexos con el narcotráfico.

Semanas antes de su renuncia, fue señalado de presuntos nexos con los grupos del narco que operan en la entidad, principalmente en las regiones de Acapulco, la Sierra, Chilpancingo, Costa Grande y Tierra Caliente.

Uno de los mayores escándalos que enfrentó su administración fue el señalamiento de brindar protección policiaca a familiares de Onésimo Castillo Adame, alias “El Bombón”, presunto operador del cártel de “Los Rojos".

Proceso también lo involucró con un polémico manejo de 222 millones 940 mil pesos que fueron transferidos al gobierno estatal en 2016 a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), según los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Supuestamente el gasto de ese dinero se privilegió en “Tecnologías, infraestructura y equipamiento policial”, pero el medio aseguró que no se destinó un solo peso al Programa para la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas.

Sigifredo Valencia Rodríguez: software para espiar candidatos presidenciales

Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el periódico Reporte Índigo, publicada el primero de abril de 2018, destacó que la oficina a cargo de José Sigifredo Valencia adquirió un software de vigilancia por USD 4 millones 564 mil 252 a la empresa Neolinx, que en teoría fue utilizado “para espiar a los candidatos" presidenciales.

Según los informes, el software permitía el acceso de 25 operadores simultáneos, con capacidad para 255 mil 500 búsquedas –sin límite de búsquedas diarias–, para teléfonos en redes 2G, 3G y 4G (LTE). El contrato fue suscrito con la empresa Neolinx de México, S.A. de C.V. y firmado por el hoy ascendido coronel Valencia Rodríguez.

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