La Fiscalía General de la República (FGR) deberá dar a conocer los datos estadísticos de las investigaciones que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera relacionadas a las operaciones con recursos de procedencia ilícita en Jalisco entre 2012 y agosto de 2019, de acuerdo con la instrucción que dio a conocer este miércoles el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“La información pública en este contexto sirve para que se conozca la situación del lavado de dinero en cada entidad federativa y se lleven a cabo acciones para fortalecer a las instituciones encargadas de combatir este delito, además de su coordinación", señaló el comisionado Joel Salas, encargado de presentar el asunto ante el pleno del INAI.
Salas planteó que la información pública juega un papel “preponderante” dentro de las soluciones posibles para “golpear en el bolsillo” a la delincuencia organizada a través de opciones como la transparencia financiera, compartir información entre agencias del gobierno y vigilar operaciones encubiertas que se hacen pasar como comerciales.
Esos datos, explicó Salas, son necesarios para desarrollar investigaciones que provean evidencia para, llegada la ocasión, “judicializar” casos específicos que puedan conducir a sentencias condenatorias y, sobre todo, al desmantelamiento de redes de corrupción y delincuencia organizada.
La decisión del INAI ocurrió por la solicitud de un particular a la FGR de datos estadísticos de las investigaciones realizadas por la UIF sobre operaciones de procedencia ilícita en Jalisco, además de los datos estadísticos de las investigaciones sobre operaciones de procedencia ilícita del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la banda conocida como “Los Cuinis” y otras ligadas a estos.
La FGR señaló en su respuesta que existía una “imposibilidad material” para proporcionar la información “con el nivel de desglose solicitado”, ya que la información capturada “proyecta estadística clasificada por el tipo penal, no por las condiciones contextuales de los delitos”.
El particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, inconforme con la negativa de la FGR, donde manifestó que “la información proporcionada por la FGR se encontraba incompleta”.
La FGR modificó su respuesta de manera parcial, agregando que localizó una averiguación previa iniciada sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita ligados al CJNG, “Los Cuinis” y organizaciones que están relacionadas con ambos o uno de estos cárteles.
Sin embargo, el INAI fue más allá y coincidió en que la FGR había entregado información incompleta. "Además, omitió turnar la solicitud a todas las áreas competentes como la Coordinación de supervisión y control regional y la dirección general de control de averiguaciones previas.
El INAI identificó también otras unidades de la FGR que podrían conocer lo requerido por el particular en su solicitud, como la Dirección general de tecnología, seguridad y apoyo a la investigación en delincuencia organizada y la Coordinación de planeación y administración.
Con lo anterior, el pleno del INAI determinó que la respuesta de la FGR debía ser modificada y le instruyó realizar “una búsqueda exhaustiva en todas las áreas competentes con el objetivo de proporcionar al particular la información pendiente”.
Esta semana, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado a 671 personas relacionadas con siete cárteles del narcotráfico, así como 752 cuentas bancarias, en su mayoría, ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicada por el semanario Proceso, la UIF ha inmovilizado más de 46 millones de dólares (889 millones de pesos) más otros 2.3 millones de dólares que dan un aproximado de 48.6 millones de dólares (935 millones de pesos).
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