Un juez en Materia Penal de Quintana Roo dictó auto de formal prisión contra María Irene "N", ex policía ministerial, por su presunta participación en la comisión del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, detenida en diciembre de 2005.
Según se detalla en los expedientes de la investigación, María Irene participó activamente en el traslado de la periodista de Cancún a Puebla de manera obligada y con violencia física, quien además fue objeto de humillaciones, intimidaciones y amenazas.
La acusada formaba parte en ese momento de la Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado (FGE). En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la semana pasada fue detenida María Irene en la ciudad de Puebla, en cumplimiento de una orden de cateo, y posteriormente fue puesta a disposición del Juzgado Segundo de DIstrito en Materia Penal en Quintana Roo.
Sin embargo, aún permanecen libres el empresario Kamel Nacif Borge, Adolfo Karam, ex titular de la Policía Judicial, y Juan Sánchez Moreno, ex jefe de Mandamiento Judiciales en Puebla, quienes fueron acusados del mismo delito el 11 de abril.
La detención de Lydia Cacho
Los motivos de las acusaciones se remontan al 16 de diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida al ser acusada de los delitos de difamación y calumnias luego de haber publicado el libro “Los Demonios del Edén”, en el que denunció la existencia de una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri y donde salió a relucir el nombre de Nacif Borge.
La periodista fue detenida en en el estado de Quintana Roo y llevada a Puebla vía terrestre. Durante el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes constantemente amenazaron con abusar sexualmente de ella.
De acuerdo con su testimonio, cuando llegó a Puebla el trámite de su puesta a disposición fue lento y tortuoso. Se le encerró en un “calabozo inmundo”, y le fotografiaron desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio.
El 17 de diciembre recuperó su libertad a las 15:00 horas, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo.
“Lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de inflingirme el mayor castigo posible; una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos. El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policíacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que solo puede explicarse por la ‘compra’ de la justicia por un particular”, relató la escritora sobre su experiencia.
El 14 de febrero del 2006 se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaban la confabulación entre ambos para la detención de Lydia Cacho.
En esa ocasión, La Jornada dio a conocer las grabaciones en las cuales se exhibe al ex gobernador y Nacif hablando sobre su venganza contra la periodista. En el audio se escucha al empresario decirle a Marín “mi gober, tú eres el héroe de está película, papá”. Y agregó que para agradecerle le iba a enviar “una botella bellísima de buen coñac”.
Un mes después, el 13 de marzo 2006, la periodista denunció a ambos personajes ante la fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim) y la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos Contra Periodistas.
Ante esta segunda fiscalía, también se presentaron denuncias en contra de la entonces procuradora de Puebla, Blanca Villeda; y la jueza Rosa Celia Pérez González, quienes fueron acusadas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.
La disculpa que tardó 14 años
Aunque el caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el ministro Juan Silva Meza redactó un documento relatando los ataques contra la periodista, su caso fue desechado el 29 de noviembre de 2007, luego de que algunos ministros concluyeran que no existió una violación grave a sus garantías individuales.
En 2009 contrademandó por tortura. Años más tarde, en diciembre de 2014, fue detenido el ex comandante de la Policía Ministerial en Puebla, José Montaño Quiroz, por actos de tortura cometidos en contra de la periodista; fue sentenciado a 5 años de cárcel en 2017.
En diciembre de 2018, fue detenido el agente ministerial Alejandro Rocha, también por actos de tortura.
El 10 de enero de este año, el gobierno federal emitió una disculpa pública a la periodista luego de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas encontrara que su detención fue punitiva y arbitraria.
En ese fallo se determinó también que el Estado debía procesar, juzgar y castigar a los responsables. Dicha resolución fue resultado de una petición que hizo la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19.
Finalmente, el 11 de marzo la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario del estado de Quintana Roo, emitió la orden de aprehensión en contra de Mario Marín y Kamel Nacif.
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