La violencia provocada por La Familia Michoacana ha ocasionado que más de mil familias hayan huido de sus comunidades y actualmente estén refugiadas en la cabecera municipal de Zirándaro, en el estado de Guerrero. En lo que va de 2019, alrededor de 50 jóvenes han sido obligados a formar parte del cártel, denunció este lunes el alcalde de la comunidad, Gregorio Portillo Mendoza. “Es un grupo que llega a las comunidades y obliga a los hombres a armarse e irse con ellos y para evitar eso la gente se sale de sus pueblos”, dijo.
De acuerdo con el funcionario, desde hace al menos un año el grupo criminal ha obligado a las familias guerrerenses a dejar sus comunidades por las constantes amenazas que reciben y los secuestros de los que son víctimas. Robos de casas y vehículos son el menor de los problemas para estas familias, quienes han sido desplazadas de las comunidades de Villa de Pino, Cundacito, Tepehuaje, Santa Gertudris y Juntas del Río Chiquito.
Las localidades de San Rafael, Alacranes, la Barranca, los Cimientos, San José del Tilón, la Parota, la Piedra y las Guacamayas, del Municipio de Zirándaro, también han sido atacados por Familia Michoacana.
En total, son más de mil personas, entre hombres, mujeres y niños, quienes se han quedado sin casa y se han visto obligados a vivir en la cabecera municipal de Zirándaro o en la comunidad de Guayameo.
Portillo Mendoza, dijo que es el gobierno local quien está pagando la renta de las viviendas donde la gente está viviendo, además de pagarles la comida. Se quejó de las autoridades estatales y federales, quienes presuntamente saben de la crisis a la que se enfrentan estos poblados y no han hecho nada para ayudarlos.
Según dijo, este lunes se comunicó con el gobernador del estado, Héctor Astudillo, quien supuestamente se comprometió a enviar un contingente de elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional para brindarles seguridad a las familias desplazadas.
Las familias desplazadas y los pueblos fantasmas
Los constantes ataques del crimen organizado en los estados del país han provocado que miles de personas inicien un éxodo hacia lugares más seguros, en los que puedan estar a salvo del narco.
En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estimó unos 90.000 desplazados por la violencia en México, aunque expertos estimaron una cifra hasta tres veces mayor.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) también hizo su medición partiendo del año 2009 y terminando en enero de 2017. Su análisis arrojó que la cifra supera los 310.000.
“En Guerrero hay una lucha muy fuerte de los grupos de delincuencia por el control del territorio”, explicó meses antes Manuel Olivares, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, que acompaña a los desplazados.
Estos grupos criminales pelean por el control de las rutas de drogas y cada vez más por el control de las minas, donde extorsionan a las empresas y a sus trabajadores. “Las zonas donde hay más desplazamientos es donde hay concesiones mineras”, dijo Olivares.
Guerrero no es el único estado en el que esto ocurre, Chihuahua y Sinaloa también lo padecen. En Sinaloa se ha registrado desde 2015 una salida masiva de personas de distintos pueblos, primero por las operaciones para capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y ahora por el reacomodo de grupos delictivos que le disputan el territorio al Cártel de Sinaloa.
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